Violencia contra las escuelas Normales, una estrategia de contención social del gobierno

Adazahira Chávez

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México. “La violencia como método de control social y de investigación policial se afianza en todo el país”, afirma el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan. El episodio más reciente en este estado está en las tres agresiones armadas que han sufrido los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, en menos de un año, la última de ellas cometida por hombres armados vestidos de civil.

La preocupante escalada violenta contra los normalistas comenzó el 12 de diciembre de 2011, con la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, además de la tortura a Gerardo Torres Pérez, durante un operativo policial de desalojo de una protesta de normalistas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató que se cometieron graves violaciones contra los derechos humanos de los estudiantes. Aunque el organismo emitió una recomendación, el asesinato de los jóvenes permanece impune, acusó en un comunicado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

El segundo episodio tuvo lugar el 10 de noviembre de 2012. Los estudiantes de Ayotzinapa denunciaron una detención arbitraria realizada por miembros de la Policía Federal en las inmediaciones de la ciudad de Chilpancingo. Los estudiantes realizaban un boteo(pedir dinero a los transeúntes, que lo depositan en un bote) para una actividad conmemorativa que realizan cada 14 de noviembre. Durante este boteo, denunciaron, fueron interceptados por la policía, que realizó disparos preventivos y detuvo a cinco normalistas. Los estudiantes mostraron sus rostros severamente lastimados “como señales de tratos crueles e inhumanos contra los detenidos”, señala el vocero de la organización de derechos humanos.

La tercera agresión se diocuando los normalistas acompañaban a organizaciones sociales al terminar su movilización del 14 de noviembre de 2012. “Los estudiantes relatan que al regresar a su escuela en autobús, fueron interceptados por hombres encapuchados vestidos de civil que hicieron disparos para obligarlos a detener el vehículo”, menciona el centro Tlachinollan. Los encapuchados se metieron al autobús a amenazarlos “si seguían haciendo protestas”.  Los estudiantes denunciaron que hubo actos de agresión y golpes, también contra el chofer del autobús, lo que ocasionó que el vehículo se desbarrancara y resultaran heridas cinco personas. El gobierno estatal se apresuró en señalar que el suceso era un simple accidente.

Esta tercera es una agresión diferente a las dos anteriores, considera el vocero, ya que en las anteriores habían sido abiertamente elementos de las corporaciones policiacos, y en este caso, se da a partir de gente vestida de civil. El vocero del centro de derechos humano señala que “genera preocupación porque se agudiza la forma de agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa”.

La finalidad de este tipo de actos, evalúa el vocero, es “mandar un mensaje a los estudiantes para que dejen de movilizarse, para atemorizar y acotar las posibilidades que tienen de organizarse en exigencia de sus legítimas demandas relacionadas con la educación”.

En las tres agresiones “se han usado armas como modo de intimidación”, apunta el vocero de Tlachinollan. “No hay ninguna contención en el uso dela fuerza pública”, agrega, y señala que con estos actos, “la finalidad del gobierno es polarizar la percepción que la sociedad tiene de los normalistas”. Como ejemplo, el vocero relata que el 14 de noviembre, día señalado de antemano por los normalistas para su acto conmemorativo, las dependencias de gobierno estatal emitieron oficios donde comunicaban que se iban a suspender las actividades porque las movilizaciones podían poner en riesgo a las personas que ahí trabajaban.

Tlachinollan considera que “la imagen que el gobierno quiere promover de las movilizaciones de los normalistas es que son violentas o que quieren ir a atacar a las dependencias, cuando lo que solicitan es la legítima demanda de cumplimiento a sus pliegos petitorios relacionados con la educación, a lo que se suma ahora la exigencia de justicia por los asesinatos”.

Disculpas sin justicia

El 21 de noviembre, como parte del cumplimientode la recomendación de la CNDH, el gobierno estatal realizó un acto de disculpa pública junto con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal. El acto, al no estar acompañado de sanciones judiciales a los responsables de las ejecuciones, fue calificado de “irrelevante” por el defensor de los estudiantes, Vidulfo Rosales –abogado también de Tlachinollan-. Por la misma razón no contó con la presencia de los normalistas ni de los familiares de los estudiantes asesinados.

El acto “trata de poner la atención en las cosas que el gobierno del estado ha hecho para cumplir las recomendaciones de derechos humanos, pero no atendió el llamado de  los estudiantes para que haya una investigación seria y una sanción ejemplar para los responsables materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales”, menciona el vocero de Tlachinollan en entrevista con Desinformémonos, y reitera que la exigencia principal de las víctimases el acceso a la justicia.

En la reciente comparecencia de México ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, diversas organizaciones de derechos humanos llevaron información sobre la situación de la tortura en Guerrero, concretamente el caso del estudiante torturado en el operativo del 12 de diciembre con la finalidad de incriminarlo por el asesinato de Jorge Alexis y Gabriel. La investigación sobre este episodio no se ha hecho, señala el centro de derechos humanos, “y lo más preocupante es el marco legal de Guerrero, que permite que las prácticas de tortura se sigan dando sin que haya una investigación y una sanción ejemplar a los responsables”.

En Guerrero, el delito de tortura no está tipificado dentro del código penal; aunque está mencionado en la ley que creó la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos, “en la práctica, la gente que investiga las denuncias por tortura no puede hacer una investigación diligente por la ausencia del tipo penal en el código”, apunta el vocero. Ante ello, Tlachinollan, junto con otras organizaciones de derechos humanos, hizo una propuesta para reforma de manera integral la tipificación del delito de tortura en el estado.

“Nos preocupa que golpeen a los estudiantes y que no haya canales de diálogo; tanto habla este gobierno de que es democrático, mientras que por la otra vía se permiten agresiones armadas contra los estudiantes sin ninguna investigación de por medio”, evalúa el vocero del centro de derechos humanos. “Eso nos hace dudar de la verdadera vocación democrática del gobierno del estado de Guerrero”.

El gobierno contra las Normales

Para Tlachinollan, esta política “es una evidencia de la forma tan violenta que tiene el Estado mexicano de querer desaparecer las escuelas normales rurales en el país, y que tanta falta hacen a estado como Guerrero”, donde hay uno de los más altos índices de analfabetismo.

“Por una parte hay una política de contención, confrontación y represión  contra las escuelas que forman a los maestros que atenderán a las zonas más marginales y retiradas, y por otra parte están los datos duros sobre el nivel de analfabetismo en Guerrero”, señala el vocero. “Esto preocupa porque la educación se deja de lado y se apuesta por afianzar los cuerpos represivos y de seguridad que están encargados de asegurar al Estado, y no a la sociedad en su conjunto”.

“Lo que nos preocupa es que la violencia crece y la impunidad se mantiene,mientras la tortura se asienta como método de investigación”, señala el defensor de derechos humanos. “Queda claro que la violencia se está utilizando como método de contención social y de investigación”.

Publicado el 17 de diciembre de 2012


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