Foto: Axel Vanstraelen

La Legislatura provincial votó una resolución que desconoce la existencia del Pueblo Mapuche, pese a toda la evidencia histórica y antropológica. Fue el resultado de una campaña negacionista y discriminatoria encabezada por el gobierno de Cambia Mendoza. Con intereses mineros y petroleros detrás, los diputados mendocinos abrieron el camino a políticas y acciones racistas.

En enero de 2023 el INAI dio a conocer la reafirmación sobre la ocupación “actual, tradicional y pública” de tres comunidades pertenecientes al Pueblo Mapuche en el sur de la provincia de Mendoza. Desde entonces el Gobierno de Mendoza —en acuerdo con sectores políticos, mediáticos, empresariales y judiciales— instauró el rechazo y la criminalización de las comunidades originarias hasta que, finalmente, la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza aprobó este miércoles un proyecto de resolución en el que se afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.

El reconocimiento de la habitabilidad histórica de familias puesteras en 21.370 hectáreas pertenecientes al Lof El Sosneado (límite entre Malargüe y San Rafael), 3.584 metros cuadrados del Lof Suyai Levfv en Los Molles (Malargüe) y 4.477 hectáreas del Lof Limay Kurref (Los Molles, Malargüe), fue el resultado de más de 10 años de trabajo por el cual el INAI dio cumplimiento a la Ley Nacional 26.160; ley enmarcada en el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. 

Mendoza nunca tuvo organismos en materia de política indígena, lo que sí tiene es un número significativo de, al menos, 32 comunidades indígenas. Para poder llevar a cabo una acción como esta, el INAI realizó un convenio de colaboración con la Dirección de Derechos Humanos de la provincia en noviembre de 2009. Este relevamiento no ha implicado “cesión de tierras” alguna, sin embargo, lo que sí se hizo en estricto cumplimiento de la ley ha sido reconocer la posesión comunitaria indígena, ejercida de manera actual, tradicional y pública. Debemos aclararlo una vez más: la posesión es una situación de hecho, no de derecho. Se trata de un acto de justicia a los cuerpos curtidos al sol que pastorean sus animales en tierras otrora libres —aunque eso, claro, no implique propiedad del territorio—. 

Ahora bien, si el andamiaje jurídico nacional y las prescripciones normativas de carácter internacional (entre ellos el Convenio 169 de la OIT) dan sustento al relevamiento territorial de las comunidades campesinas e indígenas, ¿cómo es posible que el senador nacional Alfredo Cornejo junto al Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, utilicen el aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo para refutar el derecho a la identidad ancestral? 

¿Resulta lícito que el gobierno provincial de Cambia Mendoza se oponga a los relevamientos del organismo nacional cuando —tal como sostiene el geógrafo mendocino Marcelo Giraud— durante el gobierno de Mauricio Macri fueron válidas las resoluciones 477/2018 y 478/2018 por las cuales se le reconocieron 58.139 y 52.549 hectáreas a las comunidades mapuches Felipin y Cayupan, respectivamente?

Desde las primeras apariciones de Suarez y Cornejo negando entidad a las comunidades originarias, pasando por el tratamiento mediático, hasta la invocación de intelectuales legitimadores de esta narrativa racista, el oficialismo provincial movió delicadamente cada una de las piezas que allanaron el camino de la negación oficial del pueblo mapuche.

Mendoza, tierra chilena

La Conquista todo lo puede. El territorio generoso de Mendoza formó parte de Chile desde su fundación en el año 1561 hasta que, con la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776), esta comarca pasó a ser parte de la jurisdicción del virrey con asiento en Buenos Aires. Luego de aquellos años, José Francisco de Amigorena, coordinó la tarea de penetrar esa frontera sur rebelde, de indígenas insumisos, entre los que la “gente nacida de la tierra” se desplazaba, comerciaba, producía y resistía. Si revisamos solo ese capítulo tumultuoso de la historia regional, al menos dos certezas son constatables: una es que Mendoza era más chilena que los pueblos originarios preexistentes, la otra es que el sur siempre fue un problema para los objetivos tácticos de las clases dominantes. Tal vez, el capricho de los avatares históricos vuelva a colocarnos ante esas circunstancias confusas en este presente tan ajetreado.

