Joel Braz dos Santos describe su propio cuerpo como un lugar en colapso: dice que no logra comer, relata un dolor constante y afirma sentir que “gusanos” se propagan por su interior. El cacique Pataxó se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Teixeira de Freitas (Bahía) desde diciembre de 2025 y, en una de las cartas que escribió pidiendo ayuda, advierte: “Si ustedes no hacen nada, voy a morir aquí”.

“Él viene luchando para sobrevivir. Siente dolores, problemas renales, punzadas en el corazón y mareos. Nos pidió ayuda a nosotros, que somos sus hijos y amigos, porque teme perder la vida por falta de atención médica”, lamenta su hija, Mayra Brito.

El líder indígena está acusado de ser el autor intelectual de la muerte de los ocupantes Amauri Sena dos Santos, de 37 años, y Alberto Carlos dos Santos, de 60, durante una recuperación territorial ocurrida en octubre de 2025 en el asentamiento Córrego da Barriguda, en Itamaraju (Bahía). Actualmente espera juicio por homicidio calificado y por uso y portación de arma de fuego.

Liderazgos indígenas cuestionan la versión oficial y sostienen que no existen pruebas suficientes contra el cacique. Además, denuncian el caso como un proceso de criminalización de quienes defienden la tierra, en el marco de una larga historia de conflictos territoriales en la región. Desde la detención de Joel, el grupo ha elaborado un dossier. Entre los testimonios recogidos se señala que el indígena estaría recluido en condiciones críticas, que su estado de salud se ha deteriorado rápidamente —incluyendo sospechas de parasitosis, posibles infecciones y un notable deterioro físico— y que tiene un acceso limitado a una atención médica adecuada.

“Su estado psicológico está destruido: siente que hay gusanos devorando su cuerpo y no puede dormir, mientras que su familia, en la recuperación territorial, está rodeada por pistoleros todas las madrugadas. Es una tortura física y mental dentro de un lugar que ni siquiera puede compararse con un chiquero”, afirmó un Pataxó que estuvo con Joel y que pidió permanecer en el anonimato para “evitar represalias”.

Joel escribe como quien intenta no desaparecer. Habla de la dificultad para tragar, para hablar y para soportar su propio cuerpo. En medio de todo ello, pide a sus familiares que contacten a liderazgos indígenas, busquen abogados y organizaciones no gubernamentales, y lleven su situación ante las autoridades. Vuelve una y otra vez sobre el mismo punto: insiste en su sufrimiento y en que necesita ayuda urgente. En algunos pasajes parece anticipar la incredulidad de quienes lo leen y responder a ella. A continuación, reproducimos el último testimonio de Joel, omitiendo algunos pasajes personales y referencias a familiares, con el fin de proteger a los indígenas:

“Familia, ya van a cumplirse cuatro meses desde que estoy luchando contra esta plaga que me está afectando día tras día, y cada día se agrava más. Si estuviera en casa, sabría cómo arreglármelas para librarme de estos insectos, de estos gusanos… Pero aquí dentro de la cárcel no tengo ninguna opción.

Si ustedes no saben cómo cuidarme, me van a perder muy pronto, porque se reproducen rápido; más o menos cada quince días producen una nueva camada de gusanos. Si no estuviera usando desinfectante, jabón de coco disuelto, detergente para lavar platos y agua con cloro, ya habrían invadido mi cerebro, mis pulmones, el hígado, los riñones y otros órganos, y quizás ya habría muerto.

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Casi todas las noches soy atacado por un enjambre. Cuando logro vencer una camada, a la noche siguiente llega otra. Si me rindo, me van a asfixiar.

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Estos insectos no son algo natural, son obra de brujería. Creo que voy a terminar muriendo, porque esto es algo que los médicos no pueden solucionar. Les aconsejo lo siguiente: si no quieren involucrarse en este asunto, pídanle a alguien que lo haga por mí. Yo intento aparentar que estoy bien, que soy fuerte y que estoy tranquilo, pero la situación es grave.

Mi garganta ya vive adolorida de tanto intentar empujar estos gusanos hacia abajo todas las noches. Cuando no son los grandes los que se quedan atascados en mi garganta, son los pequeños. De viernes para sábado fueron los grandes durante la noche y todo el sábado. Recién salieron hoy, domingo por la tarde; ya ni veía la hora de que ocurriera.

Hoy domingo, al caer la noche, un nuevo enjambre comenzó a atacarme. Hasta ahora, a las tres de la madrugada, tengo una masa atascada en la garganta, y llega a arderme el pecho o la boca del estómago; es terrible. Me molesta al rezar, al conversar, al comer y al beber agua, porque tengo miedo de beber y que algún gusano baje por el conducto por donde pasa el agua hacia la vejiga. Aun así, los gusanos pequeños ya están saliendo por mis oídos, por la nariz y por el ano. Los veo moverse.

Otra cosa que me está ayudando es el agua de tabaco que he estado usando, aunque a veces no da resultado. Pero esta es la lucha que estoy enfrentando. Creo que ustedes no están creyendo que se trate de algo real, pero son gusanos de verdad. Y sé que da asco decirlo, pero ya mordí unos tres sin querer. Cuando uso el agua de tabaco, se mezclan con el líquido en mi boca y, con el movimiento, termino mordiéndolos accidentalmente. Les cuento esto para que vean que es algo real, no algo invisible ni imaginario (es algo real de verdad).

