México, 08 de diciembre. Los citatorios a sobrevivientes de la represión contra los campesinos de San Salvador Atenco en 2006 son un intento de limpiarle la cara al gobierno ante las manifestaciones de indignación de la sociedad, pues aunque se les llama a identificar a policías presuntamente involucrados en actos de tortura, no hay ningún responsable de mediano o alto nivel encausado por los hechos, explica Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Del Valle, quien permaneció cuatro años en un penal de alta seguridad antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su liberación, explica que entre los atenquenses hay un legítimo resentimiento por la represión de la que fueron objeto. No se trata de que queramos venganza, sino justicia. Queremos que salga la verdad a la luz, pero cómo pedir justicia al que ordenó reprimirnos, valora.
Para los campesinos, el principal autor intelectual de los crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra es el hoy presidente, Enrique Peña Nieto, pero no esperan que se le finquen responsabilidades porque las instituciones del Estado no se van a apuñalar entre ellas, explica Del Valle, quien fue sentenciado a más de cien años de prisión por el gobierno del Estado de México. Los integrantes del Frente consideran que, más bien, el Estado mexicano busca cerrar el círculo perverso de la impunidad, pues pretende que señalando nombres de policías, acusados por ellos mismos, no por nosotros, de encubrimiento, y a un ministerio público acusado de tortura, se hace justicia.
Fueron cinco los citados a comparecer: Adriana Sánchez Zarate, Erasmo Marcelino Paredes Morales, Jorge Salinas Jardón, Juan Ventura y Reyes Castillo González. El boletín de prensa del FPDT advierte que si declaramos que sí reconocemos a los policías, cuando ya hemos declarado que el día de los hechos nos taparon la cabeza con nuestra propia ropa para que no los viéramos, nos van a acusar de falsa declaración; o bien si decimos que no los reconocemos, entonces dirá el juez que esos acusados no son penalmente responsables de esos delitos. No caeremos en la trampa.
Para el campesino, es indignante recordar lo sucedido hace ya más de ocho años, cuando se lanzó un operativo de miles de policías contra la población que venció al proyecto de nuevo aeropuerto internacional, con el resultado de dos jóvenes asesinados y decenas de mujeres y hombres torturados y sometidos a procesos penales que los tuvieron en prisión por meses hasta cuatro años, en el caso de Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo.
Les hace falta terminar este asunto llamando a algunos a testificar sobre un momento en el que, desde luego, nadie se iba a fijar en señas particulares, pero no hay que olvidar que hubo quién ordenó y quién obedeció, insiste Ignacio del Valle. Quieren dar el carpetazo al asunto señalando a ocho o diez policías, sin tocar a comandantes, al director de Seguridad Pública del estado y a tantos más.
Los atenquenses señalan como responsables a Vicente Fox Quesada, Wilfrido Robledo Madrid, Genaro García Luna, Abel Villicaña, Higinio Martínez, Nazario Gutiérrez, Miguel Ángel Yuñez Linares y Eduardo Medina Mora, , además de al actual presidente de la República, quien pública y reiteradamente ha reconocido ser el autor intelectual del asesinato de Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortez, de la tortura a más de 200 personas detenidas, incluida la tortura sexual a más de 40 mujeres, sostienen en el boletín.
La criminalización del derecho a la protesta es sistemática, no son hechos aislados ni lo de Ayotzinapa ni lo nuestro; pero también es nuestra obligación seguir denunciando y movilizarnos, porque ya es inaguantable tanta corrupción, finaliza el dirigente.
