Desinformémonos| Ciudad de México. 29/ 06/2016.- A dos años de la masacre cometida en Tlatlaya, municipio del Estado de México, en la que 22 personas fueron asesinadas y de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, organizaciones civiles exigen a las autoridades una investigación eficaz y de acuerdo a estándares internacionales.

Después de que siete militares fueron arrestados por los hechos ocurridos, un juez puso a cuatro de ellos en libertad en octubre de 2015 y a otros 3 en mayo de este año, al considerar que no había evidencia suficiente contra ellos, por lo que 14 organizaciones y redes defensoras de los derechos humanos en México advirtieron hoy que «la falta de actuación seria por parte de las autoridades provoca que no haya ningún responsable en la cárcel».

«La falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, llevó a la consolidación de la impunidad, como lo habíamos advertido anteriormente» dijeron las organizaciones de derechos humanos. Al día de hoy, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no han realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.

A pesar de que la PGR aseguró que “no habrá impunidad” en el caso y que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria ejercida a un número de personas que va de 12 hasta 15, el pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o las responsabilidad de los soldados.

“Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal”, prueba de lo anterior es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada, afirman.

Recordaron además, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación por el hecho de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad.

En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”.

Finalmente, denunciaron los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. “Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables”.

El comunicado fue difundido por el Centro ProDH