En la Asamblea Nacional Popular (ANP), las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como colectivos de desaparecidos y organizaciones sociales de Guerrero plantearon jornadas de lucha como el último recurso para saber la verdad de lo que ocurrió con los jóvenes normalistas. Esta etapa del movimiento social que exige verdad y la justicia por la vía legal y jurídica llegó a su límite, más bien reflexionaron en que debe encaminarse hacia la movilización social y política. También reafirmaron su compromiso para seguir exigiendo la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala.
Más de 25 organizaciones sociales de Guerrero y México llegaron a la ANP para refrendar su solidaridad con las madres y padres. Además, dijeron que es necesaria la coordinación con los distintos movimientos sociales independiente y antisistémico porque la desaparición forzada va en aumento.
Se cumplirán 8 años de la desaparición de los normalistas, sin embargo, el gobierno no han logrado esclarecer los hechos, ni ha dado con el paradero de los estudiantes. Es por eso necesaria la unidad y la coordinación de las familias y de las organizaciones sociales para enfrentar esta crisis de derechos humanos que se agudiza con los días.
En el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela que la Marina manipuló la escena criminal en el basurero de Cocula. Mientras tanto el ejército mexicano participó de manera directa e indirecta en la desaparición de los estudiantes. La Sedena cuenta con información de los hechos ocurridos en Iguala, pero se niega aportarla a las autoridades que investigan. “Las autoridades civiles y ni siquiera el ejecutivo federal han podido hacer mucho para obligar al ejército, al contrario, no está dispuesto a tensar las relaciones con las fuerzas armadas, menos permitir que sean procesados”.
En la intervención de don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, estudiante desaparecido, informó sobre lo que ha ocurrido, desde que empezó la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Son tres años que las investigaciones van lentas, pero recientemente con el GIEI se probó la responsabilidad de los mandos militares. A pesar del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dónde se demuestra la participación del ejército y la Marina, no se ve voluntad política del actual gobierno para resolver el caso Ayotzinapa. Hay ausencias en las reuniones con la Comisión para la Verdad y la Justicia”.
Por su parte, el abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, refuerza aún más la responsabilidad del ejército y la Marina, porque tuvieron pleno conocimiento de lo que pasó con los 43 estudiantes. Hay dos elementos importantes a destacar. El primero que ya se conoce es sobre la Marina y, el segundo, que también se hizo público es de una comunicación telefónica que tiene un miembro de la delincuencia organizada con un mando de la policía municipal. Ahí hablan de que 38 jóvenes estaban en barandillas, en la cárcel municipal de Iguala y que estaban siendo trasladados a unas fosas. El ejército mismo negó que haya facilitado las transcripciones de la conversación telefónica, cuando la Fiscalía se lo requirió. El presidente de la república ha intervenido de manera directa para dar instrucciones de que se debe dar esa información, pero ni así.
En el analisis de contexto que realizaron las organizaciones sociales ven un incremento de las desapariciones forzadas y el hostigamiento hacia el movimiento social. Colectivos de personas desaparecidas señalaron que el gobierno está cooptando a familiares para coercionar y mermar los esfuerzos de resistencia. La noche de Iguala es un antes y un después en la lucha por los desaparecidos en Guerrero y México. Hay una esperanza de que se resuelva el caso Ayotzinapa porque ha sido mediático y se ha movilizado mucha gente, pero sigue sin resolverse. Ante esta situación las madres y padres hacen hincapié en realizar acciones más contundentes para la extradición de Tomás Cerón de Lucio para traerlo a las puertas de la justicia, así como otras autoridades. Abundaron en que es importante romper el pacto de impunidad para llegar a la verdad y acceder la la justicia.
Plantearon impulsar una movilización social más profunda. El llamado a la unidad para que se agrupen todos los referentes que hoy están dispersos. Se necesita un mayor protagonismo para transformar a un México golpeado por la violencia y la pobreza secular.
Coincidieron en que después del tercer informe del GIEI el camino debería volcarse hacia la exigencia de justicia y el castigo a los culpables en el caso Ayotzinapa. Las madres y los padres son el referente más importante e inspirador en los últimos años para generar cambios de fondo.
Madres y padres, junto con las organizaciones sociales concluyeron que son las movilizaciones populares el camino para saber la verdad de lo que ocurrió con sus hijos. En este sentido, convocaron a la articulación de la lucha social para lograr verdad y justicia.
Publicado originalmente en Tlachinollan
