México, DF. Desde el inicio de la ola de violencia impuesta por el presidente Calderón al país, la cuota de violencia que pagan los jóvenes va en aumento.

Para las fuerzas del Estado, ya sean militares, marinos o policías, los jóvenes siempre son “sospechosos”, ya sea solos o en grupo, que es cuando el riesgo aumenta. Prueba de esto es que el 13 de septiembre fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal, sin motivo judicial y sin orden de un juez, seis alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los policías los acusan de portar armas prohibidas y traficar droga.

Los detenidos arbitrariamente en Coyuca de Catalán son: Jesús Antonio Moreno Román, de 21 años de edad, de Iguala; Juan Andraca Escalante de 21 años, de Acapetlahuaya; Lucio Sandoval Molina, de 22 años, de General Canuto A. Neri; José Luis Dealmonte Díaz, de 21 años, de San Miguel Totolapan; Alan Francisco Alarcón García, de 20 años, de Chilpancingo; y Ricardo Muñoz Arzate, de 20 años de edad, de Coyuca de Catalán, todos estudiantes del tercer semestre.

La Policía Federal presentó un informe propio de su actuación, pero la historia se armó a partir de testimonios de los propios detenidos, de familiares y maestros. Los jóvenes estudiantes acudieron por la tarde del jueves 13 de septiembre a una práctica escolar a un rancho -propiedad de un profesor de su escuela- en la comunidad de San José Poliutla. Hay un oficio de la escuela donde autoriza dicha práctica. A su regreso, fueron interceptados y detenidos en Coyuca de Catalán alrededor de las nueve de la noche por efectivos de la Policía Federal.

Los estudiantes fueron retenidos indebidamente hasta la madrugada del viernes 14; en este tiempo fueron golpeados, les sembraron armas y droga, fueron torturados psicológicamente y al menos 2 de ellos fueron golpeados. El objetivo era que se declararan culpables de estar relacionados con el crimen organizado y con la muerte de 16 personas, cuyos cuerpos fueron dejados en una camioneta en Coyuca de Catalán el 10 de septiembre.

La Policía Federal presentó a los estudiantes a las cuatro de la mañana del viernes 14 ante la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, siete horas después de la detención. Los jóvenes fueron trasladados a Iguala y después a la ciudad de México, donde estarán arraigados por orden de un juez. Los familiares de los detenidos se enteraron de los hechos por la tarde del viernes.

Ahora se sabe también que un campesino de la zona ha denunciado que los policías federales allanaron su casa y sustrajeron las armas sembradas a los estudiantes.

Esa detención sigue el mismo patrón de operación de diversas corporaciones policiales:

a) Con cualquier pretexto, sin fundamento real y sin mandato judicial de un juez, se detiene a los ciudadanos, violando el Artículo 16 Constitucional, que ordena que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito  de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

b) Después, se mantiene a los detenidos aislados, evitando así que se comuniquen con familiares, amigos o abogados que los defiendan, con lo que se falta a otro párrafo del mismo Artículo 16: La autoridad que ejecute una  orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad.

c) Durante el tiempo de la detención se presiona, amenaza y hostiga con el fin de obtener confesiones autoinculpatorias, violando así el Artículo 22 Constitucional, Cuando logran su objetivo, solicitan a jueces especiales las órdenes de arraigo con el fin de que la fabricación de pruebas les facilite las ordenes de cárcel preventiva.

Con estos pasos claramente violatorios de principios constitucionales y de derechos humanos (detención arbitraria, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, faltas al debido proceso legal, etcétera), aparentan el cumplimiento de funciones de seguridad. Lo que realmente sucede es que una amplia porción de jóvenes quedan impactados ante la posibilidad de verse afectados por una situación similar.

A la falta de compromiso y voluntad política de los gobiernos federal, estatal y municipal para proteger el acceso a una vida segura, a estudiar, a tener salud, a poder transitar por el territorio nacional, se suma la verdadera intención de la supuesta guerra contra el crimen organizado: el control de la población a través del terror y la parálisis social. 

Un eje de este objetivo es la criminalización de sectores de la población, y, por supuesto, el sector jóvenes es fundamental en esa estrategia, ya que se buscan jóvenes «ni-nis» que no tengan trabajo, estudio ni deseos de organizarse y reclamar sus derechos constitucionales y humanos; jóvenes que prefieran vivir en la calle, como vendedores ambulantes, o que se sumen a la migración forzada por motivos económicos o de seguridad. Que esos jóvenes hagan cualquier cosa menos organizarse y presionar al gobierno y sus instituciones para ejercer políticas públicas que les brinden mejor calidad de vida.

Los estudiantes detenidos en Coyuca fueron marcados por la experiencia de ser criminalizados. Afortunadamente en este caso, sus familiares trabajan de manera coordinada en su defensa y han recurrido a diversas instancias como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

A diferencia de otros casos de estudiantes universitarios que han sido víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, los maestros de Veterinaria se han movilizado, obligando a las autoridades de la universidad a intervenir solicitando su liberación. De igual manera, se han movilizado otros universitarios de preparatorias y escuelas profesionales.

Recordemos que los derechos son conquistas de la humanidad y no regalos de las autoridades; que cuando dejamos pasar por alto casos de detención arbitraria, tortura, faltas al debido proceso legal y otras violaciones a los derechos humanos, permitimos que nos agredan a todos.

La defensa de los estudiantes de Veterinaria no es un asunto sólo de los jóvenes. Es muy importante que entre ellos se solidaricen, pero es una responsabilidad de todos.

Publicado el 01 de Octubre de 2012