Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones, colectivos y activistas en Guanajuato aseguraron que la solución a la violencia en México “no está en medidas coercitivas como la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública”, por lo que se posicionaron contra la conformación de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprobada por la Cámara de Diputados.

Rechazaron “toda forma de militarización de la seguridad pública” y recordaron que la intervención de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

“La creación de la Guardia Nacional, con la inevitable militarización de las tareas de seguridad en el país, puede venir a agravar la de por sí delicada situación que ya se vive en Guanajuato, particularmente con delitos como el robo de hidrocarburos”, agregaron los activistas.

Manifestaron que apoyan a las organizaciones que se han posicionado en contra de la Guardia Nacional, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional (AI), “quienes señalan que el dictamen es contrario a un Estado Democrático de Derecho y no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y control social”.

Por ello, exigieron al Congreso de la Unión que no apruebe la reforma constitucional que normaliza y perpetúa la militarización de la seguridad pública, así como a las autoridades de Guanajuato rendir cuentas sobre el gasto en materia de Seguridad Pública y presentar un Plan de Criminalidad zonificado, pues la entidad “ha visto crecer a niveles históricos los índices de los principales delitos en los últimos años, específicamente el de los homicidios dolosos y desapariciones, asociados a la actuación violenta del crimen organizado”.

A continuación el comunicado completo:

Guardia Nacional, Seguridad, Justicia y Paz: posicionamiento desde Guanajuato

Las y los abajo firmantes, personas, organizaciones y colectivos del estado de Guanajuato, hacemos este pronunciamiento para expresar nuestro rechazo a la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Asimismo, manifestamos nuestra inconformidad con el grave deterioro de la seguridad, la impartición de justicia y la violencia en nuestra entidad.

Manifestamos nuestro apoyo a los principales cuestionamientos emitidos recientemente en audiencias públicas entorno a la Guardia Nacional por organizaciones de la sociedad civil, expertos y organismos nacionales e internacionales, como la CNDH y la ONU-Derechos Humanos, quienes señalan que el dictamen es contrario a un Estado Democrático de Derecho y no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y control social.

Rechazamos toda forma de militarización de la seguridad pública y, siguiendo el espíritu de la Constitución, defendemos la naturaleza totalmente civil de los cuerpos que deben encargarse de dicha tarea a nivel federal, estatal y municipal. La reforma propuesta a la Carta Magna es inconvencional porque contradice los principios establecidos en tratados internacionales que son obligatorios para México en materia de derechos humanos.

Sostenemos que la militarización debe ser la excepción y una corporación es civil si cuenta con mando, reclutamiento, fuero, entrenamiento y elementos civiles. En relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Alvarado y otros vs. México se le pide al Estado mexicano que la participación de las FFAA debe ser: Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Reconocemos que las causas del fenómeno delictivo son estructurales, complejas y requieren estrategias de mediano y largo plazo. La solución no está en medidas coercitivas como la intervención de las FFAA en materia de seguridad pública. Sin embargo, nos preocupa la ausencia de un compromiso contundente para el reforzamiento del sistema de procuración de justicia y de la profesionalización de las policías estatales y municipales del país. En este sentido, el caso de Guanajuato es particularmente significativo y emblemático.

La creación de la Guardia Nacional, con la inevitable militarización de las tareas de seguridad en el país, puede venir a agravar la de por sí delicada situación que ya se vive en Guanajuato, particularmente con delitos como el robo de hidrocarburos. Esta entidad ha visto crecer a niveles históricos los índices de los principales delitos en los últimos años, específicamente el de los homicidios dolosos y desapariciones, asociados a la actuación violenta del crimen organizado.

El gasto en materia de prevención del delito y seguridad pública con recursos estatales y
federales ha tenido un incremento significativo en los últimos años. Ejemplo de esto han sido los más de 3 mil millones de pesos invertidos en el Programa Escudo y los más de 2 mil millones de pesos gastados en la Policía Urbana Estatal, así como el incremento del gasto en el apoyo a las labores de las FFAA en Guanajuato. Sin embargo, la nula rendición de cuentas en materia de gasto, aunada a las designaciones “a modo” por parte de tres gobernadores de Secretarios de Seguridad y Procuradores de Justicia, se reflejan en la crisis de inseguridad y violencia que vive la entidad.

