Oaxaca , Oaxaca. Aún lo recuerdan, fue un 7 de octubre de 2018 cuando campesinos del municipio de Magdalena Ocotlán, en Oaxaca, vieron cómo un lodo de color blanco cubría el Río Coyote. A cuatro años del derrame, la minera Cuzcatlán, la responsable y filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, opera como si nada pasara, como si ese olor penetrante similar al de azufre no afectara a quienes rodean este cuerpo de agua, denunciaron pobladores y colectivos.

El miedo y temor existe entre la población, sin embargo, los campesinos crearon la Articulación “Por la Vida contra la minería del valle de Ocotlán”, conformada por una red de personas, comunidades y colectivos de los valles centrales de Oaxaca afectados por el proyecto minero “San José”, de la minera Cuzcatlán, ubicado en el municipio de San José del Progreso.

En Ocotlán existen 46 concesiones mineras con una extensión de 67 mil hectáreas de territorio, casi el 70 por ciento del total del valle. La Articulación por la Vida mantiene un proceso informativo permanente dentro de las comunidades y ha documentado los daños al medio ambiente y a la salud por la actividad minera, así como realiza foros, talleres informativos y denuncias ante instancias federales.

Para la defensa del territorio, las autoridades locales han rechazado la presencia de la minera en la zona, al señalar que se vive un clima de hostigamiento y amenazas. Gonzalo Ruiz, regidor de ecología del municipio de San Pedro Apóstol, enfatizó que su postura es la defensa y cuidado del territorio, por eso respaldan toda articulación que resista a la minera.

“Ha habido presiones por diferentes actores, no directamente hacia mi persona, pero lo sabemos. Que quede claro que no queremos minera en nuestro municipio, nuestro río se contaminó y no hay castigo para nadie, la empresa sigue operando”, resaltó.

“Nuestra investigación ha demostrado la contaminación del agua, el suelo y el viento con metales pesados y se han realizado en algunas comunidades declaratorias de territorios libres de minería”, dijo uno de los pobladores en la Articulación.

En un comunicado firmado por una veintena de organizaciones y colectivos, entre ellos la Articulación, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y Geocomunes, los pueblos y comunidades resaltaron la urgencia de que las autoridades ambientales actúen y dejen de ser cómplices de las mineras en Oaxaca.

Dijeron que desde que vivieron la contaminación del Río Coyote, se han organizado para obtener información oficial, con apoyo de personas solidarias, en la que se demuestra la contaminación provocada por la minería, pero también el proceso de corrupción de las instancias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el expediente EXP. ADMVO. No. PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL de la Profepa, descubrieron que la instancia de protección ambiental avaló estudios manipulados de suelo que la minera canadiense pagó al laboratorio ABC Intertek Testing Services S.A. de C.V., donde éste, incluso, se llegó a retractar de sus propios resultados, que demostraban presencia de un metal altamente peligroso como el talio en niveles 400 y 450 por ciento arriba de la norma oficial mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 presente en la ciénega donde está el pozo de agua de la comunidad.

Con respecto a la Conagua, señalaron que la instancia desapareció sus propios estudios de calidad del agua, los cuales arrojaron la presencia de cinco metales en todo el cauce del Río Coyote que sobrepasan las normas oficiales mexicanas para consumo de agua, NOM-001-ECOL-1996 y Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89.

Dijeron que esta denuncia ya se ha informado a todas las instancias y al presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus primeras visitas a territorio oaxaqueño, pero no ha habido respuesta. Al contrario, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se otorgaron más años de operación a la Minera Cuzcatlán.

Mientras esperan sanciones para la empresa y por la omisión de las autoridades federales, las articulaciones continúan, se refuerzan y resisten, porque se basan en la organización comunitaria por la defensa de su territorio.