El odio y la discriminación cobran al menos dos vidas indígenas en Paraguay. En Paraguay existen alrededor de 140.000 personas pertenecientes a distintos pueblos originarios, lo que representa aproximadamente el 2,5 % de la población total. Estos pueblos —y otros que ya fueron exterminados— llevan siglos de opresión, que se manifiesta hoy en situaciones de extrema pobreza, falta de acceso a la salud y la educación, comunidades aisladas sin servicios ni caminos, y otras constantemente violentadas y amedrentadas por el capital privado que busca despojarlas de sus tierras.

Las vidas indígenas en Paraguay parecieran no importar. En los semáforos de las ciudades, familias enteras piden limosna para sobrevivir; la imagen del indígena mendigo es una estampa que se va naturalizando de a poco, tan cruel y despiadada como el sistema mismo. Mientras tanto, quienes se organizan y luchan son criminalizados, perseguidos y amedrentados tanto por fuerzas estatales como no estatales. Algunos llegan incluso a ser asesinados, y sus muertes pasan desapercibidas como si sus vidas no tuvieran valor alguno. La justicia de los poderosos —esa que solo vela por la propiedad privada y el capital— no tiene reparos en dejar estos crímenes impunes.

Un ejemplo reciente ilustra la actuación de la justicia paraguaya. Líderes Ayoreos enfrentan un proceso penal derivado de un episodio ocurrido en 2024: en el contexto de una emergencia ambiental y sanitaria, protestaron porque la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) intentó entregarles menos kits alimentarios de los que les correspondían. Si bien la imputación inicial fue desestimada, un comunicado de marzo denunció la reapertura del proceso penal contra tres integrantes de la comunidad, configurando un claro patrón de criminalización del liderazgo indígena en el Chaco.

Otros son víctimas de la violencia más extrema, el asesinato. Solo en el mes de mayo fueron asesinados al menos dos referentes indígenas: Eulalio Aquino, del pueblo Paĩ Tavyterã, en el Departamento de Amambay, y Néstor Rodríguez Mauro, del pueblo Ishir Tamaraho, en el Departamento de Alto Paraguay.

Ante este escenario, la Asociación de Mujeres Guaraní Kuña Aty —que representa a los pueblos Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Aché, Guaraní Ñandéva, Guaraní Occidental y Paĩ Tavyterã— expresó su profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el racismo y el odio hacia los pueblos indígenas por parte de sectores de la sociedad y del Estado.

El pronunciamiento surge tras dos graves crímenes recientes que exponen la vulnerabilidad de los pueblos originarios en la región: la tortura y el asesinato de un indígena Guaraní Kaiowá a manos de guardias privados en Mato Grosso do Sul, Brasil, y el homicidio en Paraguay del líder Eulalio Aquino, cuyo autor intelectual permanece en libertad. A través de este llamado, las organizaciones exigen a los gobiernos de Paraguay y Brasil investigaciones transparentes y el cese de lo que califican como una «eliminación silenciosa» de sus comunidades.

Los guaraníes habitan una región ancestral que hoy se encuentra dividida por las fronteras de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Los lazos culturales y de parentesco que los unen son profundos, razón por la cual la violencia ejercida en Brasil repercute directamente en Paraguay —y en toda la región.