El próximo 29 enero a las 14 horas se realizará en la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero una audiencia de vista en la que los magistrados resolverán sobre la petición de anulación de la causa penal 05/2013 promovida por Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado García.

La petición de anulación se sustenta en el hecho de que a la hora de rendir su declaración preparatoria, la excomandanta de Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, no fue advertida de su derecho a la asistencia consular, no obstante que las autoridades a cargo conocían de su doble ciudadanía: mexicana y estadounidense.

A finales de este mes y principios del próximo se tiene programado, igualmente, la celebración careos entre Nestora Salgado y las personas que la acusan de secuestro. Cabe destacar, según lo han denunciado los familiares y compañeros de esta mujer, “que en los más de 30 careos programados con sus supuestas víctimas, éstas no se han presentado, negándole la oportunidad de defenderse”.

De acuerdo con la legislación mexicana, para que las declaraciones de los testigos que no acuden a los careos sean excluidas y, por tanto, dejen de ser consideradas como pruebas, deben desahogarse primero todas las medidas de apremio, que son: la entrega del citatorio, la imposición de una multa y la orden judicial para que la policía presente a los testigos.

Leonel Rivero explica que en el caso de su defendida, aún no es posible solicitar la exclusión de la prueba por testigo ausente ya que las medidas de apremio no están agotadas. “En los tres procesos que enfrenta Nestora, estamos en la transición entre el paso dos y el tres”, refiere el también integrante de la organización civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos.

Nestora Salgado, de origen indígena, se encuentra presa desde el 21 de agosto de 2013. Sobre ella pesan tres causas penales por el delito de secuestro agravado que involucran en total a 53 presuntas víctimas; tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución (en Ayutla por secuestro agravado, en Huamuxtitlán por homicidio calificado y lesiones, y en Tlapa por robo y privación de la libertad); y tres averiguaciones previas que pudieran desembocar en el mismo número de órdenes de aprehensión.