Foto: Mario Marlo

Ciudad de México | Desinformémonos. Los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre, además de sus réplicas, dejaron más de 150 mil viviendas destruidas en Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Puebla, cifra equivalente al número de casas-habitación que se construyeron en el 2016 en el país, explicó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles.

La pérdida de hogares significa que más de 250 mil mexicanos se encuentran en situación de pobreza patrimonial luego de los sismos, pues sufrieron pérdidas totales de sus viviendas.

Por lo menos 33 mil casas fueron destruidas en Oaxaca y 16 mil 803 en Chiapas, mientras que Morelos, Puebla y el estado de México registraron 349, 3 mil 319 y mil 695, respectivamente, por el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre. La suma supera las 55 mil viviendas perdidas en su totalidad, añadió Robles.

En algunas entidades el sismo no sólo afectó sus hogares, sino que ahora también deben enfrentarse a las fuertes lluvias. Sin embargo, la población afectada no quiere acudir a los albergues por miedo a la rapiña, por lo que prefiere dormir en las calles a las afueras de sus casas.

Por otra parte, Robles señaló que los albergues habilitados por el gobierno “no son suficientes todavía para quienes han dejado sus casas, a pesar de que están en buenas condiciones”.

A más de una semana del sismo la ayuda humanitaria ya empezó a mermar en algunos centros de acopio y albergues, por lo que organizaciones y estudiantes hicieron un llamado a la sociedad civil para continuar con la donación de víveres e impulsar actividades dentro de los refugios, como talleres de capacitación y asistencia psicológica, así como de pintura y escritura y representaciones teatrales.

La queja de la población en el centro del país se centra contra la corrupción que permitió que las inmobiliarias construyeran sin las herramientas y medidas necesarias los edificios que colapsaron, particularmente en la Ciudad de México, por lo que también se promovió la denuncia hacia las constructoras, pues los ciudadanos concordaron en que no se hubieran destruido muchos de los edificios por el sismo del 19 de septiembre si se hubieran acatado los permisos y restricciones para levantar los inmuebles.