Yaquis, un año con la razón jurídica pero sin justicia

Giovanni Velázquez

México. Los yaquis fortalecen los frentes de lucha en la defensa del agua de su río, a un año de que recibieron la resolución favorable contra el Acueducto Independencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se prepara un nuevo bloqueo carretero, mientras organizaciones civiles denuncian que la resolución de la Suprema Corte es “esquizofrénica”, pues no detiene el robo de agua ni hace que el consentimiento de los yaquis para la construcción de la obra sea vinculante.

En el foro “Lucha legal por el derecho al consentimiento previo, libre e informado frente al Acueducto Independencia”, Mario Luna, secretario tradicional del pueblo de Vícam, señaló: “No vamos a claudicar ni nos vamos a confiar. En la lucha está en juego el futuro de nuestro pueblo, de nosotros y de nuestros hijos nacidos y no nacidos”.

La máxima instancia de justicia del país dejó insubsistente la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la obliga a realizar un proceso de consulta bajo los términos de la ley internacional.

Los académicos y organizaciones civiles que acompañan el proceso de consulta señalaron las contradicciones de la sentencia de la SCJN, la cual determinó hacer una consulta en la que el consentimiento de los yaquis no determina necesariamente la suspensión de la obra, en conjunto con otras argucias legales. También se señaló que las interpretaciones del máximo tribunal son extravagantes y esquizofrénicas en el análisis del derecho, pues declara la ilegalidad el Acueducto Independencia pero no lo suspende.

La debilidad del poder judicial frente al ejecutivo en el caso yaqui, indicaron, permite vislumbrar la futura imposición de otros megaproyectos en territorios indígenas de forma salvaje y genocida, ya sea para privatizar el agua, el aire, el subsuelo o incluso la vida, sin la posibilidad de reclamar el respeto mínimo a la existencia de los pueblos, comunidades e individuos.

Las organizaciones que constituyen la Misión Civil de Observación a la Consulta de la Tribu Yaqui denunciaron que las irregularidades fueron constantes a lo largo de la etapa informativa, que se prolongó por meses al no tener la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y SEMARNAT información actualizada y manipularla para engañar sobre las disposiciones de agua del río y su no afectación con la construcción del acueducto. Por ello, la Comisión señaló que la consulta no debe ser un trámite para justificar el despojo ni mucho menos una ficción jurídica que oculta un proceso construido- ilegalmente- por la autoridades federales desde un principio.

En su Informe preliminar del proceso de consulta a la Tribu yaqui1, la Misión señala que los principios fundamentales del derecho a la consulta son y continúan siendo vulnerados por el Estado mexicano, que violenta los estándares internacional sobre pueblos indígenas, así como sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos. De este modo, valoran, la consulta realizada por el gobierno federal carece de lo básico: que sea previa, informada, libre y de buena fe.

La Misión denuncia que, “de continuar estas violaciones a los derechos de la Tribu Yaqui, la consulta se convertirá en un mero trámite sin ninguna eficacia para la protección de los derechos de las comunidades y sólo servirá para acentuar las condiciones de discriminación histórica en que han vivido a lo largo de los siglos”. Recomienda al Estado mexicano que cumpla con su obligación de generar las condiciones de credibilidad sobre el proceso, principalmente para una consulta informada, libre y de buena fe; exhorta a que se suspenda “de forma urgente la operación del Acueducto Independencia, para evitar seguir causando un daño irreparable a la Tribu Yaqui y lesionar el carácter previo y la buena fe de la consulta” y, finalmente, pide que se garantice el derecho efectivo al consentimiento de la tribu yaqui, para lo cual su decisión final debe tener carácter vinculante para el ejecutivo federal.

Francisco López Bárcenas expuso que para el caso yaqui y otros más en la geografía mexicana, el uso del agua obedece a una lógica de privatización, en la que los megaproyectos corresponden a una nueva modalidad de propiedad de los recursos y el objetivo en su imposición es limitar los usos y aprovechamientos de tierra, aguas y otros recursos de reproducción de la comunidad. Tal es el caso, señaló, del Acueducto Independencia, cuya construcción y operación no se detienen, lo que violenta no sólo los derechos de los yaquis y del resto de la población del sur de Sonora, sino el de la sociedad mexicana en su conjunto. El mensaje dado por el gobierno, valora, es que con todo y los dictámenes legales contra los proyectos de desarrollo no se detendrán.

La tribu prepara la reactivación del bloqueo carretera en la número 15 México-Nogales, a la altura del pueblo de Vícam. Mediante volantes se informa a los transportistas y automovilistas sobre la falta de solución en el conflicto por el agua y las posibles acciones a tomar.

Desde territorio yaqui, las autoridades tradicionales difundieron el comunicado Námakasia con la defensa del agua del río Yaqui2, donde señalan que la lucha por el agua como elemento dador de vida es una condición de la existencia del yaqui-yoeme y de ahí derivan todas las acciones de organización, cuidado y respeto para garantizar el mundo yaqui: “Amar y defender este Territorio, este pequeño espacio en el universo, ha sido doloroso, pero eso no ha significado en ningún momento que quebrantemos el pacto divino de cuidar y preservar la vida del yoeme yaqui, y con ello el mundo y el universo”.

“Si todos los pueblos del mundo recordáramos el pacto divino que tenemos con la vida, sería más fácil concebir y hacer entender a los ‘civilizados’ que no deben seguir robando el agua del Yaqui a través del Acueducto Independencia, y que el agua y su curso natural la vamos a defender no por cuestiones económicas, políticas o meramente culturales; sino como lo que es: LA VIDA MISMA. Así entonces después de la tregua, estamos aquí y ahora de vuelta, luchando contra la sinrazón, contra la perversión y la avaricia de nuestros dizque gobernantes, mismos que cegados de ambición y poder quieren convertir en mera mercancía lo más valioso para la vida, que es el agua de nuestro sagrado Río Yaqui”, abunda el comunicado.

Las autoridades tradicionales acusan la ceguera “de los malos gobiernos que violan la ley y rompen el pacto divino de vivir en paz y armonía con los yoemem yaquis; es por eso que les decimos a los pueblos del mundo y a los mal llamados civilizados, que seguimos firmes en la defensa del agua y de la vida; NÁMAKASIA porque la vida no se compra ni se vende, ¡y así nuestra Agua del Río Yaqui es para los Yaquis y así se queda!”

12 mayo del 2014

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