A la sombra (u oscuridad) del beneplácito de Donald Trump, el gobierno paraguayo intenta consolidar una política de saqueo mediante decretos presidenciales. La entrega de energía a corporaciones extranjeras y la profundización de la militarización del país figuran entre los ejes centrales de la agenda del pupilo de Horacio Cartes y declarado seguidor del mandatario estadounidense.

Desde el discurso oficial se insiste en presentar a Paraguay como “aliado” de Estados Unidos. Sin embargo, una alianza entre Estados supone la búsqueda de objetivos comunes y beneficios recíprocos, construidos a partir del diálogo y acuerdos soberanos. Nada de eso parece verificarse en la relación actual. Estados Unidos no dialoga en condiciones de igualdad —mucho menos con un gobierno como el de Santiago Peña y el Partido Colorado—; impone directrices que luego son acatadas. Resulta, por tanto, contradictorio asumirse aliado de una potencia que históricamente ha resuelto sus conflictos mediante presiones, intervenciones, guerras, ejecuciones ilegales y secuestros. No se trata de integración ni cooperación estratégica: lo que se configura es una relación de subordinación al poder imperial.

En esa lógica, el gobierno paraguayo ha venido acompañando sin matices cada iniciativa emanada de Trump. No se advierte un análisis geopolítico propio, ni un proyecto nacional claramente definido, ni un debate serio sobre soberanía. Predomina el asentimiento automático, una adhesión que renuncia a cualquier margen de autonomía frente a quien hoy se presenta como árbitro del orden mundial, incluso bajo la premisa de imponer la paz por la fuerza.

Se dijo si por ejemplo… a la mal llamada Junta de la Paz, convertida en un acto de elogio y autoelogio de Trump. En ese escenario, el mandatario estadounidense recordó en tono burlón a Javier Milei (Argentina) que le debía su victoria electoral, mientras que a Peña (Paraguay), tras buscarlo con la mirada y preguntar por su presencia, le dedicó un comentario condescendiente al calificarlo como “un joven apuesto”, para rematar con la frase: “no se confunda, a mí me gustan las mujeres”¹.

Se dijo si por ejemplo …. y se aceptó sin reparos la declaración de carácter terrorista al grupo “Los Soles” (Decreto Presidencial 4435/2025), así como el acuerdo migratorio de “tercer país seguro”, recientemente ampliado. Cada uno de estos pasos refuerza la alineación automática con la agenda de seguridad estadounidense.

En el plano económico, también se ha dicho que sí a la multinacional estadounidense X8 Cloud Inc., que proyecta construir en Paraguay lo que denomina “el mayor centro de datos de inteligencia artificial del Hemisferio Sur”, aprovechando la energía hidroeléctrica de la represa binacional de Itaipú, compartida con Brasil. Para viabilizar esta iniciativa, el presidente Peña ya ha firmado los decretos 5306 y 5307, orientados a facilitar que empresas electrointensivas realicen inversiones “nunca antes vistas”².

Al respecto, diversas organizaciones de la sociedad civil —a través de las campañas “Itaipú Causa Nacional” e “Itaipú también es Soberanía”— sostienen que tales decretos resultan ilegales y lesivos para la soberanía energética. Argumentan que obligan a la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) a vender energía a grandes industrias a precios inferiores a sus costos de adquisición, configurando un subsidio estatal en favor de capitales privados internacionales. Además, advierten que esta política aceleraría el agotamiento del excedente energético de Itaipú, con el riesgo de colocar al país en una situación de desabastecimiento en menos de cinco años³.

A ello se suma otro decreto en manos del presidente, orientado a ampliar la militarización del territorio nacional mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, medida que también es señalada como inconstitucional. Desde 2013 ya se han militarizado tres departamentos; ahora se pretende extender esa política, en sintonía con la impronta militarista del gobierno de Trump. Recientemente, incluso, se firmó un acuerdo de cooperación militar entre Paraguay y Estados Unidos que, bajo la reiterada justificación de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, habilita el ingreso de tropas estadounidenses con inmunidad al territorio paraguayo. El trasfondo estratégico no es menor: asegurar presencia y control en enclaves considerados clave, tal como se desprende de la doctrina de seguridad estadounidense cuando afirma la necesidad de garantizar acceso continuo a ubicaciones estratégicas.

Mientras tanto, en distintos puntos del país, comunidades campesinas, indígenas y organizaciones territoriales se articulan para defender el agua y la tierra, resistir la expansión del agronegocio sobre sus territorios y frenar el avance de la criminalización que recae tanto sobre sus espacios de vida como sobre sus propios cuerpos. En ese contraste —entre la subordinación estatal y la resistencia social— la última nos llena de esperanza y al mismo tiempo desafíos, para torcer el avance de una deriva autoritaria y fascista que amenaza no sólo a Paraguay sino a toda la región.

1 Diario Última Hora (19-02-2026) https://www.ultimahora.com/pena-devuelve-piropo-a-trump-en-primera-reunion-de-la-junta-de-paz

2 Diario Última Hora (09-02-2026) https://www.ultimahora.com/industrias-convergentes-generarian-inversiones-nunca-antes-vistas

3 Diari abc color (23-01-2026) https://www.abc.com.py/politica/2026/01/23/campanas-sobre-itaipu-exigen-a-pena-la-derogacion-de-dos-ilegales-decretos/