Ciudad de México. Las asambleas comunitarias son el máximo órgano de decisión de los pueblos. Sus usos y costumbres son la guía para la seguridad en sus territorios y para luchar contra el despojo, coinciden representantes de guardias, rondas y policías comunitarias de San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Morelos y del Distrito Federal.

Defender los modos de vida, los bosques y mantener el tejido social de las comunidades, son principios para que la autonomía y la autogestión se desarrollen mediante el  sistema de cargos, señalan comunitarios de diferentes partes de la República reunidos en un seminario realizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Miguel Guzmán, asesor de la guardia comunitaria de la Huasteca potosina, explica que el gobierno, después de encontrar diferentes minerales naturales tanto en Guerrero con en San Luís Potosí, lo que quiere es desmovilizar a las resistencias, y en este contexto “se organizan las guardias comunitarias, para defender nuestros recursos”, advierte.

En estos momentos, explica, la guardia comunitaria de la Huasteca trabaja en una propuesta para llevarla a las distintas comunidades y compartir experiencias en un encuentro de guardias comunitarias en la Palma, San Luis Potosí, que tiene como objetivo presentar un frente común al Estado.

Por su parte, Guillermo Hernández, de Tepoztlán y miembro de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas, explica que Morelos es un estado con un gran índice de violencia “y por eso están resurgiendo los valores de la seguridad comunitaria desde las asambleas”.

En la comunidad de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, por ejemplo, se mantiene la ronda comunitaria, “que hasta hace poco no era reconocida por las autoridades, pero ellos cuidan su comunidad, en guardias de entre diez y quince roderos que vigilan la zona ante el incremento del crimen organizado”, señala Hernández.

Un proceso parecido se vive en la comunidad Huatzulco, que anunció el año pasado la creación de una policía comunitaria, el gobierno de Morelos trató de impedirlo, pero ellos se organizan por la vía del hecho.

En Tetela del Volcán, zona productora  de aguacate, los aguacateros han resuelto organizar sus grupos armados, que están siendo monitoreados y trabajan con  el ejército, relata el comunero de Morelos.

Las redes de Emiliano Zapata fraguadas durante la Revolución Mexicana aún existen, explica Guillermo Hernández. “Fueron las comunidades las que realizaron la Revolución y crearon a Zapata. Las comunidades nombraron a sus generales y soldados para incorporarse a Emiliano Zapata, y precisamente este antecedente y la lucha de Rubén Jaramillo, es lo que recuperan los pueblos ahora.

En el Distrito Federal, la lucha comunal en Milpa Alta, es por mantener el dominio de la tierra, que es parte del proceso histórico de Milpa Alta, explica Francisco Pastrana comunero y defensor del bosque. “La zona ecológica del Distrito Federal es muy poca y por eso nosotros estamos luchado para proteger el bosque y para que se les pague a los comuneros que lo cuidan”. Desde el 2002, explica, en Milpa Alta las comunidades organizan sus guardias forestales y de vigilancia.

“Nosotros tenemos algo que presumirle a la ciudad. Nuestra vigilancia es contra de la tala del bosque”, expresa el guardia comunero y explica que ellos no están armados, y que “sólo trabajan para apagar incendios y proteger el bosque”.

Nuestra historia

En comunidades de la Huasteca en San Luis Potosí, existe la figura de gobernador tradicional, que no sólo organiza las fiestas, sino que realiza labores a favor de la comunidad. Es el que lleva el bastón de mando y representa a la comunidad, y tienen sus guardias comunitarias que dan citatorios en los que el gobernador tradicional  cumple como juez para conciliar y resolver algún problema dentro de la comunidad”.

En los años noventa, recuerda Miguel Guzmán, “nosotros realizamos un Congreso que llamamos Naciones Indígenas. No fue publicitado pero nació del ejemplo de lucha de los compañeros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y tuvo como objetivo volver a establecer las naciones indígenas como centro de lucha y como herederas de los bastiones de resistencia”.

“Hoy estamos en una etapa de resurgimiento del movimiento campesino indígena que no existía desde hace muchos años en San Luis Potosí”, señala el entrevistado y añade que ahora están buscando nuevas estrategias de defensa que permitan detener la ofensiva actual. Es el contexto en el que resurgen las guardias comunitarias como una estrategia de resistencia, agrega Guzmán.

Las guardias comunitarias en la Huasteca están desarmadas, y además de hacer detenciones y vigilar la región; resuelven los problemas al interior de las comunidades, y son una fuerza ante el Estado, señala el asesor.

San Luis Potosí, explica, las tierras son afectadas por los megaproyectos. Uno es la Súper Carretera, obra que conectará el Golfo de México con el Océano Pacifico. Por los daños ambientales que causará esta obra, las comunidades decidieron organizarse contra el despojo.

“Es el Estado el que se opone al nacimiento y crecimiento de las guardias comunitarias en la Huasteca. Es un Estado incapaz de garantizar seguridad y justicia en los pueblos, pero si capaz de reprimirlos, es decir, por un lado dice dar paz social y por otro lado da represión”, explica Miguel Guzmán.

Desde el punto de vista legal, la guardia está amparada, no extorsiona como la policía estatal. Pero el Estado aplica también la división. “Pensamos que el siguiente paso para que no nos dispersemos es coordinar a nivel nacional a todas la guardias y policías comunitarias. Necesitamos juntarnos, y platicar antes que a unos los compren, a otros los cooptan y a otros más los meten a la cárcel”.

“A nosotros –explica- se nos propuso convertirnos en policías rurales, pero lo rechazamos porque perdiéramos nuestra legitimidad y nuestro proceso”. Y añade que aquí otra diferencia con las autodefensas “es que no se recibe un salario”. El Guardia Comunitario es una persona dispuesta incluso a perder su vida por la comunidad. Tenemos un manual de operación y hemos avanzado con disciplina”, asegura.

La CRAC previó la llegada de las mineras

En Guerrero, por su parte, en particular en la Montaña y Costa Chica, la organización de la policía comunitaria cuenta con 18 años de existencia, y tiene el mayor número de presos políticos en el país, informa Pablo Guzmán, ex coordinador y ahora consejero de la organización. “Cuando nosotros llegamos al cargo, éramos cerca de diez coordinadores, también llegaron las mineras, observamos que había reconocimiento aéreo, y eso alertó a la gente”, dice.

Valentín Hernández Chapa, asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, explica que en noviembre del 2010, cuando se enteraron de las intenciones de las empresas mineras, las autoridades agrarias y comunitarias hicieron el análisis de que iban a implementar cualquier cosa para que el gobierno y las empresas pudieran instalarse. “Nosotros pensábamos que no iban a poder entrar porque había una organización fuerte y articulada en el territorio”, dice, pues en ese tiempo eran alrededor de 70 comunidades organizadas, de 15 municipios.

En el año 2013, el ex coordinador de la CRAC, Eliseo del Villar, se replegó al lado de los intereses del gobierno de Ángel Aguirre y “hoy están actuando como un grupo paramilitar y están reclutando gente de las comunidades pagándoles para que les sirvan como pistoleros”, advierte Pablo Guzmán.

Pablo Guzmán explica que “la diferencia con las autodefensas es que las comunitarias se desarrolla desde abajo, todo tiene que ver con eso, la seguridad, las justicia, la reeducación, las radios comunitarias, el trabajo con mujeres, todo es desde abajo”.

28 de julio 2014