La Agenda Latinoamericana y Mundial es una agenda colectiva y altermundista que se publica desde 1992 en todos los países de Latinoamérica y en el estado español. En ella han escrito José Saramago, Leonardo Boff, Eduardo Galeano, Pedro Casaldáliga, Silvia Ribeiro (columnista de esta casa), entre otras. Además, varios colectivos convocan a concursos abiertos de textos breves sobre distintos temas, y los trabajos ganadores son publicados en la Agenda del año siguiente.

En 2015 presenté un trabajo al concurso convocado por la Red de Esperanza y Solidaridad de Puerto Rico sobre el tema Derecho Humano a la Nacionalidad. La Red seleccionó como ganador mi texto “Sobre sionismo, nacionalismo y derechos palestinos”. La noticia me alegró porque significaba que el trabajo sería leído en los tres continentes por públicos que en general conocen poco y mal la cuestión palestina.

Por eso fue grande mi frustración cuando en enero descubrí que, si bien en la Agenda 2016 se anuncia mi premio junto a los ganadores de los demás concursos, el mío fue el único de los textos premiados que no se publicó en la Agenda. Según me informó la organización que me dio el premio, la decisión de publicar o no los textos de los concursos es de José María Vigil, Director de la Agenda. Le escribí entonces para preguntarle el motivo de la omisión, pero desde enero estoy esperando su respuesta.

Agradezco entonces que Desinformémonos me dé la oportunidad de difundir ese texto entre los millones de lectores y lectoras del portal.

Sobre sionismo, nacionalismo y derechos palestinos

Cuando se habla de pueblos sin territorio o naciones sin Estado, Palestina es uno de los primeros casos que viene a la mente. Sin embargo, poco se conocen las particularidades que lo hacen único.

Antes de la creación del Estado de Israel en 1948, esa tierra estaba habitada principalmente por árabes de religión musulmana, cristiana y judía. En su larga historia, Palestina resistió a los invasores de turno: egipcios, griegos, romanos, cruzados, otomanos, británicos y –el último siglo– sionistas.

Al caer el Imperio Otomano tras la I Guerra Mundial, las potencias occidentales se repartieron su vasto territorio. Palestina quedó bajo control de Gran Bretaña, que facilitó la inmigración masiva de judíos de Europa. Ello desató un conflicto creciente con la población árabe nativa, que resistió la entrega de su territorio por parte de una potencia colonial a un grupo inmigrante. Cuando la situación se volvió inmanejable, los británicos acudieron a la ONU, que en 1947 recomendó la partición de Palestina para crear un estado judío y otro árabe.

En un período en que la descolonización daba lugar a nuevos estados, la ONU ideó una solución a contracorriente: entregar más de la mitad del territorio palestino a los colonos europeos, que ya habían logrado ser casi la tercera parte de la población. Lógicamente la población nativa rechazó la resolución, mientras los sionistas la aceptaron, viendo una luz verde para lanzarse a la conquista de más tierras: mediante una campaña de limpieza étnica (nakba o catástrofe en árabe), al cabo de un año se habían apropiado del 78 por ciento del territorio, expulsando a casi 800 mil  árabes; y en 1967 se apropiaron del resto en la llamada Guerra de los Seis Días. La implantación y expansión de Israel ha condenado al pueblo palestino a la ocupación y colonización en Jerusalén, Gaza y Cisjordania, a un régimen de apartheid dentro de Israel y al exilio forzado de más de la mitad de sus integrantes.

El 29 de noviembre de 2012,  la ONU reconoció a Palestina como Estado observador, a pesar de no reunir las condiciones mínimas: no tiene control de sus fronteras, continuidad territorial ni soberanía política. Pese a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), cuyo poder es casi inexistente, Palestina es un territorio controlado en toda su extensión y en todos los aspectos por Israel. Es un Estado ocupado y colonizado por otro Estado, ambos miembros de la ONU.

Pocos quieren ver, incluso en América Latina, la naturaleza colonial del Estado de Israel, donde no hubo nunca ni hay lugar para la población palestina. Las políticas sionistas están diseñadas para deshacerse de ella, ya sea mediante limpieza étnica, genocidio incremental o un sistema sofisticado y perverso cuya finalidad es convertir la vida de las y los palestinos en un infierno cotidiano para que abandonen su tierra.