Además, ante la falta de credibilidad institucional y nula rendición de cuentas, el gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y su mayoría en el Congreso local anunciaron la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre como el próximo Fiscal General del estado, contrario a estándares internacionales en materia de autonomía para los órganos de procuración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, pedimos:
● Al Congreso de la Unión.- NO aprobar una reforma Constitucional que normaliza y
perpetúa la militarización de la seguridad pública. Respetar la Constitución vigente y
acatar las sentencias de la CoIDH para mantener la seguridad pública en la Fuerza Civil,
así como un plan de retiro paulatino de las FFAA de las tareas de seguridad
pública.
● A Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del estado de Guanajuato.- rendir
cuentas sobre el gasto en materia de Seguridad Pública, y presentar un Plan de
Criminalidad zonificado.
● A los alcaldes y las alcaldesas de los 46 municipios y al gobernador de Guanajuato.-
fortalecer y certificar a las policías municipales, como parte de una estrategia de
seguridad ciudadana.
● A las y los diputados del Congreso del Estado, a dictaminar cuanto antes las iniciativas
que modifican el pase automático en la Constitución mediante una metodología de
parlamento abierto que contemple mesas de trabajo con sociedad civil para la
discusión de la Ley de la Fiscalía General de Guanajuato.

A T E N T A M E N T E
Acción Colectiva Socioambiental, A.C.
Asociación, Ganadera Local Especializada en Abejas del Norte del Estado de Guanajuato
Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, A. C.
Centro de Desarrollo Indígena Loyola, A.C.
Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato
Hermandad de la Cuenca de la Independencia
Hilando Utopías A.C.
Observatorio de Derechos Humanos “Fray Raúl Vera López”
Adriana García Arias, activista
Adrián Rafael Garza Hernández, estudiante de derecho
Ana Paola Ayala Chávez, Abogada
Ana Wendy Muñoz Gómez, abogada y académica
Ángela Nevado Díaz, activista
Ángeles López, defensora de derechos humanos
Arcelia Enríquez Rincón, defensora de los DDHH
Arnoldo Cuéllar Ornelas, periodista
Blanca Margarita Parra Mosqueda, Académica
Braulio Eduardo Amaro Guevara, abogado y académico
Carlos Alberto Guzmán Mendoza, activista y defensor de los Derechos Humanos
Casilda Barajas Rocha, activista
Celia Garza Vera, activista
Cinthya Cecilia Alvarado Rivera, Defensora de derechos humanos
David Tremary Rivera.
Eduardo Vázquez Vela de Eguiluz, Académico y Activista
Emma Aguado López, activista y defensora de derechos humanos
Erika Nallely Gómez Velasco, Profesora de la Universidad de Guanajuato y Activista
Fabrizio Lorusso, profesor y periodista
Francisco Javier Gutiérrez G., Académico
Francisco Javier Sentíes Laborde, defensor de derechos humanos
Francisco Sentíes Martínez Parente, internacionalista
Francisco Zamora Horta, defensor de Derechos Humanos
Gabriela Naranjo Guevara, académica
Gustavo Lozano Guerrero, defensor de Derechos Humanos
Imelda Hernández González, defensora de derechos humanos
Javier Alejandro Bravo López, periodista
Jorge Alberto Gutiérrez, amestro
José Francisco Flores Carreño, ciudadano
José Luis Vial Cornu, activista y promotor de la economía solidaria
José Pérez Martínez, Activista
Juan Manuel Cueva Torres, estudiante de derecho
Juan Manuel Lerma Torres, abogado
Judith Esmeralda Acosta Viera, Activista
Katya Morales Prado, abogada y catedrática universitaria
Kennia Velázquez, periodista
Luis Alberto Ramos
Luz Marcela Villalobos Andrade, activista y defensora de derechos humanos.
Luz Rebeca Lorea Hernández, Abogada, Feminista y Defensora de derechos humanos
María Concepción Rangel Vázquez, abogada
María de la Luz Villafuerte Cruz, activista
María del Carmen Castro Mata, activista
María Fernanda Arias Dávalos, académica
María Ireti García Arias, activista
María Juárez González, defensora de derechos humanos
Mariana López Rodríguez, internacionalista
Nelly Verónica Hernandez Roa. Abogada
Nora Ruth Chávez González, activista
Omar Silva, activista y migrante, docente
Pablo de los Cobos Alcalá, abogado
Pedro Mendiola Anda, docente
Raquel Flores, artista
Raymundo Sandoval, defensor de derechos humanos y activista
Rocío Servín Jiménez, profesora Universidad de Guanajuato
Rodrigo González Zaragoza, activista
Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, activista y defensora de derechos humanos
Saúl Juárez Cabrera, activista
Sergio Flores Vela, arquitecto, Ciudadanos Hartos A.C.
Sergio Isaac Martínez Valadez, internacionalista
Sergio Luis Ramírez Mendoza, académico
Sophía Pérez Fuentes Sacramento, académica
Virginia Marie Magaña Fonseca, ciudadana
Yolanda Morán Isais, coordinadora de Fundem (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
en México – Región Centro)