Como bien ha propuesto la antropóloga Florencia Roulet, en el actual territorio provincial no hubo una sustitución tardía de los pueblos originarios huarpes, puelches y pehuenches por hipotéticos “mapuches”, en todo caso el principal vehículo de la lengua y la cultura mapuches en la región fueron, desde al menos el siglo XVII, los mismos pehuenches. La referencia mapuche -cuya traducción es “gente de la tierra”- es menos un grupo ceñido y estático que una verdadera categoría identitaria forjada a lo largo del siglo XIX. 

Esa categoría, como pocas, fue la que logró abrazar a huilliches, moluches, lafquenches, picunches, pehuenches, pampas y no la manera invasora que propone la intelectualidad segregacionista, como las historiadora Andrea Greco —representante de los sectores integristas del catolicismo local— que califica al Pueblo Mapuche como “asesinos, ladrones y usurpadores” y Pablo Lacoste, junto con el arqueólogo Gustavo Neme, que ya habían pedido ADN a las comunidades originarias. Estos intelectuales fueron convocados por el oficialismo a las audiencias previas de la votación en el recinto y están citados en la resolución antimapuche.

Con esos argumentos, y pese a toda evidencia histórica, las legisladoras Cambia Mendoza Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (PDP) elaboraron el despacho mediante el cual el poder legislativo provincial se opone a la vigencia de la Ley 26.160 de emergencia de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, desconoce lo dispuesto por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 después de una década de relevamiento catastral, jurídico, antropológico y geográfico; y como si eso fuera poco: afirma que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Dicha iniciativa surrealista finalmente se consumó el pasado miércoles 29 de marzo con 30 votos positivos, 8 negativos, 6 abstenciones y 4 ausencias. Entre quienes votaron afirmativamente, se encuentran legisladores del Frente de Todos que se despegaron del kirchnerismo, oriundos de San Rafael. Mientras puertas adentro la legislatura consumaba el hecho, que por ser trágico evade el adjetivo de cómico, en las afueras de la casa de las leyes familias y comunidades indígenas se manifestaban ante el edificio vallado y rodeado de policías. 

Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay es mujer indígena Quecha-Colla, además es estudiante de abogacía y encargada del Área Pueblos Originarios de la organización de derechos humanos Xumek. Mientras el frío de la mañana mendocina se quebraba por el canto de las comunidades y los gritos que figuraban un Trawun Mapuche, Ñushpi levantaba la voz para dejar en claro que “estamos frente a atropello inédito a las garantías constitucionales de nuestra preexistencia”; “en el fondo –decía- lo que sucede es que se ataca nuestra cosmovisión, nuestra identidad y nuestra filosofía de vida que nos ha llevado sostener y resistir por más de 500 años”. 

El reclamo de comunidades que llegaron desde Malargüe, San Rafael, San Carlos, Lavalle —habiendo dejado a un lado las tareas de crianza trashumante— parecía un susurro respetuoso y amable frente a la rigidez de los cuerpos policiales apostados en el edificio legislativo. Las whipalas y las insignias tradicionales no dejaban de denunciar otro nuevo acto de negación identitaria. La idea del mapuche enemigo interno y venido más allá de la Cordillera consiguió una victoria pírrica más.  

Resolución antimapuche, un sinsentido en tiempos de odio

Todo el documental dado a conocer en estos meses, desde investigaciones arqueológicas que dan cuenta con creces que la Cordillera de los Andes no configuró un límite entre poblaciones ancestrales; pasando por antropólogos, historiadores y comunidades indígenas, han validado con eficacia las formas identitarias que aún perduran en el tiempo y la cultura indígena persistente en esos territorios. Sin embargo, para los intereses políticos del gobierno y las apetencias de grupos empresariales esa evidencia no basta.  

El investigador Martin Vilariño nos recuerda que para fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX existía entre los hispano-criollos de Mendoza un conocimiento de la utilización de distintos minerales por parte del pueblo mapuche (la sal o la plata, por ejemplo); de hecho, para 1758, las minas de oro que eran propiedad del Cacique Ancanamú eran mencionadas por Francisco Amigorena como parte de los objetivos de la campaña militar genocida. A esta altura de los acontecimientos resulta bastante evidente que la trama económica y los enclaves mineros y petroleros, además de los intentos de control de las nacientes de agua, explican mejor el móvil de los roquistas contemporáneos. 

Lamentablemente, la deriva de esta crónica de un final anunciado abre las puertas a cualquier tipo de acción violenta. Si la Legislatura provincial elabora un documento anacrónico y racista como este, ¿qué se puede esperar de narrativas de odio como estas en el pleno de la sociedad civil? Al fin y al cabo, la conquista todo lo puede.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva