Ciudad de México | Desinformémonos. “No vamos a cambiar ni a negociar nuestra forma de vida”, Santo Domingo Zanatepec y la región son pueblos que producen alimentos “sanos para el mundo”, granos como maíz y ajonjolí, animales y también frutas como mango sandía y melón, con lo que construyen una economía a largo plazo para la comunidad, y por el contrario, “la minera es un proyecto de muerte, que pretende extraer de la comunidad y no dejar nada, por eso, la rechazamos” así lo narró a Desinformémonos, Roberto Gamboa, comunero del lugar.

Habitantes de los 6 ejidos de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, se organizaron para demandar la “cancelación inmediata”, de un proyecto minero concentrado en cinco concesiones que abarcan 30 mil hectáreas del territorio que se encuentran en al menos cinco municipios originarios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, y cuyas implicaciones afectarían el medio ambiente, el abastecimiento del agua, la producción de mangos que desde ahí se exportan, entre otras.

Las cinco concesiones otorgadas entre 2008 y 2013, agregó, están concentradas en las empresas, Canadiense Minaurum y GEO Norte y Maya Minas y Minerales y sus proyectos no fueron informados ni consultados a las y los habitantes, “es hasta ahora que la empresa anuncia una supuesta consulta que ya no es como debería: previa, libre ni informada”, en todo caso, agrega, la consulta sobre el proyecto “ya se ha realizado a nivel agrario y se ha rechazado”, afirmó.

No se trata de un proceso nuevo, detalla, sino que durante tres años, “diferentes organizaciones iniciaron un proceso informativo para dar a conocer en los barrios, las colonias, los núcleos agrarios y ejidos de Zanatepec y otros municipios, sobre el problema que representa el proyecto minero a partir de lo cual hubo un rechazo general”, narra Gamboa.

Abunda que se trata de “un movimiento del pueblo que se representa a sí mismo a través de sus autoridades”, en el que se ha identificado entre las repercusiones, una afectación a la salud de las y los pobladores, impactos ambientales y económicos ya que, explica, la región tiene 30 mil hectáreas, donde se produce mango de exportación que se vería afectado por su cercanía con metales pesados y “no pasaría ya el control de calidad”. Además, explica, que esta producción genera unos 15 mil empleos directos que se duplican en épocas de cosecha.

Por otro lado, dice, las zonas que incluye el proyecto se encuentran en “zonas de recarga”, de agua de los cuatro ríos de la región y que abastecen no sólo a los cinco municipios que integra el proyecto minero, lo cual “afectaría a todos ellos”, explica Roberto.

El proyecto minero en Zanatepec y otros municipios, viola el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha sido “violentado” ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

Como hemos señalado en Desinformémonos, no se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de Atenco, en el Estado de México, y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla así como la llamada “imposición” del proyecto Minero en proyecto minero en Valle de Ocotlán, Oaxaca, también, son algunos ejemplos.

Este caso, también ilustra lo expuesto por más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia en un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

Como en el caso del proyecto minero en Zanatepec, el informe señala, la repetida actuación de las empresas, la nula consulta que las empresas aplican en la comunidad al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constante y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan en su informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones”.

En el caso de Zanatepec, Gamboa explica que no ha habido ningún ataque a quienes defienden la tierra y que las “intensiones de las empresas de dividir, comprar o fracturar a la comunidad”, ha impulsado por el contrario, la “unión y organización de las y los habitantes para defender la tierra de los proyectos de muerte”, puntualiza.

Los informes referidos, pueden consultarse en:

México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf