Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del Programa de protección y Defensa de la organización, llamó al funcionario “a plantear una agenda mínima en la materia para lograr bases mínimas de gobernabilidad y legitimidad, y no una falsa o construida en discursos mediáticos, como pasó con Borge, un discurso a modo a partir de componendas a medios”.

Maldonado añadió que Joaquín González “estaría heredando las prácticas y se le va a complicar la situación si no toma cartas en el asunto, si no se deslinda respecto al pasado en términos políticos, legales y éticos, y ese deslinde sólo viene atacando la impunidad, y haciendo rendir cuentas a quien las tenga que rendir”.

Aseguró que el actual gobierno es el responsable de muchas cosas que fueron cometidas por acción “y ahora corre el riesgo de convertirse en cómplice por omisión si no rinden cuentas de lo que pasó con la prensa durante el borgismo”.

“Ya veremos en los próximos meses se si avanza o si prácticamente estaremos hablando de otro pacto de impunidad”, agregó luego de emplazar al nuevo gobierno a progresar en materia de liberta de expresión en el estado.

Recordó que desde el 2009, por lo menos 90 casos de agresión han sido documentados en la entidad, así como que “a partir de que Roberto Borge fue exhibido públicamente por sus temas de corrupción, después de la elección, dejó de agredir a los comunicadores, pero siempre va a estar latente que se repita, si no hay consecuencias con lo que pasó”.

Artículo 19 dijo que “se tiene que empezar de cero, consultando al gremio para ver si es necesaria o no una ley de protección, porque nació en una etapa en la que los comunicadores estaban indefensos ante la soberbia, la intolerancia y la intransigencia del gobernador Borge, cuando se vivió violencia física contra los periodistas”.

Durante el gobierno de Borge Angulo, también se sufrieron las consecuencias de una violencia institucional que generó los daños físicos y psicológicos en los periodistas, así como hostigamiento y amedrentamiento de compañeros en las redes sociales, señaló.

“El estado tiene que establecer, independientemente de una ley o no, una política integral de protección a periodistas, que puede ser o no con una ley, con capacitación a funcionarios, protocolos, procedimientos en casos de emergencia, y en el caso de la llamada Ley Borge, la de Ordenamiento Cívico, debe ser derogada”, concluyó.