Ciudad de México | Desinformémonos. «Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica», aseguró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, tras las revelaciones del espionaje por parte del gobierno y el ejército contra organizaciones, defensores y periodistas en México.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por los casos de espionaje dados a conocer recientemente, «ya sea por la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional o a través de una denuncia por el uso de un software, adquirido por el gobierno mexicano».

“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado», añadió Férnández-Maldonado.

Señaló que el ambiente que propicia el espionaje por parte del Estado es «contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa».

La ONU-DH urgió a las autoridades mexicanas «a cesar inmediatamente cualquier acto de injerencia arbitraria», así como a implementar medidas de protección hacia las víctimas y las personas y organizaciones de derechos humanos que los denunciaron, y a llevar a cabo una investigación diligente e imparcial.

«Es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares», subrayó la ONU-DH, que también llamó al gobierno a presentar resultados «consistentes y fiables» sobre la investigación iniciada en el año 2017, respecto de actos de vigilancia ilícita similares a los ahora denunciados.

A continuación el comunicado completo:

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su profunda preocupación por los actos de vigilancia ilícita, constitutivos de injerencia arbitraria, dados a conocer recientemente, ya sea por la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional o a través de una denuncia por el uso de un software, adquirido por el Gobierno mexicano, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa” expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.

Las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Corresponde a las autoridades hacer efectiva su obligación de promover un ambiente de tolerancia hacia la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad.

En este contexto, es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares. Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales deben estar expresamente previstas en la ley y responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, legitimidad, transparencia, debida autorización y mecanismos civiles y judiciales de control y rendición de cuentas, incluida la posibilidad de presentar denuncias a una institución independiente y obtener una reparación efectiva. Estos principios y los hechos conocidos corroboran la importancia de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, concluyó Fernández-Maldonado.

Ante las informaciones hechas públicas, la ONU-DH insta a las autoridades mexicanas a cesar inmediatamente cualquier acto de injerencia arbitraria, en los términos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implementar medidas de protección hacia las víctimas de estos actos y las personas y organizaciones de derechos humanos que los denunciaron, así como a llevar a cabo una investigación diligente e imparcial. Igualmente, la ONU-DH alienta a las autoridades a presentar resultados consistentes y fiables sobre la investigación iniciada en el año 2017, respecto de actos de vigilancia ilícita similares a los ahora denunciados.

Cabe recordar que en su informe de 2019 sobre la vigilancia y los derechos humanos, David Kaye, entonces Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, subrayó que “es imperativo, urgentemente imperativo, que los Estados limiten los usos de esas tecnologías a aquellos que sean lícitos, con sujeción a las formas más estrictas de supervisión y autorización, y que condicionen la participación del sector privado en el mercado de los instrumentos de vigilancia —desde la investigación y el desarrollo hasta la comercialización, la venta, la transferencia y estos servicios— a la actuación con la diligencia debida en materia de derechos humanos y a la adquisición de un historial de observancia de las normas de derechos humanos.”^[1]

Finalmente, la Oficina reafirma su compromiso para acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus instituciones y en la implementación de las normas internacionales de derechos humanos.