México. El encadenamiento de represión a manifestaciones que comenzó desde el 1 de diciembre de 2012, el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, “busca restringir las libertades y revertir la exigencia de mayores derechos por parte de la ciudadanía”, valora José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en entrevista con Desinformémonos. Detrás de la estrategia están “sectores duros del gobierno, o nostálgicos o muy bien colocados con las medidas de mano dura; también sectores empresariales que afectan a comunidades y pueblos, y tienen un interés muy claro en inhibir las expresiones de protesta y de exigencia de derechos”.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) coincide en que hay fuertes intereses para restringir “todavía más” los derechos y libertades ciudadanas, con el intento de regular el derecho a marchar, “incluyendo propuestas tan absurdas como los marchódromos”. El defensor de derechos humanos advierte que la campaña mediática que muestra los episodios de violencia, pero no sus causas, se dirige a presionar a la opinión pública. “Me recuerda a cuando se impuso a los militares para tareas de seguridad pública; los medios mostraron insistentemente la corrupción de la policía para decir, ¿ahora quién nos defenderá?”.

La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos, Agnieszka Raczynska, habla de  una “total represión y violación de derechos humanos” en los operativos contra las manifestaciones, situación que calificó de constante en ciudades como el Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

El operativo policiaco contra la manifestación del 1 de diciembre de 2012 dejó como resultado una persona que permanece en coma (Juan Francisco Kuykendall), cerca de cien heridos y 96 detenidos. Las manifestaciones del 1 de septiembre de 2013 (por el informe presidencial y contra la reforma educativa) y el desalojo del plantón de profesores opositores a la reforma educativa, realizado el 13 de septiembre, siguieron una dinámica parecida: enfrentamientos entre la policía y grupos de personas no identificadas, golpes contra manifestantes y personas que documentan los hechos, y detenciones que las instancias defensoras de derechos humanos califican de arbitrarias. La marcha del 2 de octubre se saldó con más de cien detenidos y un número indeterminado de heridos (que incluyó a periodistas y monitores de derechos humanos plenamente identificados, en el caso del Prodh). Veinte de los detenidos fueron acusados, entre otros delitos, de “ataques a la paz pública”.

José Rosario Marroquín señaló que para la marcha del 2 de octubre, en la que decidieron participar como observadores, “se presagiaba lo que ya se ha vuelto común en los últimos tiempos ante toda protesta: golpes, agresiones, detenciones arbitrarias y obstáculos al ejercicio de la defensa adecuada; este patrón de represión que no nos ha abandonado en nuestra vida como país desde hace décadas, se extendió a periodistas y defensores de derechos humanos, y a quien documente la conducta de las autoridades”.

El mensaje del gobierno con la represión “sistemática” es que “sí caben los derechos de las personas pero dentro de ciertos límites”, valora Marroquín. El recorte de libertades no se hace sólo con represión, “sino a través de resucitar la lógica clientelar, mediante programas y coacción: la ciudadanía no tiene derechos, es beneficiaria cuando se porta bien, y cuando no se ajusta a lo pensado por las autoridades, le espera criminalización, represión, estigmatización y procesos judiciales en su contra”.

Agresiones selectivas

Las reformas a los protocolos de actuación de la policía contienen elementos muy graves para los derechos humanos, afirma el presidente de la Limeddh, como la práctica del encapsulamiento de manifestantes –a base de una superioridad numérica de la policía y retención arbitraria- y la utilización de armamento y proyectiles como las balas de goma.

Víctor Hugo Carlos, monitor de derechos humanos del Prodh, señaló en conferencia de prensa que durante la marcha del 2 de octubre constataron agresiones provocadas por la policía –por la cantidad de elementos policiacos y la forma de despliegue-, el cierre del paso a contingentes pacíficos, el uso desproporcionado de la fuerza y las agresiones contra manifestantes (golpeados, lesionados y llevados a lugares no identificados). Lo visto en la marcha, para el defensor de derechos humanos, constata que la policía no está para proteger libertades, sino para enfrentar y reprimir a quienes se manifiestan.

El presidente de Artículo 19 denunció el uso “faccioso” de la legislación, pues se acusó a detenidos del 13 de septiembre de ultrajes a la autoridad por “una mentada de madre a un policía, y les pusieron 126 mil pesos de fianza”. Agrega Adrián Ramírez que los delitos que configuran el ataque a la paz pública son tan laxos que permiten que a un manifestante detenido se le culpe de sucesos ocurridos después de la hora de su detención. Por eso, “individualizar la pena y la investigación es muy importante, porque eso evita la criminalización de todos los manifestantes”.

Los observadores de derechos humanos del Prodh reportan, en un comunicado de prensa, que “los policías vestidos de civil y granaderos agredieron de forma selectiva a toda persona que estuviera documentando las detenciones”. Las detenciones arbitrarias no se dieron contra las personas que participaron en los enfrentamientos, sino contra quienes observaban los hechos, denunció Víctor Hugo Carlos, integrante del centro de derechos humanos golpeado por granaderos del Distrito Federal.