…

Les pido que imaginen lo siguiente: apenas 10 gusanos adultos producen 100 crías cada uno. Los gusanos crecen en apenas tres o cuatro días. Después empiezan a raspar, porque tienen una especie de puntas o caparazones con púas en la cabeza. Ahora imaginen un enjambre de 100 o más orugas con caparazón y cuernos o puntas en la cabeza. Imaginen la agonía, ¿no? …

Por eso, ustedes, mis hijos y mis liderazgos, tienen que exigir acciones a los abogados de la defensa, hablar con el personal de la Funai y del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI), y poner al tanto al Cimi (Consejo Indigenista Misionero), para que ellos presionen al Ministerio Público y a la DPU (Defensoría Pública de la Unión).

Para exigir responsabilidades a una institución, hay que movilizar a todas las autoridades, tanto en mi caso como en el del cacique Suruí [compañero de celda de Joel], porque a ambos nos están considerando terroristas y personas de alto riesgo. Para que recibamos atención urgente, necesitamos la intervención de la Sexta Cámara de la Procuraduría de la República del Ministerio Público Federal, del MPI, de la Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), de la ONU y de la Funai. De lo contrario, será demasiado tarde.

Suruí también está sufriendo de presión arterial alta. Pero, si los dos morimos, para nuestros enemigos nuestra muerte será una victoria. Por eso, solicito medidas urgentes en mi favor y en favor de Suruí.

Un abrazo y recuerdos para todos nuestros compañeros y para nuestros guerreros y guerreras indígenas y no indígenas.

Cacique Joel Braz – Pataxó

Aldea Serra do Gavião – Tierra Indígena Barra Velha”.

La Defensoría Pública de la Unión señala un patrón de criminalización de indígenas; carta de denuncia fue enviada al CNJ

En una de las cartas de Joel a las que tuvo acceso la Agencia Pública, el cacique vincula su encarcelamiento con “algo más grande”. Menciona los conflictos por la tierra y habla de la muerte y la violencia que afectan a su pueblo. Lo que aparece entre líneas tomó forma en un documento enviado por líderes Pataxó al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en abril de 2026.

En la carta de denuncia, los territorios Barra Velha do Monte Pascoal y Comexatibá son descritos como zonas sometidas a una tensión permanente. El documento sostiene que el pueblo Pataxó vive un escenario continuo de violaciones de derechos y afirma que la prisión de Joel, así como la de otros líderes, no puede entenderse como un caso aislado, sino como parte de una dinámica más amplia de represión. Esta incluiría una serie de detenciones de caciques, jóvenes e incluso adolescentes, quienes habrían sido arrestados en operativos policiales intensificados a finales de 2025.

La Defensoría Regional de Derechos Humanos de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) en Bahía informó a Pública que, desde febrero de 2025, ha intervenido en 26 causas penales relacionadas con conflictos por tierras que involucran a indígenas del sur del estado: 10 durante el año pasado y otras 16 solo en los primeros meses de 2026. Según el organismo, la mayoría de las personas investigadas enfrenta los procesos en libertad provisional.

Para la DPU, existen indicios de un patrón de criminalización de los pueblos indígenas en el sur de Bahía. Según el organismo, los casos suelen estar vinculados a conflictos por la tierra y se caracterizan por la atribución de responsabilidades a líderes indígenas sin pruebas directas, así como por el uso recurrente de la prisión preventiva basado en la gravedad abstracta de los hechos, sin la debida individualización de las conductas. También se señala el uso de procedimientos paralelos, como investigaciones por posesión de armas para reforzar las acusaciones, y las reiteradas dificultades de las defensas para acceder a los expedientes.

La DPU destaca además que el reconocimiento de las garantías específicas de los pueblos indígenas suele producirse de manera tardía y, con frecuencia, solo después de que estas son expresamente reclamadas. “Este patrón se evidencia en la repetición de estos elementos en distintos procesos, sobre todo en la combinación de disputas territoriales, imputaciones frágiles y una actuación penal que recae más sobre el contexto colectivo que sobre responsabilidades individuales”, afirma el organismo.

“Existe una trama entre los ruralistas, jueces y fuerzas policiales para marginarnos y debilitarnos precisamente ahora que nuestros procesos de demarcación avanzan. Si no hay una intervención federal para investigar estos abusos, lo que ocurrirá es que muchos de nosotros seremos asesinados o nos pudriremos en prisión, mientras el territorio es entregado a la especulación inmobiliaria y al agronegocio”, afirmó un líder indígena que prefirió no identificarse.

La acusación contra Joel sostiene que el cacique habría tenido participación o vínculo con el grupo señalado como responsable de la acción. La defensa del cacique alega que él no participó del enfrentamiento que resultó en las muertes, destacando que ni siquiera “se encontraba en el lugar de los hechos” en el momento en que ocurrieron. Además, sostiene que la prisión preventiva se construyó a partir de una narrativa frágil, basada principalmente en el interrogatorio de otro indígena que, además de haber prestado declaración sin la asistencia de un abogado, firmó declaraciones cuestionadas por los propios indígenas, según la petición a la que tuvo acceso la Agencia Pública.

La DPU informó en una nota que “solicitó la revocación de la prisión preventiva o, de forma subsidiaria, la concesión de prisión domiciliaria, con base en la fragilidad de las pruebas y en el grave estado de salud del asistido”, y que también pidió información sobre las condiciones de salud del cacique y la estructura de la detención. Sin embargo, según el organismo, la solicitud aún no ha sido atendida.

La Agencia Pública contactó al Consejo Nacional de Justicia (CNJ), pero el organismo no respondió hasta la publicación de este reportaje. En caso de que haya una manifestación, este espacio será actualizado.

Originalmente publicado en Publica