Ciudad de México | Desinformémonos. El convenio entre la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) General Eufemio Zapata Salazar y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que autoriza el uso de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) para la termoeléctrica de Huexca, Morelos, podría perder su validez al haberse violado los estatutos de la Asurco, explicó el abogado y activista Juan Carlos Flores Solís.
El abogado, que acompaña a las comunidades que se oponen a la operación del Proyecto Integral Morelos (PIM), explicó que los estatutos de la Asurco establecen que los integrantes del consejo directivo o del consejo de vigilancia “deben estar al corriente en el pago de sus cuotas y no ostentar ni postularse en cargos de elección popular o en alguna otra actividad que le impida el cumplimiento cabal de sus obligaciones con la asociación, no tener cargo de algún partido político u otro cargo que le impida el cumplimiento imparcial de sus obligaciones con la asociación”.
Sin embargo, el presidente de la Asurco, Rogelio Plascencia Barreto, desde principios de 2019 y por lo menos hasta 2020 ostentó el cargo de regidor en el municipio de Ayala, asumiendo la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Igualdad y equidad de género y Asuntos de la juventud. Y a pesar de ello, Plascencia firmó el convenio con la CFE.
Flores Solís indicó que Plascencia debió renunciar a su cargo cuando llegó a la presidencia de Asurco en septiembre de 2019, pues de lo contrario los convenios firmados, incluido el de la cesión del agua de la PTAR a la termoeléctrica de Huexca, no tendrían validez.
“En las comunidades están generando una serie de firmas, de consensos para promover la destitución de Rogelio Plascencia y el desconocimiento de los convenios que haya firmado Asurco. La nulidad de la elección sería desde el inicio, porque no se llevó a cabo conforme marcan los estatutos, y por lo tanto cualquier convenio que haya firmado sería nulo”, explicó Flores.
“Cuando legalmente a una autoridad se le nulifica su cargo, los acuerdos que ella emitió son nulos también”, agregó el abogado.
Finalmente, Flores Solís recordó que aún hay suspensiones de plano y amparos interpuestos por las comunidades y pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra el funcionamiento del PIM, por lo que cualquier inicio de operaciones de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto del megaproyecto sería ilegal.
Con información de El Sol de Cuautla
