El último año de gobierno de Miguel Márquez la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por «violaciones a integridad física» a corporaciones de policía estatales y municipales.

Veintiocho años de gobiernos panistas, cuyo eje central de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas, no han logrado erradicar la práctica de la tortura como instrumento de «investigación» policial en Guanajuato, en cambio se ha tratado de disfrazar el maltrato policial al evitar ese término en las denuncias presentadas por las víctimas.

Sin reconocer la tortura como una práctica común en Guanajuato, la PDHEG, entidad que se ha hecho acreedora a críticas por su escasa independencia y la evidente debilidad de sus recomendaciones, ha decidido catalogar las agresiones como violaciones a la integridad física y/o personal, aunque en la relatoría de los hechos se incluyen métodos aplicados por elementos de la fuerza pública como la de colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, que incurren sobradamente en la definición de tortura que establece la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que México se ha obligado.

Tan solo en el 2018 se emitieron 65 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos como la integridad física, integridad personal, en dos casos se clasifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo en una recomendación se hace referencia a la tortura.Sin embargo, en la legislación vigente incurre en el delito de tortura:

Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada, de medida preventiva o de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental…

Secreto a voces

En el informe 2018 presentado por la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos a los diputados locales da cuenta de apenas cuatro expedientes de queja que se iniciaron por tortura, de los cuales tres todavía seguían en investigación.

Al no reconocer la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, lo que hace la Procuraduría de Raúl Montero de Alba es renunciar a su deber de proteger los Derechos Humanos de las personas, con servidores públicos que no están capacitados para poder emitir recomendaciones encaminadas a garantizar la reparación del daño y la no repetición del delito, coincidieron especialistas en el tema.

La Procuraduría de Montero de Alba ha quedado invisibilizada en la propuesta de Ley estatal que presentó la fracción panista, dejando toda la responsabilidad para atender el tema a la Fiscalía General del Estado, la misma institución que ha sido la más denunciada por la reiterada violación a los derechos de las personas que son detenidas por elementos de la Policía Ministerial.

La única recomendación que salió en el 2018 por tortura se deriva del expediente de queja 093/16-A de 2016 en contra de elementos de la Policía Ministerial. Tres personas fueron detenidas en el municipio de León, durante 24 horas fueron sometidos a agresiones físicas y verbales; sin embargo, en la recomendación únicamente se pide a Carlos Zamarripa Aguirre que inicie un procedimiento disciplinario a ocho agentes de Investigación Criminal que participaron en la detención.

Sin aplicar herramientas a las que está obligado el Estado Mexicano como el Protocolo de Estambul, Derechos Humanos de Guanajuato clasifica como simples violaciones a la integridad física prácticas de elementos de policía estatal y municipal que empiezan por golpes con armas de fuego, macanas, hasta intentos de asfixia en busca de una declaración, choques eléctricos, amenazas de muerte.

Incluso, hay casos como el del expediente 73/17-E, en donde Derechos Humanos sí habla de “tratos crueles” por los golpes en la cabeza, espalda, testículos que recibieron tres detenidos durante más de 90 minutos en el municipio de Yuriria por parte de elementos de la Policía Ministerial. Luego fueron trasladados a Salvatierra, donde siguieron los golpes hasta que perdieron el conocimiento. De acuerdo con la relatoría, cuando los detenidos se quejaban, los policías abiertamente decían que el procurador (Carlos Zamarripa) les había dado carta abierta para matarlos. La recomendación terminó con una solicitud para que se iniciara un procedimiento administrativo a los cuatro ministeriales.

Las policías municipales no son ajenas a las lesiones que provocan por los golpes que propinan a detenidos, algunos por cometer faltas administrativas, otros simplemente porque sospechan que cometieron algún delito.

En las recomendaciones que salieron en el 2018 se incluye una queja presentada en el 2017 por dos personas, que luego de ser detenidos por elementos de la policía de San Miguel de Allende recibieron golpes en la cabeza por al menos siete policías cada uno.

Ilustración Pinche Einnar

Policía Ministerial reincidente

La Procuraduría de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General) encabeza el listado por el número de recomendaciones que emite la oficina de Raúl Montero de Alba, aunque éstas se limitan a pedirle al titular Carlos Zamarripa Aguirre que inicie procedimientos administrativos o disciplinarios a los elementos de la Policía Ministerial que incurren en este tipo de prácticas, sin solicitar que se inicien investigaciones de tipo penal, a pesar de que existe el delito en el artículo 264 del Código Penal.

Pese a los llamados de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se revise la actuación de elementos ministeriales, hay algunos que aparecen de manera recurrente en las recomendaciones del organismo. Dante Álvarez González y Carlos Alberto Mata Torres están incluidos, cada uno, en tres de las 23 recomendaciones a la Procuraduría de Justicia que emitió la oficina de Derechos Humanos durante el 2018.

Otros elementos de la Policía Ministerial que aparecen en dos recomendaciones son: Julio Daniel López Arenas, Juan Diego Chía Palacios, Juan José Silva Rodríguez y Juan Aguirre Casas.