El proyecto sionista –surgido en Europa a fines del siglo XIX– se propuso justificar la colonización de Palestina otorgando carácter de nación a la religión judía y repitiendo el falso eslogan: “una tierra sin gente para un pueblo sin tierra”. Pero Palestina no estaba vacía, sino habitada por un pueblo que tenía un alto grado de desarrollo económico, social, cultural y espiritual, donde la mayoría musulmana compartía la Tierra Santa para las tres religiones con las minorías cristiana y judía.

La persecución que sufrían los judíos en Europa (nunca en Medio Oriente) y el deseo de sacarse de encima ‘el problema judío’ llevó a las potencias a impulsar la creación de “un hogar nacional judío” en Palestina. En ese momento, las personas de religión judía constituían un 4 por ciento de la población de Palestina. 

Pocos advierten las implicaciones de que Israel se defina como el Estado del pueblo judío. Es como si la Constitución de un país estableciera que es el Estado del pueblo blanco o el Estado del pueblo cristiano. Tal definición corresponde a un Estado teocrático o etnocrático (según cómo se entienda la esencia del ser judío).

Al definirse como el Estado de los judíos del mundo, Israel es el único país que nacionaliza a cualquier persona en virtud de una identificación religiosa. Cualquier persona judía (nacida o conversa) puede emigrar a Israel y recibir de inmediato la nacionalidad. Pero la población árabe expulsada de su tierra en 1948 (y sus descendientes, que viven hacinados en campos de refugiados en los países vecinos) tienen prohibido retornar a su patria.

En la Ley Básica de Israel, al no haber una Constitución,  no existe la nacionalidad israelí (sí la ciudadanía israelí, que otorga algunos derechos, como el voto). La nacionalidad como componente fundamental del Estado se define como judía. La Corte Suprema ha rechazado todas las solicitudes de israelíes seculares pidiendo que en su documento de identidad figure como nacionalidad: “israelí”.

La nacionalidad judía garantiza el acceso a la tierra, a vivienda, salud, educación, trabajo y servicios de mejor calidad. Las personas no judías son ciudadanas de segunda clase, pues la asignación de recursos estatales para unas y otras comunidades es dramáticamente desigual. Esto es así para el 20 por ciento de la población de Israel que es Palestina y también para los inmigrantes no judíos.

De hecho en Israel hay más de 50 leyes –además de políticas estatales y prácticas cotidianas– que discriminan a la población no judía, lo que ha llevado a calificar a Israel como un régimen de apartheid. En Cisjordania la población palestina está sometida a decretos militares, mientras los colonos se rigen por la ley civil; hay carreteras por las que los coches palestinos no pueden circular, y hasta las matrículas de los vehículos son diferentes, para garantizar a unos la libertad de movimiento que se les niega a los otros; las colonias judías reciben seis veces más agua que las localidades palestinas, y mientras a éstas se les niega sistemáticamente el permiso para construir o expandirse, las primeras están en permanente expansión –con apoyo y financiación estatal.

Cuando se comprende que la judaización de toda la Palestina histórica está en el ADN del proyecto colonial sionista, y que ello entraña una ideología supremacista y excluyente, este ‘conflicto’ aparentemente complejo se vuelve fácil de entender: la continua expropiación de la tierra y el agua y la expansión de las colonias, la demolición de viviendas, la detención masiva y la represión a todo reclamo justo o manifestación pacífica, la obsesión por eliminar todo rastro del pasado árabe en la historia y la cultura, obedecen al plan original del sionismo: todo lo que no sea judío debe ser eliminado de la tierra de Palestina.

Incluso la propuesta de dividir el territorio según líneas étnico-religiosas (plasmada en las resoluciones de la ONU desde 1947 hasta hoy) encierra la misma intencionalidad racista: preservar la ‘pureza étnica’ del Estado judío, en lugar de apostar a la integridad del territorio y a un Estado democrático y secular donde los diversos grupos étnicos y religiosos coexistan como iguales, manteniendo su identidad.

Sólo los sionistas y sus aliados –empeñados en mantener los privilegios de un grupo auto designado superior por designio divino– se resisten a admitir que la única solución justa y duradera pasa por democratizar el actual Estado judío y el sistema de apartheid que lo sostiene, garantizando la plena igualdad de derechos para todas las personas que habitan entre el Mediterráneo y el Jordán. Porque toda tierra es sagrada y todo pueblo es elegido.