La red de monitoreo montada por la organización de defensa de periodistas Artículo 19 documentó 25 agresiones a comunicadores, incluyendo a trabajadores de los medios comerciales. De ellas, precisa, el 90 por ciento fueron cometidas por agentes del Estado y el 10 por ciento por civiles.

 “Defensores y periodistas hacen un trabajo importante de documentar y cuidar manifestaciones y acciones de las autoridades, y aportan información valiosa no sólo para la ciudadanía sino para las mismas autoridades”, valoró Raczynska.

El presidente de la Limeddh agrega que los policías detuvieron también a la gente por su vestimenta. “A los integrantes de medios libres los detienen porque su forma de vestir coincide con los manifestantes”, precisa.

Revoltura de anarquistas, infiltrados, militares…

Durante las marchas del 1 de diciembre, 1 y 13 de septiembre y 2 de octubre, los medios de comunicación resaltaron la presencia de grupos de personas dentro de las manifestaciones que protagonizaron enfrentamientos con la policía, a los que llamaron “anarquistas” o “encapuchados”. Por otra parte, organizaciones sociales denunciaron tanto la presencia de “infiltrados” como de policía vestidos de civil que realizaron detenciones.

El presidente de la Limeddh señala que la actuación de policías vestidos de civil no se limita a detener a manifestantes, sino que visten con ropa similar a los grupos anarquistas y cometen o incitan al vandalismo. “Esto demuestra que se trata de actos deliberados para influir en la opinión pública hacia la restricción de derechos y la regulación de marchas”, precisa. Para desactivar la violencia, sus causas estructurales deben desaparecer, afirma Adrián Ramírez. Por ejemplo, “los anarquistas vienen de un contexto de exclusión social, y esos agravios deben ser atendidos. Esto no se soluciona regulando las marchas”.

Los agentes vestidos de civil, luego de realizar las detenciones arbitrarias, eran protegidos por el cuerpo de granaderos, denunció Carlos. Adrián Ramírez reafirmó que existen personas vestidas de civil que lo mismo detienen que azuzan a los manifestantes. “Algunos venían de un vehículo militar”, denunció. “Eso nos habla de una relación de causalidad”.

Los actos de violencia cometidos por civiles son delitos, “y cualquiera que los cometa debe enfrentar la ley”, asegura Darío Ramírez, pero “no es lo mismo a que el Estado agreda a manifestantes: lo que debe hacer es detener y procesar”. Para el comunicador, la actuación de los cuerpos de seguridad durante las marchas demuestra que son poco profesionales y que está ausente un verdadero protocolo de actuación, además de que son incapaces de procesar los delitos.

En el Estado de Derecho “hay límites a la actuación estatal y ciudadana; hay procedimientos ante el delito que en estos casos, no se han cumplido”, afirma Marroquín. La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), Agnieszka Raczynska, señala que es de interés de toda la ciudadanía saber “quiénes son estos grupos que incitan a la violencia contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos”.

Las contradicciones sociales

Los gobiernos, en el discurso, hablan de respeto a los derechos humanos, pero en la práctica hay violencia y se desvirtúan los reclamos sociales de justicia, incluida la labor de las guardias comunitarias, contrasta Adrián Ramírez. Las reformas gubernamentales no gozan de gran popularidad en la sociedad, lo que hace prever un panorama represivo para los cinco años que queda de gobierno peñista, considera el presidente de la Limeddh.

José Rosario Marroquín precisa que también la sociedad tiene sectores que reproducen el mismo discurso de mano dura que las autoridades. “El venir desde hace muchos años exigiendo derechos mantiene contradicciones como sociedad, y a la vez abre caminos: aunque en ciertos sectores se reproduzcan posiciones regresivas, a la ciudadanía le queda claro que ese camino no conduce a une mejor situación”.

El escenario futuro es grave, pero también “hay una gran fuerza social que ayudará a que el costo sea menor”, predice el presidente de la Limeddh. A las organizaciones sociales “corresponde contribuir con su experiencia en cuanto a agravios, hacerlo evidente a la sociedad, empeñarse en documentar los abusos y ofrecerlos claramente y si mentiras, pero con mucha firmeza”, afirma José Rosario Marroquín.

A pesar de la agresión a sus integrantes, la labor de defensa de derechos humanos “nos exige pensar estrategias pero no tener miedo; no nos podemos replegar y encerrarnos porque somos parte de un esfuerzo grande de la misma sociedad. Eso nos anima a pesar de la indignación y el coraje que podamos tener”, considera Marroquín.  “Llamamos a la sociedad a seguir ejerciendo sus derechos”.

“Es momento de hablar de cosas importantes: de defender las libertades”, llamó el coordinador de Artículo 19. “Ante la marcha del 2 de octubre, había miedo –justificado- de salir a la calle, pero si caemos en el miedo, perdemos las libertades”.

Publicado el 07 de octubre de 2013