La gente probablemente ya lo sabía desde que ocurrió, en 2006. La Comisión de la Verdad de Oaxaca emitió su informe, a 10 años de la represión dela revuelta social que se dio ahí, entonces. Fue instalada en enero de 2015 y encargado de la investigación al padre Alejandro Solalinde Guerra y la investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez, entre otros.
El gobierno de Oaxaca, entonces a cargo de Ulises Ruiz, violó de manera masiva y sistemática los derechos humanos de las miles de personas que poblaron las calles de Oaxaca esos días. cometió delitos de lesa humanidad que se contra : desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Según informa SDP, el informe de la Comisión sostiene que la decisión y responsabilidad del operativo represivo efectuado fue asumido por el expresidente Vicente Fox, que abrió la puerta a la década posterior de masacres avaladas desde el Estado. Que Oaxaca fue el comienzo del terror estatal vienen a decir.
Los actos cometidos contra la población, por su gravedad y su sistematicidad – quiere decir, apoyo institucional para que los atropellos fuesen cometidos – no prescriben como los otros delitos comunes. Estos siempre pueden ser llevados ante la justicia. Por eso, a pesar del tiempo transcurrido, aún pueden emprenderse acciones penales contra los responsables de la masacre.
Según informó Milenio, la lista incluye a Eduardo Medina Mora, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, (hoy magistrado) Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal y Ardelio Vargas Fosado, el mando a cargo de las tropas de ocupación enviadas al estado sureño entonces.
Exige también que 45 funcionarios públicos sean inhabilitados para la tarea pública, entre los que se encuentra el fiscal general de justicia Joaquín Carrillo, acusado de obstacular el debido proceso. De impedir la justicia, pues.
En el informe se puede acceder a la información de cómo desde las esferas del poder se manipuló el sistema mediático en desmedro de los opositores al gobierno de Ruiz, como operar ilegalemente una radio con recursos públicos, mientras desmantelaban las radios que entonces estaban en manos de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Según informan los matutinos mexicano, en el informe también se pide la apertura de múltiples procesos penales y un efectivo seguimiento e investigación de las denuncias que hace contra los funcionarios. Esa voluntad de investigar depende de la resolución que tome la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social.
Sin embargo, la Comisión también elevará su informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que de seguimiento de las denuncias estampadas en el informe.
