Ciudad de México | Desinformémonos. Los integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar rechazaron la construcción del embarcadero en Playa Copalito, Oaxaca, al acusar que no hay transparencia en la obra y que sus cuestionamientos han sido ignorados por las autoridades, lo que viola el derecho a la consulta previa.

Luego de una reunión a principios de julio con los ingenieros a cargo de la obra, los pobladores denunciaron que “ellos (los ingenieros) trataron de convencer a la Asamblea de aceptar el proyecto, pero carecen de suficiente información como la existencia de un estudio de impacto ambiental” y el monto total de la construcción.

Por otro lado, el pasado 11 de julio representantes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), no asistieron a una reunión con los habitantes de San Dionisio del Mar, en donde debían informar los detalles del proyecto. Ante ello, el 12 de julio se llevó a cabo una manifestación pacífica para exigir claridad y transparencia por parte de las autoridades, pero ese mismo día un grupo desconocidos quemaron la maquinaria de la empresa e intentaron atribuir el hecho a la Asamblea.

“Nos deslindamos de estas acciones y decimos no al proyecto por falta de información”, expresó uno de los integrantes luego de la quema de la maquinaria.

Sin embargo, el 21 de julio reiniciaron los trabajos del equipo de draga en Playa Copalito, Huamuchil y San Francisco del Mar, a pesar de que aún no hay información sobre la obra ni se ha consultado a las comunidades.

“Desde hace una década no hay agua potable, nuestro sistema de bombeo es obsoleto, esa es nuestra mayor prioridad, la autoridad municipal debería gestionar que el liquido llegue a nuestros hogares, además nuestras calles están en pésimas condiciones, todo esto es mas importante que crear supuestos embarcaderos, que lo que suponemos es el inicio de una obra eólica, posiblemente del proyecto eólico de Barra Santa Teresa”, explicó la Asamblea.

Por ello, exigieron a las autoridades municipales y estatales que proporcionen la información sobre la obra, así como el retiro de la maquinaria y un alto a la difamación y criminalización contra los activistas e integrantes de la Asamblea.