México fue el 2° país más violento del mundo en cuanto al número de muertos en 2016 (23 mil personas) según una reciente investigación de Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (Londres); y este infame lugar no baja: marzo fue el mes con mayor número de homicidios del actual sexenio -y desde 1997- con 2020 asesinatos (Animal Político, 21-4-17); van 31 meses de la “acción genocida” en Iguala y nada de verdad y justicia.

Nuestro país está atravesado, entre otros, por un doble proceso en cuanto a la guerra, que se reproduce y retroalimenta entre sí: crecientes acciones de “aterrorizamiento social” y un permanente “exterminio selectivo y masivo” que no cesa. Toda esta situación construida desde el eje de la impunidad total y el contubernio gobierno-delito organizado-empresariado-fuerzas con armas.

El primer proceso, que veremos expandirse a niveles insospechados, es el de la construcción de acciones que buscan aumentar la “siembra de la inseguridad y el terror” en la población, a partir de trasparentar lo que cada vez más todos sabemos acerca de que la actividad política está subsumida al delito organizado: coches quemados con bombas en mítines electorales, narcomantas amenazantes a candidatos, robos de vehículos oficiales, asaltos a equipos de campaña y ahora ejecuciones por encapuchados-paras nada menos que en la sede del propio PRI en Neza.

Respecto al segundo proceso –el exterminio-, de una gravedad total, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, a través de su delegado Jesús Peña, acaba de declarar que “las desapariciones forzadas en México tienen dimensiones aterradoras”. A su vez, la directora de Amnistía Internacional-México, Tania Reneaum, reafirma este diagnóstico: “La situación de los DDHH en México no ha cambiado desde hace varios años, e incluso se ha enrarecido y empeorado. En el Informe de AI…el número de homicidios durante este sexenio ha aumentado de manera notoria, al igual que el de desaparecidos, ya que hace dos años la cifra era de 22 mil y hoy casi son 30 mil. Pero hay un tema que es cada vez más evidente: la responsabilidad de fuerzas policiales y del Ejército en temas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias” (La Jornada, 2-5-17).

Artículo 19, organización especializada en la violencia hacia periodistas, afirma en su reciente Informe que “La impunidad casi total que encubre a quienes matan y agreden a periodistas en México -99.7% de los casos no llegan a un esclarecimiento, según la FEPADE-, obedece a un patrón de conducta de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la justicia en estos casos” (La Jornada, 18-4-17).

Ante todo este escenario de crecientes “hechos sociales de guerra”, es central preguntarse sobre

¿Qué características de identidad social posee la gente que más es victimada en México?

Recientemente se han dado una serie de asesinatos que, en cierto sentido, nos permiten tener un cuadro más preciso de algunos de los principales “rostros del exterminio selectivo” en México, algo totalmente construido desde el poder en todas sus dimensiones políticas, económicas y sociales.

1-En primer término se encuentran los activistas de la resistencia civil por la defensa del territorio y los DDHH. José Toledo Villalobos, representante común de la resistencia a las altas tarifas de la CFE y la minería en San Pedro Tapanatepec-Chahuites, zona oriente del Istmo de Tehuuantepec en Oaxaca, fue asesinado a golpes en una carretera de su región el pasado 8 de abril.

Benjamín Juárez José, presidente suplente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), fue detenido y torturado con “lujo de violencia en el centro de la ciudad de Matías Romero por policías municipales” (El Universal, 6-4-17), y falleció poco después en la cárcel municipal.

Gordon Strom, ambientalista comunitario estadounidense, acaba de ser asesinado el 5 de mayo en su rancho de El Zapote, Teocelo, Veracruz, con huellas de tortura.

2- Les siguen los periodistas. Filiberto Álvarez Landeros, periodista y locutor de La Señal de Jojutla, Morelos, fue asesinado a tiros saliendo de su programa radial el 29 de abril, en Tlaquiltenango. Dos semana antes en La Paz (BCS), fue también asesinado a balazos en su auto el periodista Maximinio Rodríguez Palacios del Colectivo Pericú, un blog de denuncia ciudadana y noticias sobre corrupción y abusos.

