Pasaron seis años desde que un sujeto en motocicleta disparara y sesgara la vida de Mariano Abarca Roblero, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el estado de Chiapas. No obstante, la justicia mexicana no dio con los autores del crimen y la mina de barita contra la que Abarca Roblero estuvo luchando, amenaza con volver al ejido Grecia en la localidad de Chicomuselo.
Desde REMA, acusan que su muerte continua impune a causa de la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón. “Pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación”, dice en un comunicado la organización de afectados por la minería.
En Chicumuselo, la mina de barita sigue generando fuertes divisiones en el seno de la comunidad, al igual que en el ejido de Santa María, donde se han vivido fuertes tensiones entre la población por la extracción de este material.
La minera canadiense Blackfire, cuyos empleados amenazaron a la familia de Abarca Roblero y, según REMA dieron muerte a Mariano Abarca Roblero, aparentemente desaparecieron de su sede en Canadá y reaparacieron en el mes de octubre como empresa estadounidense presumiendo todavía concesiones en Chiapas.
La familia Abarca Roblero, su viuda e hijos, así como REMA y varias organizaciones de derechos humanos, exigen en el aniversario de su muerte justicia frente al homicidio y la corrupción, así como la eliminación de las concesiones mineras en Chiapas que “traen muerte, deforestación, contaminación y mayor cambio climático”.
Desde la Red, envían también un mensaje de solidaridad con la lucha en contra de la mina Nueva Francia, que llevan a cabo comunidades del municipio de Escuintla y otros municipios de la región.
