Ciudad de México | Desinformémonos. La “verdad histórica” que impuso el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa fue desacreditada por un tribunal federal colegiado que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos, así como conformar una Comisión de la Verdad para la investigación.

El tribunal, con sede en Tamaulipas, concluyó que la indagatoria sobre el caso por parte de la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, lo que desacredita, nuevamente, la versión oficial sobre que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

El fallo señaló que la investigación oficial “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”, por lo que “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

De acuerdo con los magistrados, las indagatorias encabezadas por la PGR fueron irregulares y no cumplieron con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia e imparcialidad exigidas por la la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre la investigación de la PGR, indicaron que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina”.

El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal para los detenidos como presuntos responsables de los crímenes, luego de que ellos interpusieron cuatro amparos y denunciaron haber sido víctimas de tortura. Ante las acusaciones, los magistrados señalaron que “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura”.

“Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia”, señaló el tribunal.

El fallo del tribunal enfatizó que, ante las pruebas de tortura dentro de la investigación, es necesario recurrir a peritos ajenos a la PGR ue formen parte de instituciones públicas o privadas independientes.

Por otra parte, los magistrados exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a girar instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que faciliten los elementos que la Comisión requerirá a lo largo de sus labores.

Por último, recomendaron abrir un nuevo periodo de participación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya labor fue interrumpida cuando el gobierno de Peña Nieto no extendió las opciones para que continuaran las investigaciones sobre el paradero de los normalistas, del cual aún “no existe plena certeza”.