México, Distrito Federal. La demanda colectiva que logró, como medida precautoria, la suspensión de los permisos de liberación de maíz transgénico en México “no es el principio y el fin de la batalla” contra los organismos genéticamente modificados, pero es un gran paso, señala en entrevista con Desinformémonos René Sánchez Galindo, integrante de Colectivas, A.C., y encargado de la parte legal del proceso.

Los 53 académicos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, científicos y artistas que presentaron la causa legal el 5 de julio alegan que el maíz genéticamente modificado afecta el derecho colectivo al acceso a la diversidad biológica.

Con la presentación de pruebas científicas, penales y administrativas, el juez encontró suficientes indicios de que hay un descontrol de los transgénicos que afectan a la colectividad, por lo que ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suspendan la concesión de los posibles permisos de liberación al ambiente de transgénicos –ya sea de manera experimental o piloto, de los cuales ya había concedido algunos, o de tipo comercial- durante el tiempo que lleve el juicio. Las empresas afectadas, por el momento, son Pioneer – DuPont (PHI México), Dow Agrosciences y Syngenta.

“Tenemos una responsabilidad generacional por la riqueza que significa el maíz nativo”, considera el abogado Sánchez Galindo, por lo que la sociedad debe apoyar las acciones contra los transgénicos y difundir información al respecto.

Las implicaciones de la demanda

Sánchez Galindo especifica que este tipo de demanda–la ley solicita un mínimo de 30 personas para representar un derecho colectivo y un interés legítimo- no solamente se refiere al derecho de las 53 personas y asociaciones que interpusieron la queja por el derecho al acceso a la diversidad biológica del maíz nativo, sino que defiende a todos los mexicanos.

La demanda se enfoca a los permisos de liberación al ambiente de transgénicos, que en términos prácticos significa sembrarlos, precisa el abogado. Están demandados Sagarpa y Semarnat, como otorgantes de permisos, y como empresas solicitantes Monsanto (en sus dos razones sociales), Pioneer – DuPont (PHI México), Dow Agrosciences y Syngenta -por el momento, pues si se enteran de que hay más solicitantes, se les notificará, precisa el jurista.

La medida precautoria se basó en pruebas indiciarias (es decir, que no necesitan demostrarse fehacientemente) de tres casos en los que se encontraron maíces transgénicos de manera ilegal en el ambiente. El primero es una investigación científica que prueba la existencia ilegal de transgénicos en el norteño estado de Sinaloa; la segunda es una denuncia penal exitosa que presentaron Greenpeace y El Barzón en Chihuahua, en la que les dieron la razón; y la tercera es un reconocimeinto del gobierno federal, a través de un informe de gobierno, de que un descarrilamiento de trenes provocó la presencia de transgénicos en el ambiente.

De esta manera, recuenta Sánchez Galindo, se presentaron pruebas científicas, penales y administrativas. “Eso es suficiente para mostrar que los transgénicos están descontrolados, y hay riesgo de que al liberarlos, el descontrol crezca y se afecte el derecho a la diversidad biológica”, explica.

Lo que buscan los demandantes es lograr una declaratoria judicial que establezca que hay maíces transgénicos no autorizados en el ambiente; que su presencia viola el derecho colectivo a la diversidad biológica, y que la liberación comercial de los maíces transgénicos traerá una mayor afectación al derecho de los mexicanos a la diversidad biológica. Si el caso se gana, se impedirá que se concedan permisos comerciales y se bloqueará judicialmente la siembra de maíz transgénico en México, informa Sánchez Galindo.

Si el gobierno y las empresas violan la medida precautoria, procederá un apremio por parte del juzgado, y “ante el incumplimiento total, se comete un delito federal por desacato a un mandamiento judicial y deberíamos proceder legalmente”, precisa el defensor. Pero si Monsanto no acata la disposición, “dará la razón a tantos millones de ciudadanos en el mundo que los acusan de delincuentes”, y la sanción ciudadana “será hasta más fuerte” que la jurídica.

La novedad de la acción colectiva

Las acciones jurídicas colectivas tienen su origen en la justicia estadunidense, donde se aplican desde hace décadas. Brasil  es el país latinoamericano con más tiempo en este modelo jurídico y “México es el último país de Latinoamérica que llega a estos procesos”, informa el integrante de Colectivas.

Es difícil predecir cuánto durará el juicio, indica el abogado, porque no tienen conocimiento en México de un juicio de este tipo que haya concluido, aunque en términos formales debe durar aproximadamente un año. “Sin embargo, también con base en la ley debimos tardar una semana o dos en notificar a Monsanto sobre la demanda, y ya llevamos cuatro meses por distintas etapas procedimentales y chicanas de la empresa”, advierte el jurista. Además, después de lograr una sentencia de primera instancia vendrán la apelación y el amparo.

En lo jurídico es una acción muy importante, “pues nos permite tener un debate judicial contra los transgénicos, que no se había podido dar hasta ahora” en términos de igualdad, a pesar de la gran oposición –científica y social- que hay a los organismos genéticamente modificados, indica Sánchez Galindo.

Los argumentos de quienes defienden al maíz nativo se escucharán a través de pruebas legales, peritajes, dictámenes, audiencias con los peritos, etcétera. “Lo que marca la ley es que habrá que informar a la colectividad de estos avances; no sabemos bien cómo se hará el proceso. Nos gustaría que las audiencias fueran públicas, pero para eso falta mucho”, pues antes se debe abrir el juicio a pruebas, notificar e ir a audiencias de conciliación.

Para participar formalmente en apoyo a la demanda, los ciudadanos se pueden sumar a través del representante común de los demandantes (en este caso, Adelita San Vicente) y con la aprobación del juez.

El peso social

En la batalla contra una empresa del tamaño de Monsanto, se cuanta con la existencia milenaria del maíz, señala el abogado: “Es mucho más poderoso, es una fuerza muy grande”. Además, agrega, el hecho de que es un símbolo de identidad de los mexicanos contribuirá a su defensa.

Las organizaciones civiles que promueven la demanda “hicimos el mayor esfuerzo porque estuvieran representado muchos sectores –defensores de derechos humanos, ambientalistas, científicos, intelectuales, actrices- y se queda corto”, pues más gente se está sumando. El jurista reconoce que sin la lucha de décadas de la sociedad civil contra los transgénicos, estos seguirían como un secreto industrial.

Los tratados internacionales, las leyes mexicanas y la Constitución “nos dan la razón”, indica el abogado. “Las acciones colectivas nos permiten llevar a juicio estos derechos y todo ello nos hace afirmar que vamos por buen camino”.

Los mexicanos “somos herederos de una planta milenaria y extraordinaria, que depende de nuestra práctica cultural. Tenemos una responsabilidad sobre el derecho a la diversidad biológica en utilización sostenible, como lo define la Convención de Diversidad Biológica: la utilización de manera tal que generaciones futuras puedan seguir utilizándola de la misma manera que la generación presente”

La demanda colectiva “es parte de una lucha, es una acción jurídica más y quiere convocar. Tenemos que seguir con muchas otras acciones, y con todos”, finaliza el abogado.

Publicado el 28 de octubre de 2013