En un comunicado, los participantes del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa se pronuncian por una urgente y profunda transformación del sistema educativo mexicano que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria.

En consecuencia, manifiestan su inconformidad con la reforma emprendida por la actual administración. Precisan que ésta carece de un proyecto educativo y se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar, incluidos los procedimientos de evaluación, que lejos de contribuir a la mejora docente, se traducen en un aparato de control y vigilancia.

Entre el 16 y el 20 de noviembre de 2015, en la Ciudad de Chihuahua, se realizó el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa. En este contexto se generó un documento, signado por más de 200 personas, con un mensaje a la sociedad y magisterio mexicanos, así como a las autoridades educativas.

Alberto Arnaut, Manuel Gil Antón, Roberto Rodríguez Gómez, Patricio Solís, Imanol Ordorika, Alejandro Márquez Jiménez, Armando Alcántara, Marisol Silva Laya, Mercedes Ruiz Muñoz, Daniel Hidalgo Valdés, Marco Contreras, entre otras, precisan que las modificaciones realizadas sin la participación ni consulta debida a los maestros del país –a quienes se concibe como objetos y no como sujetos, además de que se les estigmatiza–, conllevan a una evaluación de carácter punitivo.

Señalan, asimismo, que “los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. En suma, no se garantiza una evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros”.

Finalmente, los participantes del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa expresan su rechazo a la violencia y administración selectiva de la justicia con fines políticos. “Lo que está en juego es vital para México. No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana”.