Con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014, un gran número de organizaciones sociales y sindicales se dieron cita en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para conformar la Asamblea Nacional Popular (ANP), con el objetivo de realizar acciones conjuntas y mantener viva la exigencia de dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.  El 21 de diciembre de ese mismo año, la ANP se pronunció por la cancelación y boicot de las elecciones del 7 de junio de 2015, haciendo un llamado a la población para no votar.  Acordaron instalar plantones en los ayuntamientos con el fin de conformar consejos municipales y al mismo tiempo, denunciar el vínculo de las autoridades con el crimen organizado. Se instalaron 42 plantones en los 81 municipios del Estado. En Tlapa, el movimiento popular guerrense(MPG), logró mantener por más de ocho meses su plantón en el corredor del ayuntamiento.

Conforme avanzaba el proceso electoral, las autoridades federales implementaban un aparatoso despliegue de cuerpos militares y policiacos, en los municipios calificadoscomo focos rojos.  El ambiente que se vivía era muy tenso, sobre todo por las protestas que se multiplicaban en varias regiones del estado. Para las autoridades federales y estatales no había otra alternativa que utilizar las fuerzas policiales para desalojar a las organizaciones que mantenían tomados los ayuntamientos.

El primero de junio de 2015, en la ciudad de Tlapa, al filo de las 23:00 horas, un grupo de personas pertenecientes al PRI, al partido de los pobres, al PT y al verde, llegaron con palos, tubos y machetes, para desalojar a los miembros del MPG. Al día siguiente llegó el gobernador interino, Rogelio Ortega, acompañado por el grupo agresor, para hacer la entrega formal de las instalaciones al presidente interino Isaías Rojas. En su mensaje el gobernador reconoció la “valentía” de las personas armadas que recuperaron elinmueble y aseguraban la realización de las elecciones. En este clima de crispación social, el 4 de junio, cuando varias organizaciones marchaban para repudiar el desalojo violento, policías estatales antimotines y miembros del 93 batallón, impidieron que los manifestantes llegaran a la bodega donde se resguardaba la papelería electoral. El día 5 de junio, se realizó otra marcha convocada por el MPG, que partió de la gasolinera de Atlamajac hacia el centro de la ciudad. En el trayecto, la policía estatal en coordinación con el grupo de choque, encararon a los manifestantes, losgolpearon brutalmente y se llevaron al maestro Juan Tenorio y Leogín Sánchez, al corredor del ayuntamiento para exhibirlos con los rostros ensangrentados, como loscausantes de la violencia.

La agresión escaló el mismo día de las elecciones.  Alrededor de las 13:00 horas, varias personasdesconocidas quemaron una camioneta del Instituto Nacional Electoral a la altura del puente del río “jale”. De inmediato un grupo de la policía federal que se encontraba acuartelada en las instalaciones del 93 batallón de infantería, se desplazó hacia las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), porque supuestamente ahí se encontraban varios integrantes del MPG. Allanaron ilegalmente las oficinas de la CETEG y de domicilios aledaños. En este operativo detuvieron arbitrariamente –en distintos lugares y circunstancias- a cinco hombres, dos mujeres y un menor de edad. Ninguno de ellos se encontraba en las instalaciones de la CETEG, más bien, algunos fueron detenidos en la calle y otros dos cuando se trasladaban enun vehículo. De inmediato fueron llevados a las instalaciones militares sin justificación alguna. Los mismos policías federales se encargaron de tomarles fotografías, colocándoles garrafas de gasolina y artefactos explosivos. Posteriormente fueron trasladados en un helicóptero de lamarina al puerto de Acapulco, dejando correr la versión que ellos habían quemado el vehículo del INE.

La detención arbitraria de las ocho personas movilizó a los colonos del Tepeyac y a varios vecinos que llegaron a solidarizarse con las familias de los detenidos. De inmediato procedieron a detener a los policías federales, que habían ingresado nuevamente a las oficinas de la CETEG para llevarse dos camionetas. Fueron retenidos 34elementos, como represalia de las 8 personas detenidas arbitrariamente.

Alrededor de las 20:30 horas, el delegado del gobierno federal informó a los familiares que los detenidos se encontraban en Chilpancingo con el gobernador. Solo fue para dar constancia de que cumplían con el compromiso deregresarlos a la ciudad de Tlapa. El planteamiento de los familiares y vecinos fue que los policías federales soloserían liberados hasta que llegaran los detenidos a Tlapa.Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y las autoridades federales ordenaron a los policías que se encontraban en el batallón, que subieran a rescatar a sus compañeros. Se abrieron paso con el apoyo del ejército, yde forma violenta dispersaron a los colonos que resguardaban a los policías. Mientras tanto, los detenidos al sentirse apoyados, lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a la gente. Uno de los policías retenido sacó su arma y realizó al menos dos disparos contra los manifestantes, que se encontraban rodeados por los policías que subían a la capilla para rescatar a sus compañeros. Al momento de los disparos el estudiante Antonio Vivar Díaz, dirigente del MPG, recibió dos impactos de bala, uno en el hombro derecho y otro en el tórax, quede inmediato lo privaron de la vida.

A tres años y seis meses de estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este 27 de diciembre la recomendación 85/2018 dirigida a varias autoridades federales y del estado.  Acreditó la inviolabilidad al domicilio de una de las víctimas y de las instalaciones de la CETEG, atribuible a elementos de la Policía Federal; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención ilegal de ocho víctimas, entre ellas un adolescente, atribuiblestambién a la Policía Federal, así como su retención ilegal atribuible a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A la integridad personal y dignidad de las personas con motivo de las lesiones que presentaron al menos 11 víctimas señalando como responsables a elementos de la Policía Federal y personal de la SEDENA; al uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de Antonio Vivar, siendo responsable al menos uno de los elementos de la Policía Federal retenidos, así como la violación al derecho de acceso a la justicia por parte de la PGR.

Al Gobernador de Guerrero, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se le emplaza para que brinde la reparación integral del daño a una de las víctimas lesionadas. También se pide que colabore con la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie el procedimiento administrativo contra 10 servidores públicos. A la Fiscalía del Estado se le recomienda que inicie el procedimiento administrativocontra el personal ministerial involucrado en los hechos.

Es lamentable que hasta la fecha la PGR, no haya avanzado en las investigaciones, y más bien siga encubriendo a los responsables. Queda evidenciado cómo las autoridades federales y estales optan por el uso excesivo de la fuerza, para reprimir las protestas públicas. No solo se usa el aparato represivo del estado para desmovilizar a la población, si no que se alienta la conformación de grupos de choque para enfrentar a los manifestantes. También usan la fuerza letal como parte de la estrategia de terror, que se ha implantado entre los sectores duros que toman decisiones dentro del aparato gubernamental. La presente recomendación se enmarca dentro de un contexto de alta conflictividad social, provocada por las autoridades federales que son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que inventaron la verdad histórica, para encubrir a los verdaderos perpetradores. La policía federal tiró a matar para acallar la voz de Antonio Vivar, un joven estudiante que abrazó la causa de los 43 hasta las últimas consecuencias. ¿Cumplirán las nuevas autoridades con la recomendación emitida por la CNDH?