Foto: Cooperacción
En el Día Mundial del Agua la asociación Cooperacción recordó que aún el Poder Judicial no ha resuelto la demanda sobre el proyecto minero Ariana que pone en riesgo las fuentes de agua para diez millones de ciudadanos de Lima y Callao, en Perú.
La concesión de ese proyecto se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa el 60 por ciento del agua que abastece a la capital.
La demanda fue presentada en 2019 por ciudadanos de Lima debido a que la mina Ariana es un riesgo para la población de Lima y Callao.
El 22 de marzo de 2022 colectivos ciudadanos realizaron un banderolazo por el Día Mundial del Agua y exigen al Poder Judicial una pronta sentencia en el caso Ariana. Foto: Cooperaccion.
La posibilidad de que un evento imprevisto –como un sismo, lluvias intensas o un accidente– cause el colapso de la presa de relaves tóxicos.
Esto implicaría un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.
Debido a que las presas donde se acumulan los relaves quedan emplazados en el lugar, el riesgo permanecerá por generaciones aún cuando la empresa minera ya se haya ido del país.
Los informes de Sedapal, la empresa de agua potable de Lima y Callao, así como el informe técnico independiente presentado por el especialista internacional Steve Emerman (disponible aquí), demuestran que el riesgo existe.
La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad.
Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).
Cuando se acercaba el momento de cierre de operaciones, la mina fue vendida y luego abandonada por los nuevos propietarios. Esto causó que el río Moche sea declarado en emergencia ambiental por la contaminación con aguas ácidas provenientes de los relaves de Quirivulca.
“El proyecto Ariana preocupa aún más cuando uno ve los antecedentes de la empresa”, puntualiza Jose De Echave, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción.
La demanda
En 2019, un grupo de ciudadanos de Lima, con el acompañamiento técnico y legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una demanda de amparo ante el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima Centro.
El 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital.
Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.
Este caso muestra las persistentes amenazas al derecho al agua a causa de la expansión ilimitada del extractivismo, consideró De Echave.
Frente a ello, urge avanzar en instrumentos pendientes para la protección de las fuentes hídricas, tales como la tantas veces postergada Ley de Ordenamiento Territorial y la delimitación de cabeceras de cuenca, consideró.
Publicado originalmente en Servindi
