La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó categóricamente la campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez, ante la denuncia por “engaño al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”.

En cuanto a Álvarez, la CIDH expresó que es inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de la denuncia en su contra, “que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”.

La denuncia establece que: «Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos.»

La CIDH explicó que Emilio Álvarez, en su función de secretario ejecutivo, firmó el acuerdo de cooperación con México en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por otra parte, el acuerdo de asistencia técnica para la investigación del caso de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre del 2014, fue firmado ese mismo año por los representantes de los jóvenes y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes expresaron su consentimiento con la selección de los cinco expertos del GIEI.

Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.

Desde el 6 de septiembre del 2015, los expertos emitieron un informe en el que resaltaron las irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales, y cuestionando la “versión histórica” de la Procuraduría General de la República.

Ante el trabajo del GIEI y el desempeño de Emilio Álverez, la CIDH manifestó su total apoyo contra la campaña de desprestigio que tiene lugar en México, y recalcó que su confianza continuará con los miembros expertos y su secretario ejecutivo.

Foto: José Luis de la Cruz