San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El problema de los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, es que sus tierras legítimas están en el paso de los pretenciosos planes de expansión turística que abrigan los gobiernos federal y chiapaneco para su región. O sea, sus tierras son codiciadas, y ellos estorban; sobre todo porque no comparten los planes de inversión ni la concepción misma de lo que en realidad se les impone, más allá de las promesas, la propaganda y el engaño (a ellos y a la opinión pública).

El problema del gobierno de Juan Sabines Guerrero, y por extensión en la correa de transmisión (de intereses), también del persignado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, es que los indígenas son adherentes de la Otra Campaña y resisten el embate que implica despojarlos de una parte de sus tierras, y que les transformen negativamente su entorno, campesino y muy suyo; como que lo reivindican autónomo en base a los acuerdos de San Andrés y a tratados y convenios internacionales en la materia firmados por el Estado mexicano.

El problema de los ejidatarios es que no tendría por qué haber problema. El objetivo declarado de la excitación gubernamental son un conjunto de hermosas caídas de agua sobre el río Agua Azul que se ubican en el ejido vecino, del mismo nombre, poblado por choles, dentro del municipio de Tumbalá. Sólo que, desde hace más de dos décadas, para llegar al balneario los turistas atraviesan una carretera vecinal a través de San Sebastián, vía que fue construida por el gobierno estatal sin su permiso.

Al incorporarse como adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona hace un lustro, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (y sus centros de población) determinaron recuperar el control de su territorio, y compartir con sus vecinos choles el beneficio del peaje a través de sus territorios por la atracción turística, de la cual ellos participan de una manera muy marginal, mientras sus vecinos constituyen, desde hace décadas, un peculiar “ejido turístico” de diseño oficial que los limita como agricultores pero los beneficia con el negocio turístico. Siempre han sido oficialistas, y los grupos priístas de tipo paramilitar que han asolado la zona norte de Chiapas (Paz y Justicia, Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), han controlado Agua Azul. Hoy, bajo distintos membretes, lo siguen haciendo.

Así, la vecindad ha sido rasposa, y cuando San Sebastián estableció su caseta autónoma, los de Agua Azul y el gobierno estatal reaccionaron agresivamente. El secretario General de Gobierno, Noé Castañón León, y el operador sabinista Nemesio Ponce, han estado detrás de diversos episodios contra San Sebastián, casi siempre con la participación activa o pasiva de las policías municipal, estatal y federal, y tropas del Ejército federal. Éste, por cierto, tiene un campamento y puesto de control permanente en Xanil, dentro de San Sebastián Bachajón.

Cinco indígenas del ejido están presos desde el 3 de febrero pasado. Se trata de Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez, Domingo Pérez Álvaro y Mariano Demeza Silvano. Inicialmente, la policía detuvo a 117 ejidatarios de la Otra Campaña, con cargos graves. Sólo quedaron ellos. Y desde entonces se han sucedido movilizaciones y campañas internacionales exigiendo su liberación.

El 2 de febrero, un grupo de indígenas oficialistas de San Sebastián, apoyados por sus vecinos de Agua Azul y por la policía, habían acometido a tiros y pedradas contra la caseta autonómica, y se apoderaron de ella. Allí murió de bala uno de los atacantes y otro resultó seriamente herido. Aunque se ha culpado a los de la Otra Campaña, no existen pruebas de que hayan disparado. Ciertamente, no los cinco que siguen presos, quienes ni siquiera se encontraban en el lugar de lo hechos, como ha documentado con claridad el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el cual además sostiene que los presos son “rehenes políticos” del gobierno estatal, que los ha tratado de “negociar” por la firma de un acuerdo de cesión territorial con los ejidatarios en resistencia. Sin éxito.

No obstante, con bombo y platillo, el gobierno de Chiapas firmó un acuerdo entre Agua Azul y un grupo sin legitimidad de San Sebastián, con lo cual se entregaba la caseta a la secretaría de Hacienda estatal, y luego a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp). Esto revela una nueva veta, al prefigurar la intención gubernamental de expropiarle a San Sebastián el trayecto de la carretera vecinal y terrenos adyacentes, como arbitraria “área protegida”.

El problema es que también es vecina la comunidad zapatista de Bolom Ajaw, parte del municipio autónomo Comandanta Ramona, establecida en un finca recuperada por el EZLN después del 1994, poblada hace una década por los rebeldes, e inmediatamente después declarada “área protegida” (también) por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, con la intención de despojar a los zapatistas, que resisten desde entonces las agresiones de grupos de Agua Azul. Bolom Ajaw ocupa también la ribera del río Agua Azul, y por tanto está en la ruta de los proyectos de inversión.

Ah, el verdadero problema. Por un lado, el interés oficial y privado sobre estas ricas tierras selváticas no sólo es turístico. Existe un amplio proyecto de construcción de una autopista privada, y también la explotación de los recursos de toda esta región de ríos portentosos, los mejores en la cuenca de río Grijalva. De avanzar los proyectos de “desarrollo”, se tenderán puentes (y se habla de presas) en los ríos Agua Azul, Tulijá, Bascán y Agua Clara.

No es sólo un conflicto (artificial por cierto) entre los ejidos vecinos San Sebastián y Agua Azul. La proyectada carretera San Cristóbal-Palenque afectará miles de hectáreas de decenas de comunidades tzotziles, tzeltales y choles, empezando por Mitzitón, en las afueras de San Cristóbal, también de la Otra Campaña y también en resistencia al proyecto. Y alcanzará tierras de Huixtán, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua y Palenque.

Pero volvamos al caso concreto de Bachajón y las cascadas. Lo que los ejidatarios de San Sebastián han buscado es colectivizar el beneficio económico de la caseta, contra la intención acaparadora y facciosa de los oficialistas. Ahora, el gobierno considera haber “resuelto” a su salomónica manera el conflicto que él mismo creó. La caseta es para la Conanp, que retendrá el 50 por ciento de los ingresos (en un lugar que no es área protegida); el resto se dividirá entre Agua Azul (que tiene todos los beneficios del balneario, además) y los priístas y verde ecologistas de San Sebastián. La expropiación sería la cereza de su pastel.

Para hacerse una idea tan sólo de este aspecto: el jefe del Parque Nacional Palenque, Marcelo Hernández Martínez, declaró al finalizar las vacaciones de primavera: “En las Áreas Naturales Protegidas de Palenque y Cascadas de Agua Azul hay un reporte satisfactorio; en Palenque hubo una afluencia durante la primer semana, de alrededor de 43 mil visitantes, en tanto que Agua Azul, más de 51 mil”. Esto implicó 12 mil vehículos, a 35 pesos cada uno. Saque el lector la cuenta.

El escenario vacacional, según el periódico Cuarto Poder, fue que “bajo un impresionante operativo de fuerzas federales y estatales, miles de turistas” visitaron las cascadas de Agua Azul. Otra exigencia de los ejidatarios, claro, es el retiro de policías y soldados.

Lo que se juega no es sólo la presunta derrama del peaje a las cascadas. Es el futuro de comunidades indígenas que legítimamente desarrollan alternativas de organización y gobierno. La viabilidad ambiental y cultural de una de las regiones indígenas -maya en este caso- más importantes de México.

Publicado el 01 de mayo de 2011