Foto: Dos mujeres caminan por una acera del barrio malagueño de El Perchel donde se encuentran tapiadas las puertas a los bajos comerciales. (Carlos Gil)
Las andaluzas no pueden vivir en Andalucía, o eso es lo que arrojan los últimos datos en cuanto al precio de la vivienda y una de sus consecuencias directas, el número de desahucios que se realizan en el territorio. Esta semana se daban a conocer las cifras del Consejo General del Poder Judicial al respecto de los desahucios realizados dentro del estado durante el año 2023, en el que Andalucía vuelve a ser la comunidad con mayor número. En el territorio se realizaron 4.451 durante el año pasado, lo que supone 11 al día, de los que el 72% son de viviendas en alquiler.
Es el caso de Mireia, seudónimo para salvaguardar la identidad de la fuente, que tras varios años alquilando una vivienda en Sevilla Este se encontró con que había firmado algo que no esperaba: “Yo pensaba que era un contrato de vivienda habitual y resultaba que era de un apartamento turístico”. Los pisos gestionados por un fondo buitre, a pesar de que Mireia pensaba que se lo estaba alquilando solamente a una propietaria particular. A finales de 2020 Mireia tuvo que dejar de pagar el alquiler por problemas económicos como consecuencia de ser despedida al ser ingresada con COVID, a principios de 2021 la propiedad la denunció por impago: “No entiendo como me demandaron tan rápido, teniendo dos meses de fianza y un aval bancario”.
“La problemática de la vivienda es endémica y se pasa de generación en generación”, opina Eduardo afectado por la situación de la vivienda en Andalucía
Tras la denuncia la amenaza de desahucio lleva más de tres años persiguiéndola, a pesar de haberse librado en varias ocasiones en las que se ha fechado el desahucio, por si su situación de vulnerabilidad, la sentencia en su contra sigue en firme: “vivo con una incertidumbre constante”.
Pilar y Antonio son una pareja de sesenta años que perdieron su casa al no poder pagar la hipoteca tras varios problemas de salud. A través de un desahucio perdieron la que fue su casa durante toda la vida. “Hemos salido de un desahucio muy violento y muy injusto, y ahora estamos en un piso compartido de la Administración”, se queja Antonio. Sin embargo, la pensión de Antonio, que apenas llega a los mil euros, les impide acceder a un alquiler social encontrándose en un limbo habitacional.
Eduardo, lleva más de 14 años luchando por su vivienda. En 2008 tras un accidente de moto que le dejó en una delicada situación económica iba a pedir un préstamo personal, “desde el banco me ofrecieron un préstamo hipotecario, y pique e hipoteque mi casa”. En 2010 fruto de las deudas Eduardo dejó de pagar la hipoteca y con ello vinieron los primeros procesos de desahucios, gracias a la dación en pago consiguieron un alquiler social que el Estado no ha vuelto a renovar el año pasado y tienen una nueva fecha de desahucio, además Eduardo denuncia que su casa está puesta en venta en distintas plataformas inmobiliarias: “es una invasión de nuestra intimidad”. Este afectado por la problemática de la vivienda cree que se trata de “una problemática endémica que se pasa de generación en generación”.
En 2014 alquilar un piso costaba de media en cualquier capital andaluza en torno a 472 euros, actualmente rondan los 880 euros de media.
En Andalucía, según los datos de la plataforma inmobiliaria Idealista, los precios de alquiler y compra de inmuebles no paran de subir desde hace 10 años. Durante el primer trimestre de 2024 se ha sufrido una subida histórica en cuanto al arrendamiento, un 14% con respecto a ejercicios económicos anteriores. En 2014 alquilar un piso costaba de media en cualquier capital andaluza en torno a 472 euros, actualmente rondan los 880 euros de media. El precio de comprar una vivienda también lleva años experimentando subidas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística Andalucía fue el territorio en el que se experimentó una mayor subida de precio durante 2023, un 5%.
A pesar de ser una de las comunidades con menor renta per cápita, estar a la cabeza del paro estatal y a la cola a nivel de sueldos (según los datos de la agencia tributaria una andaluza cobra 4.200 euros menos anuales que la media del resto del estado) el precio del metro cuadrado de vivienda en Andalucía se encuentre entre las más altas, 11 euros.
