El Parlamento turco aprobó este sábado una ley que reforma el principal órgano judicial turco y lo pone bajo control del Gobierno tras un tenso debate parlamentario, y a pesar de las críticas opositoras que denuncian que el instrumento es un adicional para tapar el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno.
La reforma legal del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK) autoriza al ministro de Justicia a reestructurar su composición y confiriéndole un elevado control sobre su funcionamiento.
Tras tenso debate con episodios de peleas entre diputados rivales, el Parlamento aprobó sin sorpresas el proyecto de ley gracias a la mayoría absoluta del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.
Las enmiendas fueron aprobadas por la mayoría parlamentaria del islamista moderado AKP y toda la oposición votó en contra.
La reforma, presentada en enero en medio de un escándalo político-financiero sin precedentes, provocó la ira de la oposición y las advertencias de la Unión Europea (UE), y de Estados Unidos, inquietos sobre el futuro de la «independencia judicial».
La oposición señaló que este cambio legal acaba con la independencia judicial y con el principio de separación de poderes.
Sin embargo, el primer ministro utilizó finalmente su mayoría parlamentaria para aprobar un texto apenas modificado, que consagra el control del poder político sobre las deliberaciones del HSYK.
«El primer ministro intenta dar forma a una institución judicial para que tome las decisiones a su gusto», dijo el diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Akif Hamzaçebi.
La oposición denunció que la reforma busca bloquear las investigaciones judiciales por casos de corrupción que afectan al Gobierno y que provocó ya la dimisión de cuatro ministros, por su implicación o la de sus hijos en supuestas actividades ilegales.
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, tiene aún que ratificar la ley para que entre en vigor, aunque el principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, anunció que denunciará la norma ante el Tribunal Constitucional.
A mediados de julio del 2013, el Parlamento turco aprobó parte de un Reglamento Interior de las Fuerzas Armadas que permite a los militares de ese país dar golpes de Estado siempre y cuando se a favor de defender a la patria.