Colocar bolsas de plástico para cubrir los rostros de los detenidos, golpes en el estómago, cabeza, testículos y poner la rodilla sobre el cuello para impedir que la persona respire, son las prácticas favoritas de los elementos de la Policía Ministerial.

Fotografía archivo de Carlos Zamarripa rindiendo protesta como fiscal general

Policías de San Miguel de Allende son señalados por la reincidencia en la violación a la integridad física de detenidos como José Iván Pérez, Emiliano Jeovani García y Gerardo Pérez Girón.

El cuerpo de policía más recomendado por los Derechos Humanos es el de Irapuato con seis casos, le sigue León y Celaya.

Para Emma González Gutiérrez, psicóloga colaboradora en la clínica jurídica del programa de Derechos Humanos de la UNAM, la formación de los propios elementos en las instituciones de policía son las que los llevan a cometer y reincidir en actos crueles.

«Ellos empiezan a replicar lo que viven. Lo que es mucho más violento es la institución en sí… La capacitación (debe darse) no nada más técnica en Derechos Humanos, sino una formación, un programa que les permita elaborar, procesar las cosas que hacen».

Aunque la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene firmados convenios de colaboración con municipios y con cuerpos de seguridad del estado, las capacitaciones se ven límitadas cuando el mismo personal de la oficina a cargo de Raúl Montero de Alba no sabe cómo implementar medidas que prevengan violaciones como la tortura o tratos crueles e inhumanos.

Así lo refirió José Manuel Ramos, especialista en temas de derechos humanos, al evidenciar que pese a los tratados firmados por México, en Guanajuato siguen sin aplicarse los acuerdos cuando se trata de asuntos relacionados con erradicar la tortura.

¿Baja la tortura o aumenta el maquillaje de cifras?

Del 2012 al 31 de mayo de 2016, con Gustavo Rodríguez Junquera al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos los expedientes de queja que se iniciaron sumaron 105, mientras que en el 2018 con Raúl Montero de Alba apenas se reportaron cuatro.

Tan solo en el 2012 fueron 16 casos, en el 2013 sumaron 18, el 2014 fue el año con el mayor número de quejas con 34, en el 2015 se reportaron 29.

En los últimos años, los casos clasificados como tortura han ido a la baja, porque así lo reporta la Procuraduría de Montero de Alba, para convertirlos en expedientes que hacen referencia a la violación a la integridad física.

El panorama no pinta mejor con las sentencias que ha emitido el Poder Judicial. En una investigación realizada por Kennia Velázquez en el primer semestre de 2016, las sentencias que reportó el Poder Judicial de Guanajuato en los últimos 10 años señalaban tres sentencias, de las cuales dos fueron condenatorias y una absolutoria.

Invisibiliza PAN a la PEDHG en iniciativa

Con más de 19 meses de retraso, el Congreso de Guanajuato busca homologar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La fracción panista presentó el 4 de junio la iniciativa para crear la Ley local, aunque en ésta se habla de que hace “muchísimos años” el maltrato por parte de las autoridades a los ciudadanos era un secreto a voces, sin reconocerse por el “silencio institucionalizado”, pero, a decir de los diputados del PAN, en las últimas décadas las instituciones se han transformado para reconocer la existencia del problema.

En la propuesta panista se establece básicamente la creación de una Fiscalía Especializada que dependa de la Fiscalía General del Estado, para que sea la responsable de investigar las denuncias que se presenten.

Además, se crea el Registro Estatal del Delito de Tortura y se establecen medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

“Nuestra iniciativa pretende atender esta necesidad, a través de una Ley breve, pero efectiva, que establezca las bases de la coordinación entre las autoridades a nivel estatal y municipal”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.

La iniciativa panista también plantea derogar el artículo 264 del Código Penal, en el que se establece como pena por tortura de tres a 10 años de prisión, para remitir la sanción a la Ley General que plantea prisión que va de los 10 a los 20 años de prisión, y se podría elevar hasta 30 años cuando la víctima sea menor de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad, adulta mayor, indígena, periodista, defensora de derechos humanos o que se comenta con el propósito de ocultar información.

Frente a la debilidad de la institución a cargo de Raúl Montero De Alba, incluso los diputados panistas han dejado de lado al organismo que, por su naturaleza, debería ser el primero en tener facultades legales para intervenir.

La Fiscalía General del Estado, a través de una Fiscalía Especializada, la misma que es la más recomendada por la «violación a la integridad física», será la única responsable de atender el tema, establecido así por los diputados panistas en la iniciativa.

Contrario a lo que pasa a nivel nacional donde es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la responsable de hacer las visitas a los centros penitenciarios, separos, hospitales o todos aquellos lugares donde haya personas recluídas, en la propuesta del PAN la Procuraduría Estatal no tiene facultades para ello.

