Hace unos días en Querétaro, en el pleno espíritu de adviento, un compa de Santiago Mexquititlán de nombre Daniel Jesús Gudiño Balderas fue visitado por una criatura grotesca, uno de esos abogado-porros dedicados a hacer todo tipo de tretas jurídicas para abusar de gente que creen vulnerable. Es una historia que con distintas variantes se repite recurrentemente: pasan vendiendo muebles a precios aparentemente insuperables y en cómodos pagos, les dan a firmar un pagaré en dialecto abogadiano, desaparecen varios años, las notificaciones “misteriosamente” nunca le llegan al deudor y al cabo de un tiempo aparece uno de estos porriabogados, cargado de racismo y clasismo, con la impunidad concedida por sus amigos-cómplices en el sistema de justicia, que quiere cobrar la deuda, más intereses mensuales de años, más lo que se le ocurra, y para colmo a días de Navidad. Todo esto resulta en amenazas de embargo, pleitos y, como en el caso de Daniel, encarcelamiento por un presunto rayón a un coche. Así, como si fuera un cuento navideño escrito por Charles Dickens y los hermanos Almada.

Esta es una historia cotidiana en todo México, es cotidiana porque el sistema de justicia, para quienes lo operan, funciona como un aparato de gestión de impunidades, favores y violencias con el que pueden hacer negocios, consumar venganzas y abusar de quienes consideran más débiles, en resumen es un sistema criminal no muy distinto a la lógica de “justicia” de los cárteles, sólo que guardando las mínimas apariencias de institucionalidad.

Quienes viven en el México de arriba ven a las poblaciones y territorios de abajo como recursos a ser explotados, extraídos y desechados. Si se descubre que en un territorio hay yacimientos de oro, litio o el elemento en turno, hay que hacer minas para extraerlo, si alguien ahorra su dinero o logra hacerse de un precario patrimonio, se convierte en una pequeña mina humana que hay que explotar, con pagarés engañosos, con promesas electorales que sólo le cambian el color de la camiseta al cacicazgo, ofertas de crédito bancario que hipotequen todo su futuro y el de las generaciones que le sigan, o con atractivas ofertas de trabajo que resultan ser una fosa.

Es por eso, por esa lógica de justicia y esa forma de mirar desde arriba, que empresas nacionales y transnacionales no entienden por qué los pueblos indígenas no celebran que su cultura se folclorice y se venda como marca, o que sus territorios sean devastados a cambio de dos o tres trabajos precarios y una despensa. Es por eso que gobernadores racistas como Kuri en Querétaro y sus amigos de crimen inmobiliario no logran entender que una comunidad llamada Mexquititlán, allá abajo en el mapa queretano, se enfrentan a cualquier institución del Estado que les agrede o que daña su territorio. Es por eso que gobernadores caciquiles como Armenta en Puebla y sus socios dedicados al secuestro de agua no entienden que los pueblos cholultecas, esos de la periferia urbana, no acepten como normal que el agua de sus territorios sea bombeada para alimentar la especulación inmobiliaria de las zonas de lujo de la capital poblana y la industria ecocida. Es por eso que las élites y caciques mexicanos no pueden entender que más de una tercera parte del territorio chiapaneco lleve más de tres décadas construyendo una autonomía capaz de quemar pirámides.

No necesita haber una intrincada conspiración política para que el Estado instrumente el despojo, la violencia, el desprecio, la explotación, porque en México para eso existe el Estado, ese es su funcionamiento cotidiano, normal, porque el Estado es el caparazón del funcionamiento capitalista, colonial y patriarcal.