Quien sí parece que puede habitar el territorio son los millones de turistas que anualmente visitan Andalucía, 33,9 millones en 2023, una cifra que desde la Junta de Andalucía pretenden superar. Una avalancha de ruedines de maletas y sangrías que ha despoblado los barrios de vecinas, en ciudades como Málaga por cada 11 viviendas turísticas hay una de alquiler normal. Según el último informe al respecto del Banco de España el 50% de los alquileres en la ciudad son turísticos. Esta institución señala que para solventar la problemática se necesitan más de 600.000 viviendas y que la proliferación de pisos turísticos está dificultando el acceso al alquiler o compra de un inmueble a las vecinas de la ciudad.
El informe de la Red de Conflictos Urbanos sobre la situación de la vivienda en Andalucía señala que entre 2017 y 2022 solo se han construido 100 viviendas protegidas. Una cifra que lleva a la comunidad a estar en la cola de todo el estado. Colectivos como la Asociación de Barrios Ignorados, en Andalucía se encuentran 6 de los 15 barrios más pobres de todo el Estado, según el INE, llevan años denunciando ”la ineficaz gestión que la Junta de Andalucía realiza sobre su parque público de vivienda protegida”. La Junta de Andalucía ha anunciado, siguiendo su línea política de privatizaciones en todos los sectores, su colaboración con empresas privadas para el impulso de viviendas públicas.
“Esto no es una crisis habitacional, es una crisis humanitaria”, sostienen desde el colectivo malagueño Un techo por derecho
Vivir y resistir
Por todo el territorio andaluz surgen movimientos por la lucha de la vivienda: sindicatos de inquilinos, plataformas contra los desahucios, oficinas de okupación y puntos de información para alquiladas.
La APDHA ha organizado una campaña por la vivienda digna en distintas ciudades andaluzas con el objetivo de señalar el “auténtico círculo vicioso” que viven las andaluzas con esta situación en la “que los empleos que habitualmente genera el actual modelo turístico son temporales, precarios y con una baja remuneración, lo que, unido al aumento de los precios del alquiler como consecuencia de la proliferación desmedida de viviendas turísticas, convierte el derecho a la vivienda en una utopía para miles de andaluces y andaluzas”.
El colectivo Un techo por derecho lucha por la vivienda digna en Málaga “Esto no es una crisis habitacional, es una crisis humanitaria”, sostienen. El colectivo está formado por mujeres vecinas de la ciudad, “todas somos víctimas de desahucios, la mayoría somos okupas de nuestros propios hogares y madres de familia”. El proyecto comenta que en la ciudad se encuentran continuamente a “familias desprotegidas” en un lugar donde “no hay manera de vivir” por los precios desorbitados y argumentan que “no se puede competir contra unos turistas que vienen con los bolsillos llenos para gastarlos en pasárselo bien”. El movimiento por la vivienda de Malaga ha convocado una gran movilización el próximo 29 de junio.
Además de las viviendas turísticas y la infravivienda en Granada, según apunta el Sindicato de Inquilinos de la ciudad señala que al ser una ciudad universitaria mucho de los pisos disponibles en alquiler “son temporales, tienen subidas abusivas y no se encuentran en buenas condiciones” lo que genera “mucha indefensión” a la persona que va a alquilarlo. El colectivo surge con el objetivo de enfrentar “la impunidad que tienen los caseros”.
Desde la Oficina de Okupación de Sevilla creen que “ante la situación de la vivienda, la especulación, la propiedad privada y el clasismo” son esenciales “espacios de legitimación de la okupación no solo válida sino también defendible”. Una legitimidad que tras la crisis de 2008 estuvo en auge y que ahora, según exponen, “el miedo ha cambiado de bando, antes la gente tenía miedo que el banco te quitara la casa y ahora de que se la puedan okupar”.
Este proyecto además quieren luchar contra las falacias que envuelven a la okupación “creer que te van a okupar la casa al salir a comprar el pan es no conocer al movimiento okupa es ni siquiera conocer la ley”. La Ofi además considera que el movimiento okupa puede aportar al movimiento por la vivienda “autonomía y autoorganización” para “atacar al status quo”.
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