Frente a la “dolosa campaña de desprestigio” que enfrenta, organismos civiles y personas expertas en derechos humanos manifiestan su respaldo a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con el Estado mexicano y las víctimas, para supervisar el caso Ayotzinapa.

Sostienen que conforme el GIEI ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos ocurridos a finales de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, se ha activado una campaña mediática y política en su contra que busca mermar su legitimidad y reconocimiento y, así, confundir a la opinión pública.

Precisan que aunque hasta ahora las descalificaciones pesan sobre las fiscales Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, a quienes se señala falsamente como afines a intereses ilegítimos, además de achacarles una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala, es evidente que la campaña mediática y política apunta a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto, en aras de entorpecer el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

La campaña de desprestigio a la que aluden las organizaciones civiles mexicanas coincide, según señalan, con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI, dentro de los cuales destaca la reticencia del gobierno federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería, mismos que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de los hechos.

Además de expresar su respaldo a la labor del GIEI, personajes como el obispo Raúl Vera, Elena Azaola y Santiago Corcuera Cabezut recuerdan al Estado mexicano su obligación para con la búsqueda de verdad y justicia para los normalistas rurales de Ayotzinapa y sus familias.

“El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México”, sostienen las organizaciones que suscriben un pronunciamiento emitido ayer, entre ellas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, EQUIS Justicia para las Mujeres, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI ha señalado las fallas y omisiones en la investigación oficial sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas. También ha reivindicado la centralidad de las víctimas dentro del proceso y ofrecido nuevas líneas de investigación que deben agotarse. Adicionalmente, el GIEI se encuentra en una fase decisiva pues su segundo mandato se extiende, en principio, hasta el 30 de abril próximo.