Ante la ausencia de una Procuraduría de Derechos Humanos en la legislación, el experto José Manuel Ramos recomendó que, como en otras entidades, se conforme un consejo responsable del trabajo institucional para erradicar prácticas como la tortura. El consejo quedaría integrado por familiares de víctimas y especialistas de la sociedad civil organizada.

Renuncia Montero a sus facultades

Hablar de la tortura tibiamente desde la institución responsable de velar por los Derechos Humanos, es el primer indicio de que el organismo todavía no logra articular una política de prevención y atención a las víctimas.

José Manuel Ramos, consultor y experto en Derechos Humanos, recordó que la Procuraduría no necesita de una ley estatal para que se atienda el tema bajo los principios plasmados por la convención contra la tortura, el protocolo facultativo o el protocolo de Estambul, porque son acuerdos tomados por el Estado Mexicano; sin embargo, la postura que ha tomado el organismo en Guanajuato es el de invisibilizar el problema.

Para llegar a la conclusión de que están ausentes todos los protocolos en la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos basta con leer las recomendaciones que se emiten por violación al derecho a la integridad física.

Raúl Montero de Alba

Ramos recordó que en los tratados internacionales sobre tortura da una guía básica de cómo debe abordarse el problema, que debiera partir por recomendaciones de Derechos Humanos rápidas, imparciales, independientes, autonómas, debe proponer sanciones, reparaciones al daño y garantías de no repetición.

Contrario a ello, la Procuraduría habla en sus recomendaciones de procedimientos disciplinarios para los elementos, en algunos casos de procedimientos administrativos, y no más.

«La Procuraduría (de Derechos Humanos) debe empezar a ejercitar sus músculos», detalló luego de sugerir que el personal que labora para el organismo pueda recibir capacitaciones de instituciones como el Alto Comisionado en Derechos Humanos o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para que conozcan cómo debe integrarse una recomendación cuando se habla de tortura.

Pero la capacitación no debe exclusiva para el personal de la Procuraduría de Montero, sino que es el punto de partido para que después se replique entre los cuerpos de seguridad pública y la sociedad en general porque es una práctica que, incluso, ha llegado a ser tolerada por la población.

Así lo señaló Emma González, quien además participa en la elaboración de indicadores del mecanismo de prevención de tortura de la CNDH, al reconocer en las instituciones de policía actúan con desprecio a la ciudadanía.

«En los policías se tecnifica la tortura, al no haber un proceso de investigación consistente, establecen sus mecanismos de actuación, el ejercicio de la presión, si no hay líneas claras por el uso de la fuerza, se les va a pasar la mano».

Para José Gutiérrez, integrante de la Red Internacional de Criminalística, el disfrazar los casos de tortura es una muestra más del ocultamiento que pretenden hacer las autoridades para no atender los problemas de violencia que se viven en Guanajuato.

«Se clasifican de manera diferente, estrategia para minimizar los eventos, los delitos, poner una clasificación diferente a lo que en realidad es».

Además, recordó que la llegada de Carlos Zamarripa Aguirre a la Procuraduría de Justicia, en el 2009, se dio después de las acusaciones por tortura cuando estaba Daniel Chowell al frente de la institución, prácticas que no han sido erradicadas, al contrario, son parte de los métodos adoptados por los elementos.Caso Vicente Palomo, una lección olvidada

Caso Vicente Palomo, una lección olvidada

Eran los últimos días de enero de 2009, cuando se encontraba en el primer tercio de su mandato el gobernador panista Juan Manuel Oliva y cumplía 4 años al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado el abogado y maestro universitario Daniel Chowell, cuando estalló un escándalo público por la muerte de un detenido en las oficinas de la Policía Ministerial en el municipio de San Felipe.

Vicente Palomo Rodríguez, ganadero en pequeño en una comunidad rural de ese municipio al norte del estado, fue detenido por una presunta implicación en el delito de abigeato.

Lejos de tener elementos de prueba, un grupo de ministeriales y agentes del ministerio público participaron o estuvieron al tanto de las torturas físicas, incluyendo descargas eléctricas y simulaciones de asfixia con bolsas de plástico, para obtener una confesión de Palomo.

Esta nunca llegó. El detenido falleció en las instalaciones de la policía y la situación provocó una respuesta caótica que incluyó la huida de algunos de los ministeriales y las implicaciones lanzadas de unos a otros de quienes participaron.

El hecho parecía inusual en un Guanajuato que se ostentaba como una isla de paz frente a la violencia que azotaba a estados del norte y del occidente del país.

La muerte de Palomo motivó una decidida intervención del entonces Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, quien tenía pocos meses en el cargo. De su recomendación derivaron denuncias penales y destituciones de altos mandos de la PGJE.

A las pocas semanas, el mismo procurador Chowell se separaría del cargo para ir a buscar una posición electoral que no logró. Derechos Humanos impuso a la PGJE la obligación de colocar una frase en contra de la práctica de la tortura en todos sus documentos oficiales.

Diez años después, los mismos que Carlos Zamarripa tiene al frente de la hoy Fiscalía, esa leyenda es letra muerta.

Publicado originalmente en POPLab