Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Indígenas nahuas responsabilizaron a las bandas del crimen organizado de pretender aniquilar a las organizaciones comunitarias de la Montaña Baja de Guerrero y de dividir en dos grupos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de San Jerónimo Palantla, Chilapa.
Los nahuas afectados por la división aseguraron que la violencia y la inseguridad son las verdaderas amenazas contra las organizaciones comunitarias, y explicaron que en la comunidad se presenta una división interna total, además de que “la violencia está desatada contra hermanos, hijos contra padres, primos contra primos, sobrinos contra sobrinos”. Por ello, exigieron “que el gobierno no siga prestando armas a criminales, ya que han dicho que nos van a matar a todos”.
A pocos días de haberse cumplido dos años, los indígenas recordaron el asesinato de cuatro hombres y una mujer en la comisaría del poblado, un 8 de febrero de 2015, y señalaron como responsable a Constantino Calvario Merino.
Por otra parte, aseguaron que son falsas “las calumnias” de las que son objeto por parte de los dirigentes de Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara, y Rodolfo Colorado.
No conformes con ello, aseguraron que las agresiones son constantes, pues “un segundo ataque fue el 25 de noviembre de 2015 -y- siguió otro el 10 de abril y el 11 de junio de 2016”, y acusaron nuevamente a seguidores de Constantino Calvario, y a los líderes del FDP.
Frente a esto, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales a que resulevan con urgencia el conflicto. “Nosotros nos estamos coordinando con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG), y con los promotores de la CRAC-PC, Cirino Plácido Valerio, Jesús Plácido Galindo, y Amador Cortés, en una mesa de trabajo coordinada por César Flores Maldonado, asesor del gobernador, y con Felipe Sánchez, de la Secretaría de Asuntos Indígenas”, explicaron.
Por último, exigieron la libertad del integrante de la CRAC-PC, Godofredo Cortés, y la cancelación de cualquier orden de aprehensión en contra de la policía comunitaria, así como el desarme de Constantino Calvario “siempre dice que cuenta con el apoyo del gobierno.
