Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades agrarias y municipales de Ocotlán y Ejutla rechazaron la imposición del proyecto minero a cargo de la empresa Fortuna Silver Mines y exigieron que se respeten las tierras declaradas prohibidas para la minería, como Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, y que se ponga un alto a las excavaciones irregulares para las intenciones empresariales de expansión.

Responsabilizaron a la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de haber permitido los daños ambientales en las comunidades con el proyecto San José del Progreso, impulsado por las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Por otra parte, explicaron que la presa de jales es una amenaza grave que generaría contaminación para las comunidades,pues con las últimas lluvias ha estado en su máxima capacidad y, en caso de desbordarse, afectaría sus tierras de cultivo.

Demandaron que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, ya que no cuentan con la aprobación de las asambleas comunitarias y por lo tanto vulneran su derecho a la libre determinación y al territorio.

“Solicitamos la inmediata intervención de las autoridades correspondientes para evitar que la empresa minera continúe invadiendo el territorio de San Martín de los Cansecos, y exigimos a la Profepa agilizar el procedimiento administrativo derivado de la denuncia popular, pues de no haber respuesta de las autoridades, se violentarán nuestros derechos reconocidos constitucionalmente”, indicaron.

De acuerdo con las autoridades agrarias, la empresa Fortuna Silver Mines emite grandes cantidades de humo negro y otros contaminantes, así como realiza trabajos de excavación en los límites de San José del Progreso, los cuales afectan las tierras del ejido de San Martín de los Cansecos.

Además, los comunitarios se percataron que los empresarios ordenaron desechar los escombros y restos de los trabajos en los límites ejidales, y que abrieron brechas y excavaron sin autorización comunal.

Por otra parte, “la empresa ha instalado casetas de vigilancia en los límites agrarios, las cuales son vigiladas por personas de la comunidad de San José del Progreso contratadas por la minera Cuzcatlán-FSM, quienes se acercaron hacia nosotros con una actitud intimidatoria”, agregaron.

Sin embargo, a pesar de haber denunciado los abusos y violaciones a sus derechos, las autoridades no han respondido y los trabajos mineros continúan en las comunidades.