Ciudad de México | Desinformémonos. “Este jurado advierte que la realización del mal llamado Tren Maya en realidad abre la puerta no sólo al ecocidio, sino también al etnocidio”, pues impacta y daña los ecosistemas al mismo tiempo que viola los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos mayas en la Penínsulta de Yucatán, sentenció el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza.

Después de cuatro días de sesión en Valladolid, Mérida, el Tribunal responsabilizó al Estado mexicano de las violaciones a los derechos de las comunidades mayas que protegen el territorio de los cenotes, la selva, la fauna y la flora en la región amenazada por el Tren Maya, al que definieron como “un proyecto que es una suma de proyectos interconectados y de gran escala con impactos multidimensionales”.

Los seis jueces éticos que encabezaron el Tribunal aseguraron que “hay suficiente documentación que confirma la violación de todas las herramientas de protección social y ambiental”, por lo que urgieron la suspensión del megaproyecto y exigió una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, en la que participen los pueblos afectados “no sólo de los diferentes tramos del llamado Tren Maya, sino también del plan maestro que nunca ha sido presentado por las autoridades”.

En el Tribunal, que inició el 9 de marzo y concluyó el domingo pasado, participaron defensores del territorio maya, expertos, pobladores afectados y los seis jueces que escucharon los testimonios de los impactos ambientales y sociales del Tren, el cual ha provocado la deforestación de la selva, despojado a las comunidades, dividido a sus habitantes y amenazado a la flora y la fauna de la región.

“Exigimos la reparación y restauración de aquellos ecosistemas dañados e impactados por el trazado del Tren Maya que abarcan sistemas naturales, así como impacta negativamente sobre la tenencia comunal de la tierra y los territorios”, destacaron los jueces, quienes también demandaron que se detenga “el proceso de despojo y expropiación de la tierra ejidataria a las comunidades y la revisión de todo el proceso de enajenación de la misma”.

Finalmente, los jueces exigieron la desmilitarización inmediata del territorio, así como un alto a la violencia contra quienes se oponen al megaproyecto, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y reformas constitucionales en las que se reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos.