Ciudad de México | Desinformémonos. “Tienen que dejar de una vez por todas esta posición que el señor presidente saliente plantea como verdad histórica”, dijo Esmeralda Arosemena, integrante de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presentó en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” su Informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.

Entre los pendientes del gobierno con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, Arosemena destacó que “a la fecha no se han realizado cambios en la narrativa para enfocar las líneas de investigación”, mientras que el presidente Enrique Peña Nieto defiende la llamada “verdad histórica” en la que se asegura que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, a pesar de que ya ha sido desmentida por la misma CIDH y otras organizaciones y expertos internacionales.

“Tiene que haber, hoy, una nueva forma de enfocar las investigaciones de acuerdo a las líneas identificadas por CIDH y ONU”, agregó Arosemena.

Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, recordó que una de las irregularidades en la investigación oficial, realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), es que se cometió tortura contra al menos 34 personas que fueron detenidas.

Las organizaciones lamentaron que a casi cuatro años de la desparición de los jóvenes aún no se haya dado con su paradero ni se haya sancionado a los responsables, por lo que exigieron que se agoten las líneas de investigación de manera efectiva.

“Les agradecemos mucho que por lo menos vengan y nos hablen a la cara. Les agradecemos que hayan caminado con nosotros”, pronunció durante la presentación del informe Mario César, padre de uno de los normalistas.

El próximo 26 de septiembre se cumplen cuatro años desde que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero.