Después de veinticinco años el caso de las esterilizaciones forzadas en la década de los 90 propiciada por el régimen de Alberto Fujimori como estrategia para combatir la pobreza encuentra eco judicial.

El juez Rafael Martínez decidió abrir el sábado 11 de diciembre un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y cuatro ex altos cargos de su segundo Gobierno por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato.

Además de Alberto Fujimori serán procesados los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como el exfuncionario Ulises Jorge Aguilar.

Ellos serán procesados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud – lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos “como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder”.

Alejandro Aguinaga es actualmente médico del propio Fujimori, exministro de Salud y actual congresista por Fuerza Popular, el partido político que dirige Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente.

El poder judicial peruano informó más tarde que suspendía el procesamiento en particular para Alberto Fujimori hasta que el Gobierno de Chile se pronunciara sobre la ampliación de su extradición planteada por la defensa del exmandatario.

Sin embargo, la investigación judicial continuará para los demás acusados.

Ampliar la extradiccion

Rafael Martínez había adelantado la semana pasada que Fujimori, de 83 años y que cumple una condena de 25 años de prisión, no podía por ahora ser procesado por las «esterilizaciones forzadas», por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a Perú en 2007.

El Ministerio Público anunció el sábado que solicitará a Chile ampliar la extradición del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, a fin de que pueda ser enjuiciado por el proceso penal que se le sigue por el caso esterilizaciones forzadas, las cuales se dieron entre 1995 y 2000.

Así lo anunció Carmen Rosa Crisóstomo, fiscal del caso, quien señaló durante la audiencia virtual de lectura de sentencia que el requerimiento será presentado de forma oportuna, a fin de que las autoridades judiciales del país sureño la evalúen.

El caso

La política de las esterilizaciones empezó al inicio del gobierno de Fujimori, cuando este anunció que 1991 sería “el año de la austeridad y la planificación familiar”. Al año siguiente, el gobierno decidió que el título se amplíe a toda la década.

Entre 1995 y 2000 se estima que se realizaron más de 300.000 esterilizaciones, entre ellas más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 24.000 vasectomías como política de reducción de la pobreza. De todas ellas no se conoce exactamente cuántas fueron forzadas.

Los especialistas consideran que al menos 180.000 de estas, practicadas en dos años, fueron violatorias de los derechos humanos.

El proceso penal inició en 2002 y cuenta con unas 1.317 denunciantes, la mayoría de ellas mujeres y hombres pobres e indígenas. Desde entonces ha sido archivado y reabierto en varias oportunidades.

Se calcula que unas 270 000 mujeres peruanas, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio.

Ello como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori impulsó en sus últimos cuatro años en el poder.

El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.

Esta es la primera vez que el escándalo supera las barreras judiciales, pues causas similares fueron archivadas.

25 años esperando justicia 

El juez sustentó en audiencias anteriores la teoría del “hombre de atrás” en cientos de documentos de archivo de las entidades públicas y testimonios de las víctimas e imputados obtenidos por el Ministerio Público.

Explicó que cada empleado de la sanidad que reclutó a la fuerza o con engaños a hombres y mujeres para someterlos a las cirugías sabían que la “anticoncepción quirúrgica” era una prioridad para Fujimori y los exministros.

Corrían el riesgo de ser despedidos si no alcanzaban una cuota mensual de personas esterilizadas o no podían obtener beneficios como bonificaciones o viajes, ofrecidos si se llegaba a una meta.

Con el fin de persuadir a las mujeres, los trabajadores las amenazaban con que perderían ayudas sociales o de alimentación, o con no entregarles los documentos de sus bebés recién nacidos. O directamente denunciarlas a la policía si no aceptaban el procedimiento.

El fiscal Espinoza presentó 187 documentos y declaraciones para imputar a Fujimori y los exfuncionarios por las lesiones que provocaron la muerte a varias mujeres, entre ellas Mamerita Mestanza y Celia Ramos, cuyos expedientes llegaron al sistema interamericano de derechos humanos.

El juez Martínez ha fijado un plazo de 120 días para la fase de instrucción, en la cual se deben reunir las pruebas del delito. Más adelante podría llegar el juicio oral.

La primera organización de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas fue fundada en Anta, región Cusco. Rute Zúñiga es una de las antiguas denunciantes y dirige la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) en el distrito.

Publicado originalmente en Servindi