3- Los feminicidios: un proceso social de victimación y violencia hacia el cuerpo e identidad de las mujeres. Lesvy Berlín Osorio Martínez, joven estudiantes de prepa, apareció brutalmente muerta en uno de los “9 puntos peligrosos de CU” (La Jornada, 5-5-17). Es central considerar la campaña inicial de estigmatización y revictimización por parte de la PGJDF, unida a la del aterrorizamiento social por el lugar de la muerte, la UNAM: una de las supuestas últimas islas de paz en el país. Las mujeres y los jóvenes están entre las principales víctimas de la violencia en el país, y sus muertes son parte de un proceso social largo y complejo, que inicia por la impunidad, el abuso de poder, los pre-juicios que se van convirtiendo en estigmas. En la UNAM, según datos de la propia Rectoría y también corroborados por investigaciones que hemos hecho el año pasado con estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, el principal problema de violencia es el “acoso a las estudiantes”.

De ahí que adquieran particular importancia todas las acciones de movilizaciones, campañas y denuncias que realizan colectivos/as, asambleas, grupos de estudiantes, de académicos, de trabajadores y autoridades, porque se está pasando de una situación preventiva a una reactiva ante la creciente violencia nacional que se refleja en la universidad. Particularmente, la reciente campaña “#Si me matan… “, a raíz de los ataques infundados a la dignidad de Lesvy, resulta muy indicativa de la necesidad de hacer un “observable social” el proceso social que alienta y permite la victimación impune de las mujeres.

4- Alejandro Hernández Santos, presidente municipal de San Bartolomé Loxicha, fue asesinado a balazos el 28 de abril en el camino muy cerca de su comunidad. El 24 de abril había sido también asesinado dentro de una escuela el ex_alcalde de Santa María Ozolotepec – al sur de Oaxaca-, Ubaldo López Reyes.

5- Por otro lado, en lo relativo al “exterminio masivo”, en las fosas clandestinas de Jojutla, Morelos, los familiares de víctimas, gracias a su dignísima determinación moral y material, lograron, según cifras de algunas organizaciones (Red Eslabones por los DDHH), que se exhumaran 80 bolsas con restos humanos y hubo 77 hallazgos de personas. Cuando ya se iba a concluir la segunda excavación, la experiencia y radicalidad de estas madres y familiares, obligaron a la autoridad a ampliar la búsqueda en una de las paredes laterales donde aparecieron más cuerpos a la vista. Y quién sabe qué nueva cloaca del poder y la impunidad se va a volver a destapar pronto, apenas existan los permisos para las nuevas excavaciones.

En esta semana también se encontraron 70 cuerpos en fosas clandestinas del municipio de García en Nuevo León. A su vez, del 12 al 22 de mayo se realizará la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas, por 5 ciudades de Coahuila con casi 100 personas de 12 Estados del país y familiares de desaparecidos de Estados Unidos.

Esta lucha ejemplar de los familiares de víctimas, así como la del Dr. José Mireles –ahora en una nueva campaña por su liberación-, nos refuerzan en el sentido que la resistencia civil debe basarse en la construcción de autonomía: hacer nosotros y nosotras lo que la autoridad no hace, partiendo del hecho que ocupan ese espacio de poder porque “lo permitimos” de muchas maneras, al no lograr ejercer un verdadero “control social y político” desde la sociedad. Otro ejemplo, en la misma línea de las madres en las fosas, ahora de Guerrero, es el cierre masivo (boicot) de escuelas y centros de salud en 5 municipios de Tierra Caliente de Guerrero, para presionar al gobierno estatal a que detenga al Tequilero, cuya banda en contubernio total con autoridades, azota la vida de la región.