Ciudad de México | Desinformémonos. Vecinas y vecinos del norte de la Ciudad de México se oponen a mega proyecto que pretende construir un segundo piso sobre “Insurgentes Norte, desde la Raza hasta el Estado de México”, proyecto sobre el que no fueron informados y que afectaría el “único corredor verde de insurgentes norte”, un camellón que cuenta con 7 mil 342 árboles, de más de 61 diferentes especies de distintas edades y con altura de hasta ocho metros, algunos de ellos son  “árboles protegidos”, a pesar de eso, unos mil 600 podrían ser talados, explicaron a Desinformémonos, Antonio Palacios y Blanca Torres.

Luego de días de exigencia y trámites llevados a cabo por las y los vecinos organizados en el “Colectivo Unidos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte”, el director general de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), Antonio Flores Ramírez, informó este fin de semana en audiencia privada con las y los colonos, que la dependencia ya avaló la Consulta y la Junta Pública que serán realizadas a partir del 20 de septiembre.

En abril de este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) licitó a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), esta construcción, ubicada en una zona que tiene, además de los árboles protegidos, al aguililla roja y la lagartija escamosa, animales en peligro de extinción.

Por otro lado, explica Blanca Torres, las inundaciones que ya se presentan en la zona, sobre todo en avenida Insurgentes, “serían mucho más graves de lo que son ahora, ¿Qué haríamos con tanta agua que baja del cerro?”, explica además, que se trata de una tierra en la que había mantos acuíferos que han provocado hundimientos hasta de un metro en la zona por lo que consideran: “no es el mejor lugar para una construcción de una estructura de ese tamaño”.

Otra de las denuncias hechas por el Colectivo, detalla Torres, es que no se informó a ningún habitante de la zona de los planes de construcción y que “todo el proceso ha sido muy a la callada”, acusa, y los tiempos del proceso son “amañados”.

A pesar de que la organización vecinal se dio “pronto”, narra Antonio Palacios, ya que se temía que la numeración de árboles obedeciera a una ampliación del paradero de transporte público ubicado afuera del metro potrero de la línea tres del metro, ante lo cuál tramitaron quejas ante la Secretaría de Movilidad quienes explicaron por escrito que no había, por parte de esta dependencia, órdenes de tala de árboles, fue después que supieron del proyecto que se planteaba para la zona.

Ante esta aclaración, continuaron sus indagatorias para descubrir el proyecto que pretende la construcción de un segundo piso y  que en 2011 fue detenido por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, debido a la presencia de especies protegidas, “Preguntamos a las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, pero nos dijeron que ellos no sabían nada”, asegura Torres.

Es hasta el 31 de agosto del presente año, detalla, que la empresa ingresa, de “modo formal”, el proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien tiene la obligación de publicar el proyecto en algún medio de comunicación,  en los siguientes cinco días hábiles, detalla Torres, “lo  hizo en una publicación minúscula que fue complicado ubicar para poder, entonces,  dar los pasos siguientes como vecinos”.

A partir de eso, las y los vecinos interpusieron las quejas pertinentes y hoy están a la espera de que en el lapso de diez días, la Semarnat, llame a las y los quejosos así como a la empresa a establecer sus puntos, en una especie de “consulta”, de la que la dependencia dará un veredicto sobre el proyecto.

Finalmente, dijeron, seguirán pendientes del proceso para “defender el único corredor verde de Insurgentes norte, su derecho a ser informados y para exigir transparencia en estos proyectos” puntualizaron.

Este proyecto se suma a los que en diferentes entidades federativas la población ha mostrado su descontento y se han organizado para defender la tierra y el territorio, algunos ejemplos de esto son: Atenco y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto y la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la construcción de una presa en la Sierra Negra de Puebla, entre muchos otros.

Parte de esta situación es revisada, documentada y sistematizada a través de 68 casos expuestos en el informe “México: Empresas y derechos Humanos”, en el que más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia en la que identificaron “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”, como es el caso de este viaducto elevado.

El informe detalla que las empresas se “han beneficiado” de un contexto en el que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”, como es el contexto mexicano.

Como en el caso de esta construcción, el informe señala la poca o nula consulta que las empresas aplican en las comunidades al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales”, que aunque el informe detalla la situación de las comunidades indígenas, los impactos ambientales son señalados, en este caso por las y los vecinos.