Ciudad de México | Desinformémonos. “Más valen unas buenas nalgadas, un buen cintarazo, que me digan lo que quieran los derechos humanos, pero más vale a tiempo, más vale a tiempo, que después se anden desviando”, declaró el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el pasado 29 de octubre, a lo que el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA) calificó como una apología de la violencia, “un bloqueo al trabajo que realizamos organizaciones civiles que nos dedicamos a la prevención y a la atención de la violencia familiar y escolar”.

De acuerdo con los datos del NIMA, de los alrededor de 150 casos individuales y familiares que aparecen en los registros de casos atendidos por la vía jurídica o psicológica entre 2014 y 2016, en 9 de cada 10 se identificó violencia intrafamiliar contra mujeres y niños, quienes además sufrieron dificultades para acceder a la justicia.

Ante las declaraciones de Márquez Márquez sobre la educación de los niños, que además sentenciaron que “desafortunadamente hemos aflojado en esto, ya no pueden ni voltearlosa ver, hoy un maestro no puede llamarles la atención porque van y lo denuncian, a dónde vamos a llegar con todo esto, a una descomposición familiar, a una descomposición de la comunidad, el día de mañana no habrá reglas, no habrá normas que puedan llevar una relación en paz”, el NIMA propuso una serie de medidas que ayudarían a fortalecer las políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra los jóvenes.

Entre las medidas del NIMA destaca la creación de un área especializada en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, sobre la materia establecida en la Ley de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, “que hasta ahora no se han cumplido”.

Por otra parte, denunció que la “Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios”, no se aplica adecuadamente, pues se registraron más de 200 quejas en el estado por la violencia escolar.

Remarcó la importancia y urgencia de exhortar a la PDHEG a que refuerce la atención sobre los niños y jóvenes, de impulsar la creación de todos los sistemas municipales de protección integral, ya que los municipios que no lo han instalado violan la Ley de derechos, así como la evaluación de la implementación de la Ley de Convivencia y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas.