Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, y de la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar la vulneración de sus derechos por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN).

Los vecinos realizaron una conferencia de prensa en la que denunciaron que las autoridades de la Ciudad de México y de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena) violentaron sus derechos por no consultarlos como pueblo indígena para la construcción del cuartel, con el cual, aseguran, se profundizará la militarización.

En el caso del pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, señalaron que la decisión de ceder el predio, de más de 30 mil metros cuadrados, a instalaciones de la GN se realizó sin analizar las afectaciones de los pobladores.

«No se tomó en consideración la opinión de la comunidad en dicha construcción, ni las necesidades y prioridades que tenemos como pueblo indígena originario, aunado a que, hasta el momento, desconocemos si existen estudios respecto del impacto ambiental que generará el cuartel, como el uso del agua de nuestro pueblo», dijo Silvia Cabello Molina, del Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco.

Por su parte, vecinos la Unidad Habitacional El Rosario acusaron que el cuartel de la GN fue construido donde anteriormente había un área recreativa abierta al público. Los habitantes denunciaron que las autoridades del gobierno capitalino y de la Alcaldía vulneraron su derecho a la ciudad y al espacio público.

“La seguridad de nuestra colonia debe ser también una propuesta ciudadana conjunta al gobierno y a las instituciones de seguridad civil ya establecidas. Las autoridades capitalinas no nos han explicado con claridad el impacto social de la presencia de cuerpos castrenses en nuestra población”, destacó Javier Ortiz, vecino del Rosario.

Los pobladores que presentaron las quejas ante la CDHCM, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, documentaron las violaciones a sus derechos que las autoridades cometieron «al implementar un modelo de seguridad militarizado en la capital, contrario a la normativa y a los principios democráticos de una “ciudad de derechos”», señaló el Centro Prodh.

A continuación el comunicado completo:

Pobladores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, y vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar la vulneración de distintos derechos, tras la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), llamando a la Presidenta del órgano público de derechos humanos a investigar diligentemente todas las violaciones a sus derechos humanos e instándole a tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto y protección de sus comunidades, ante una inminente profundización de la militarización de la seguridad en la capital del país.

En el caso del pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, la queja fue presentada contra distintas autoridades capitalinas, entre ellas la Jefatura de Gobierno; la Secretaría de Gobierno; la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas; la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena), ya que al construir el Cuartel de la Guardia Nacional debido a que el mismo fue construido en área natural protegida, transgrediendo Constitución de la Ciudad de México y otras normativas en materia de pueblos indígenas y cuidado al medio ambiente. Con ello, los pobladores han visto vulnerado su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada, al medio ambiente, al desarrollo propio y a la autodeterminación como pueblo indígena.

Asimismo, señalaron que la decisión de ceder el predio, de más de 30 mil metros cuadrados, a instalaciones de la GN se realizó sin analizar las afectaciones de las y los pobladores, violando su derecho a la tierra y territorio.

Silvia Cabello Molina, quien forma parte del Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco, señaló que “no se tomó en consideración la opinión de la comunidad en dicha construcción, ni las necesidades y prioridades que tenemos como pueblo indígena originario, aunado a que, hasta el momento, desconocemos si existen estudios respecto del impacto ambiental que generará el cuartel, como el uso del agua de nuestro pueblo”, y denunció que “durante años hemos vivido una serie de abusos por parte de las autoridades, quienes construyen diferentes obras sin tomarnos en cuenta. Nuestro interés es defender nuestro territorio. No nos oponemos a las acciones para fortalecer la seguridad, pero consideramos que éstas debieron ser construidas y consultadas con nosotras y nosotros”.

En cuanto a la construcción del cuartel en la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, donde anteriormente había un área recreativa abierta al público, los habitantes señalaron que las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la Alcaldía vulneraron su derecho a la ciudad y al espacio público, que deben dar prioridad a la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social.

“Este lugar ha sido dedicado y aprovechado para actividades deportivas y hasta culturales; estamos convencidos de la importancia de recuperar nuestros espacios comunes para regenerar el tejido social y alimentar la identidad colectiva. Además, la seguridad de nuestra colonia debe ser también una propuesta ciudadana conjunta al gobierno y a las instituciones de seguridad civil ya establecidas. Las autoridades capitalinas no nos han explicado con claridad, el impacto social de la presencia de cuerpos castrenses en nuestra población”, dijo Javier Ortiz, vecino del Rosario.

Ambas quejas fueron presentadas ante la CDHCM durante la mañana de este 10 de agosto por parte de pobladores y habitantes, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, buscando que esta acción dé cuenta de las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo al implementar un modelo de seguridad militarizado en la capital, contrario a la normativa y a los principios democráticos de una “ciudad de derechos”, como se ha promovido a la CDMX.