Más de un centenar de personas se concentraron en la tarde del pasado martes ante la Delegación del Gobierno en Canarias por las 34 víctimas mortales de las políticas migratorias de la Unión Europea y el Estado español, a las que se suman otras 37 desapariciones en la ruta migratoria canaria este año.

Convocadas por la Red canaria por los derechos de las personas migrantes, denunciaron que «las necropolíticas migratorias llevan un saldo de un asesinato cada dos días en lo que va de 2021».

Desde la Red explican «que las políticas europeas y españolas provocan directamente estas muertes a través de la militarización y fortificación de las fronteras, facilitando el saqueo de recursos naturales, bloqueando proyectos migratorios con detenciones en CIES, CATEs y centros de contención, negando papeles, violando derechos y libertades, con las deportaciones, con redadas policiales en función de la raza, prolongando las situaciones de incertidumbre y dejando en situación de calle a centenares de jóvenes, derrochando fondos públicos en la financiación de Frontex, criminalizando a las personas en movimiento, alimentando el racismo y la confrontación entre los pueblos, vendiendo armas para sacar tajada de la guerra«.

Por el contrario, los colectivos que forman la Red «reclaman de los gobiernos que pongan en marcha relaciones internacionales de cooperación, finalizando con los saqueos de recursos que llevan a cabo las multinacionales. Exigen la desmilitarización de las fronteras, generando vías legales y seguras, respetuosas con los proyectos migratorios que sirven para la supervivencia de comunidades expoliadas por las políticas imperialistas del Norte enriquecido».

La Red reclama, asimismo, «más medios para Salvamento Marítimo, así como el fin del derroche de recursos lapidados en Frontex. Reivindica el derecho de las familias a estar informadas sobre el paradero y el estado de salud de sus seres queridos, para lo que solicita la apertura de canales centralizados de información».

«Todas las administraciones públicas -municipales, insulares, autonómicas, estatal y europea- son responsables y deben intervenir para poner fin a la continuada violación de derechos y a las condiciones indignas de los centros de acogida, también parar la resolución violenta de los conflictos en estos espacios, frutos de la inseguridad y la frustración de quienes están siendo retenidos en las islas en contra de su voluntad»- afirman los colectivos sociales, para quienes es preciso el respeto a la vida, la acogida y los derechos de todas las personas.

Tomado de Kaosenlared