México. Amnistía Internacional llama a no caer en “cortinas de humo”, pues lo que sucedió en Iguala, Guerrero, fueron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Ahora, los esfuerzos del gobierno se deben centrar en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos tras el ataque de la policía municipal contra estudiantes de Ayotzinapa que regresaban a su escuela de una colecta de fondos, sostiene Román Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Omar García, estudiante que estuvo presente en los hechos del 26 de septiembre, develó que, después del segundo ataque –y mientras buscaban refugios en las casas que los habitantes de Iguala les ofrecieron-, personal del ejército retuvo a los normalistas, les retiró los celulares y les dijo: “ustedes se lo buscaron, quisieron meterse con hombrecitos”. Pero nosotros “ni palos llevábamos”, declara el estudiante. Además, los soldados los acusaron de allanar moradas.

Los jóvenes pidieron auxilio para el herido grave que llevaban; los soldados, “al ver el tamaño de los que pasaba”, finalmente los soltaron y se fueron. Prometieron que llegaría una ambulancia en quince minutos para atender al estudiante, lo que nunca sucedió. “Él se estuvo desangrando dos horas, y nosotros vimos cómo hacerle para llevarlo hasta el hospital”, denuncia García. Después del suceso, hubo un tercer ataque todavía.

Los organismos de derechos humanos llamaron a los gobiernos de Guerrero y al federal, a no entorpecer la labor de los peritos argentinos, que los padres de familia propusieron para colaborar en la investigación. Román Hernández señaló que ha habido problemas con la cadena de custodia de las muestras con las que se trabaja, pues se le toman hasta tres a cada familiar (una para la Procuraduría General de la República, que está en proceso de atraer el caso por desaparición; otra para la procuraduría estatal, y una más para los peritos de las familias), y al final no está claro dónde quedarán. Agregó que, hasta el día de ayer, los peritos pudieron tener acceso a los familiares pero no a los restos hallados en las fosas este sábado 4 de octubre, que se presume puedan ser de los jóvenes.

“Cuesta mucho trabajo tomar las muestras, el Ministerio Público tarda en tomar las diligencias. A los padres de familia los tienen hasta las 2 o 3 de la mañana”, informó Hernández. Los defensores de derechos humanos acusaron a las autoridades de falta de sensibilidad con las familias., y exigieron claridad e información directa a los padres de los desaparecidos.

Todos insisten en que es urgente que se siga con la búsqueda de los desaparecidos, y aclaran que debe ser una labor de inteligencia y no de enviar a mil 800 funcionarios públicos sin preparación alguna, como hizo el gobernador Ángel Aguirre.

Con todas las versiones lanzadas a los medios, en las que “se dicen que de alguna manera nosotros nos lo buscamos, lo que tratan de hacer es voltear a la opinión pública en nuestra contra”, sostiene Omar García. Aclara que es la primera vez que iban a Iguala, pero sostiene que el gobierno sabía que están en periodo de prácticas y visitas fuera de la normal, y que para ello “toman” autobuses. “No íbamos a ninguna actividad política”, enfatiza.  Y si lo hubieran hecho, y aunque tomen autobuses, “eso no justifica lo que hicieron”, sostiene.