Para los guerrerenses el cierre de este año es fatídico, por la violencia endémica alentada por un gobierno autista y represor, y por la pobreza atroz, propiciada por las políticas gubernamentales fallidas, que expulsan del estado y del país a miles de familias que viven del campo. La mayoría de ellas se ven obligadas a contratarse en condiciones de semiesclavitud, con las empresas agrícolas trasnacionales, asentadas en el norte del país.

Para la sociedad guerrerense, el entorno en que se da la nueva administración presidida por el gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, está marcado por la inseguridad promovida por las mismas corporaciones policiacas; las disputas por las plazas por parte de la diversidad de grupos del narcotráfico que las pelean a sangre y fuego; la reedición de la guerra sucia con los nuevos patrones de ajusticiamiento y desapariciones forzadas en medio de un despliegue excesivo y sin ningún control civil por parte del Ejército y la Marina, situación que ha provocado el aumento de graves violaciones a los derechos humanos.

La crisis económica ha golpeado severamente a la mayoría de familias guerrerenses, al grado que la falta de alimentos en las regiones como la Montaña y Costa chica está causando estragos en la niñez indígena que sobrevive en situaciones indignantes por la desnutrición infantil, que viene a ser como su sombra funesta. El desempleo generalizado forma parte de la violencia institucional que le niega la posibilidad a la población económicamente activa de encontrar un empleo seguro. El mismo gobierno se encarga de cancelar plazas y de despedir a sus trabajadores. Se ha precarizado al extremo la vida de la clase trabajadora, a quien se le llega a contratar en condiciones indignantes, que atentan contra su dignidad y sus derechos laborales.

La situación más grave que vivimos es el descrédito social en que han caído las autoridades y los actores políticos. No solo existe desconfianza hacia los gobernantes sino aversión y temor por la forma de atender las demandas de la población y por el tratamiento policiaco que le dan a los conflictos sociales, usando de manera desproporcionada la fuerza represiva. La población ya no se siente representada y mucho menos cree en las poses discursivas y demagógicas de los políticos. Se ha fracturado y ensanchado la relación y la brecha entre la sociedad civil y la clase política. Los intereses son totalmente divergentes y las aspiraciones colectivas de igualdad, justicia y equidad contrastan con las visiones cortas y mezquinas de quienes buscan contender por un cargo de elección popular.

Los intereses macroeconómicos de los grupos de poder han alentado la confrontación social, porque las autoridades estatales se han casado con proyectos de desarrollo orientados a la privatización, desplazamientos forzosos de la población originaria y el saqueo de los recursos naturales. A pesar de que los campesinos aglutinados en el Consejo de ejidos y comunidades opositores a la Parota (Cecop) han ganado cinco juicios agrarios en los tribunales agrarios, demostrando tener la razón por ser ellos los verdaderos dueños de las tierras y quienes deciden el destino de su hábitat, el ejecutivo estatal sigue empeñado en construir la presa hidroeléctrica. Por eso para el 2012 el congreso federal aprobó una partida millonaria para la Parota, lo que explica de algún modo que el gobernador se niegue a firmar con el Cecop, los Acuerdos de Cacahuatepec, donde se compromete a no impulsar la construcción de la presa.

La vida en el campo está marcada por la conflictividad agraria protagonizada por las mismas comunidades indígenas y campesinas que no han encontrado en el gobierno el interés y el apoyo necesarios para resolver de manera pacífica esta añeja problemática. La defensa del territorio ha marcado la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero en este 20011 ante la embestida del gobierno de promover la entrada de las empresas mineras. Para estos fines ha utilizando a las instituciones públicas que trabajan con las comunidades, para que se encarguen de persuadir, dividir y cooptar a la población, y que den su anuencia y así allanarle el camino a las trasnacionales. En lugar de consultar a los dueños de estos territorios, de respetar sus decisiones y de atender sus demandas básicas, las autoridades trabajan a la inversa; hacen acuerdos con los grandes empresarios a espaldas de la población, implementan programas para diezmar la fuerza y la resistencia de las comunidades y hacen grandes eventos encaminados a convencer a las empresas mineras, que están dadas las condiciones para que inviertan sus capitales en Guerrero.

El cierre de este año presenta signos ominosos con las desapariciones forzadas de dos defensores ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista. Su desaparición se da en una región convulsionada por el crimen organizado y en un contexto donde impera la impunidad por parte de los diferentes cuerpos de seguridad y del ejército. La población se siente inerme y los defensores y defensoras del bosque, quienes desde hace 15 años han sido perseguidos, torturados y encarcelados, como sucedió con Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Felipe Arriaga, siguen padeciendo los mismos estragos, porque esta situación en ls sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán no ha cambiado, por el contrario, ha empeorado. Existe una descomposición atroz, las autoridades civiles están desbordadas por los poderes fácticos y ya no hay fronteras entre las fuerzas del orden con los grupos de la delincuencia. No hay garantía para que los defensoras y defensores del medio ambiente hagan su trabajo con libertad y seguridad. Las autoridades se han negado a investigar la línea que han planteado los familiares de Eva y Marcial, de que se investigue al ejército y a las corporaciones policiacas de la región, porque existen indicios de que están involucrados. Nuevamente estamos ante una situación crítica para los defensores y defensoras de Guerrero, porque las autoridades no reconocen el trabajo que realizan, no toman en cuenta la situación de riesgo, como realmente sucedía con Eva y Marcial, y no implementan mecanismos que prevean alguna agresión y protejan efectivamente su trabajo.

Las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que fueron asesinados por elementos policiacos del estado y la federación, nos muestra la crisis de gobernabilidad que permea en el estado. Es grave el grado de permisividad que existe por parte de las corporaciones policiacas para actuar violentamente contra la población civil; la ausencia de controles en la cadena de mando y la forma caciquil de dirimir los conflictos. Los estudiantes y sus familiares no solo lloran esta pérdida irreparable, sino que tienen que enfrentar la persecución, el hostigamiento y la descalificación que ha emprendido el gobierno para acallar sus demandas de justicia y de educación. No hay avances en las investigaciones y hasta la fecha ningún policía o autoridad ha sido consignado ante un tribunal. Esta irregularidad demuestra el patrón de impunidad que impera entre las autoridades que cobijan a quienes delinquen. Sin ningún rubor evaden sus responsabilidades constitucionales para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la seguridad, al debido proceso, a una investigación exhaustiva, el castigo a los responsables, la reparación de los daños y las garantías de no repetición de estos hechos abominables.

En lugar de ser un factor que ayude a transparentar la investigación y proteja a las víctimas, el gobernador se ha empeñado en polarizar a la población, en alentar la confrontación, en emprender una campaña de linchamientos contra los estudiantes y sus defensores, en comprar la conciencia de los periodistas y en generar un ambiente adverso a los normalistas para que claudiquen en su lucha y acepten negociar de rodillas.