Me llamo Jeimy Celenia Moncada Mejía y soy de Honduras. Radico en Estados Unidos desde 2004, país al que pude ingresar una primera vez; luego me deportaron, el 20 de diciembre de ese año, tras detenerme 18 días en Laredo, Texas. Llegando a Tegucigalpa, en Honduras, nada más bajé del avión, reuní un poco de dinero y volví otra vez al norte. Finalmente logré entrar y establecerme.

Me casé con un mexicano de Chiapas que tiene diez años viviendo en Texas y tuve una hija con él. Ahora tengo un puesto de venta en un mercado de ‘pulgas’ en las afueras de esa ciudad, me estaba yendo bien; así que decidí salir de Estados Unidos y regresar a Honduras para recoger a mis otros cuatro hijos que tengo allá. Me los cuidaba mi mamá, mientras yo trataba de establecerme en Texas.

El 12 de marzo de este año salí de Estados Unidos, ya en Tegucigalpa reuní a mis hijos y me regresé. Se me pegó mi sobrino de 17 años que quiere ir a Estados Unidos a trabajar para ayudar a su mamá. En el trayecto nos fue bien. Tratamos de viajar en autobús para evitar problemas con las autoridades y con los delincuentes que asaltan, roban y secuestran.

Llegamos a Oaxaca y nos topamos con un retén de la migra (del Instituto Nacional de Migración, INM). Nos bajaron del camión y nos llevaron detenidos. Después de cinco horas, me separaron de mis hijos y hasta hoy (septiembre) no los he vuelto a ver. Me los quitaron acusándome de que no eran mis hijos. Finalmente me demandaron por tráfico de menores ilegales.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien ayuda a migrantes en la ciudad de Ixtepec, allá en Oaxaca, me ayudó; era el 8 de mayo. Como respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) lo denunció a él también, y lo detuvo. En lugar de escucharlo lo metieron cerca de mí, le sacaron una foto y lo demandaron por la misma acusación.

Lo querían atacar. El caso fue montado para poder manchar la reputación del padre Alejandro. Es que él hace mucho por ayudar los migrantes y por eso las autoridades no lo quieren. Pasé algunos días encerrada en un centro de Rehabilitación Social de Ixcotel y luego en la Estación Migratoria. Fue en total un mes y medio. Durante ese tiempo, la PGR me sacó sangre para hacer pruebas de ADN y averiguar que los cuatro niños fueran mis hijos. A los pocos días me liberaron, pero los del INM ya estaban esperándome para encerrarme –dicen- “administrativamente”.