Ciudad de México, 13 de enero del 2015. Ya son trece días desde el anuncio del gobierno de Guerrero sobre la libertad de Nestora Salgado García, que fue privada de su libertad hace más de dieciséis meses por elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Estatal mediante un gran operativo donde se utilizaron tanquetas, camionetas Hummer y hasta un helicóptero en la Montaña de Guerrero. A pesar de que el gobierno federal revocó los cargos de secuestro que le imputaba, aún se desconoce cuándo le concederán su libertad.

La detención de la coordinadora de la Policía comunitaria de Olinalá, se dio justo después de que el gobierno de Guerrero impulsara la Ley 701 que permite a los pueblos indígenas de Guerrero, en este caso a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC), impartir la justicia a partir de sus usos y costumbres.

El gobernador Rogelio Ortega Martínez solicitó a la fiscalía de Guerrero el desistimiento de la acción penal de Salgado García, pero “a pesar de esta solicitud se pasan la papa caliente, el gobierno de Guerrero está jugando con la justicia al no querer hacerse responsable de una detención ilegal”, demanda Saira Rodríguez García, hija de la defensora guerrerense, en entrevista con Desinformémonos.

“No nos estamos quedando de brazos cruzados esperando a que a que la justicia se acuerde de mi madre, esta lucha también la hacemos a la par de la lucha política y social”, manifiesta Rodríguez.

La aprehensión de la defensora de derechos humanos es parte de un ataque que ha venido enfrentando el sistema de justicia comunitaria, en las diferentes regiones donde hace presencia la CRAC-PC. “El gobierno del estado se ha dedicado a dividir a la comunidad, porque la policía comunitaria ha denunciado la colusión del gobierno con el crimen organizado: además se han opuesto a los proyectos mineros. El proyecto de seguridad y justica de la policía comunitaria le estorba al gobierno, pero también su propuesta de autonomía”, afirma Valentín Hernández, abogado y consejero de la organización comunitaria.

Nestora Salgado, quien también tiene nacionalidad estadunidense, ha recibido el apoyo desde Estados Unidos de diversos colectivos sociales y civiles, además la Embajada de este país y la Cruz Roja Internacional la visitaron en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, donde lleva más de 16 meses, informa su hija y añade que a su madre la han tenido en constante aislamiento y a pesar de su cada vez peor estado de salud, son las únicas visitas que han podido documentar las condiciones de tortura a la que está expuesta, pues ni un médico la ha podido ver.

Además de la aprehensión de Salgado García, 12 policías comunitarios también se encuentran privados de su libertad. “Nosotros seguimos exigiendo la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos de la organización”, explica Valentín Hernández y agrega que están a la espera la notificaciones del gobierno de la liberación de todos y en caso de que el gobierno incumpla la organización iniciará diversas manifestaciones en Guerrero para presionar al estado a que cumpla con lo que prometió.

Mediante un comunicado de prensa la CRAC-PC, expresan que la aprehensión tanto de Salgado García como de los 12 compañeros más, no tiene argumentos válidos, ni sólidos. “De nueva cuenta preguntamos ¿de qué los acusan?, ¿de haberse puesto de pie para dar seguridad a sus pueblos, a sus vecinos, cuando esta era una tarea y una obligación del Estado, que nunca cumplió, ni cumple?, ¿de haberse puesto al frente de sus comunidades cuando era necesario afrontar a la delincuencia que agravia a nuestros pueblos y que por años ha sido tolerada y propiciada por el mismo estado? No dudamos que donde están, de igual manera, están haciendo el bien. Sin embargo, decimos, en su lugar, deberían estar los malos gobernantes que ordenaron su encarcelamiento.

“Las irregularidades en ell proceso penal de Nestora tiene que ver con la utilización del sistema de justicia como un arma política para detener la luchas sociales y la organización de los pueblos”, manifiesta el abogado Ricardo Lagunes Gasca, en entrevista pasada con Desinformémonos y añade que Salgado García esta presa por denunciar las complicidades del gobierno local con el crimen organizado.